Columna de Julio Rivera Saniel: Viejos y pobres: pobres viejos

Por Julio Rivera Saniel @riverasaniel

La comisión que evalúa el Proyecto 4900, mejor conocido como el proyecto de la llamada junta de control fiscal, podría ser retomado en el Congreso de Estados Unidos. Su lenguaje final es aún incierto, como incierto es su futuro mismo a la luz del tranque sobre su contenido.

Pero en la antesala de su consideración es preciso no tomar las potenciales consecuencias de la junta de forma liviana, sobre todo aquellas relacionadas con nuestros viejos.

El pasado jueves tuve la oportunidad de comoderar el programa especial de WAPA ¿Qué es la junta? Y si algo quedó claro entonces es que en algunas de las jurisdicciones impactadas por juntas de este tipo han sido los viejos los que se han llevado la peor parte. En Detroit, por ejemplo, las pensiones de los retirados del Gobierno fueron alteradas y reducidas. Y ello debe hacernos levantar bandera roja, por cuanto una reducción del tipo que sea en los ingresos de nuestros viejos tendrá como consecuencia su empobrecimiento. Ese proceso ya ha comenzado. Según datos presentados por la organización de apoyo a los llamados adultos mayores, AARP, la pérdida de riqueza entre nuestros viejos no hace sino avanzar año tras año acercando a este renglón de la población a los niveles de pobreza. Se trata, según esta organización, de cerca de 150 mil personas que hoy aportan $300 millones anuales a nuestra economía y que dependen exclusivamente del ingreso que supone su pensión.

En promedio, los pensionados reciben $1,019 mensuales (un poco más, un poco menos, dependiendo del caso). Con ese ingreso no solo deben procurar su sustento, cubrir todos sus gastos mensuales, medicamentos e imprevistos. En ocasiones, según ha evidenciado el Departamento de la Familia y organizaciones como la propia AARP, el chequecito mensual de pensión debe ser utilizado para criar nietos o sustentar económicamente a sus hijos. Así lo reveló la “Encuesta de la comunidad del Negociado del Censo”, que reveló que en el comienzo de la década de 2010 Puerto Rico tenía unos 56,214 abuelos que eran responsables por nietos menores de 18 años. De ese total, el 40 % tenía 60 años o más.

Teniendo estos datos por delante, ¿se ha puesto a pensar usted qué pasaría si una potencial junta de control fiscal decide reducir el cheque de pensión? ¿Pueden nuestros viejos sostenerse (o sostener a otros) con ingresos reducidos? El director de AARP para Puerto Rico, José Acarón, advirtió en ¿Qué es la junta? que una potencial reducción de la pensión tendrá alcances insospechados en el maltrecho sistema de salud del Gobierno. Deténgase y piénselo. Si se baja la pensión y nuestros viejos no pueden cubrir su aportación al Medicare Advantage, entonces los afectados tendrán que pedir cobijo bajo la tarjetita de salud, la misma que opera con déficits que rondan los 400 millones anuales y que, según expertos, insiste en un modelo que le hará colapsar.

¿Podrá la isla aguantar ese golpe? ¿Cómo una medida como esa tendrá la virtud de “poner la casa en orden”? Es preciso que nos sentemos todos a pensar sobre las consecuencias que una acción como esta podría acarrear. Pero el problema con nuestros viejos no se limita a una potencial junta y una hipotética reducción de las pensiones. Está en que el sistema de retiro del Gobierno central está herido de muerte y que su vida útil no superará el año 2019. Como ha sido la norma de nuestros gobiernos, ese ha sido otro de esos asuntos que ha sido mejor barrer debajo de la alfombra. Solo que, como en el caso de la deuda, debajo de la alfombra ya no cabe más y se acerca peligrosamente el momento de una limpieza profunda.
 

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