Columna de Hiram Guadalupe: Colonia al desnudo

Por años, la inmensa mayoría de los militantes y seguidores del Partido Popular Democrático (PPD) han manoseado las frases pacto bilateral y lo mejor de dos mundos para aludir a las alegadas ventajas políticas y económicas que ofrece el Estado Libre Asociado (ELA) como la fórmula de estatus que —dicen— resulta más conveniente para las y los puertorriqueños.

Sus elogios al ELA se acompañan de ataques virulentos contra quienes han advertido las limitaciones de ese ordenamiento político, que en pleno siglo XXI mantiene a la isla sujeta a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos.

Esos populares, además, se han distinguido por rechazar con encono la palabra colonia; niegan que seamos un territorio estadounidense no incorporado, y alegan que en nuestro país, bajo el cobijo de la Constitución que da origen al ELA, existe soberanía política para administrar el gobierno y autonomía fiscal para disponer del presupuesto del Estado.

Este sector del Pepedé también suele ser mordaz contra quienes critican las desventajas y limitaciones del ELA, amén de ser insidiosos contra el independentismo, al extremo de haber sido la fuerza represiva más dura contra los movimientos de liberación nacional entre 1940 a 1960, prohibiendo el uso de la bandera nacional hasta 1952, imponiendo una ley de mordaza en 1948 y conspirando por muchos años con prácticas persecutorias.

Los populares, aunque no les guste escucharlo, llevan grabado en la piel un largo historial de represión política del que no han mostrado arrepentimiento, por lo que basta repasar la investigación del abogado y periodista Nelson Denis, “Guerra contra todos los puertorriqueños”, para percatarse de las artimañas antiindependentistas del Pepedé en contubernio con el Gobierno de Estados Unidos.

Cierto es que el PPD no es una colectividad homogénea, lo que amerita hacer distinciones. Al interior de ese partido también coexiste un sector que, tras reconocer los problemas coloniales del país, impulsa entre contradicciones la opción soberanista como alternativa de estatus y, en sus estrategias, han procurado alianzas con otros grupos a favor de procesos de autodeterminación.

Sin embargo, ese grupo, que ha sido liderado en el pasado por figuras importantes de la política puertorriqueña, algunas de ellas ya fenecidas, ha limitado su fuerza y proyección nacional al insistir permanecer dentro de las filas del Pepedé confiados en “transformarlo”.

Al parecer, impulsar candidaturas electorales bajo la nostálgica insignia de la vieja pava que representa el partido fundado por Luis Muñoz Marín es más persuasivo y seductor que optar por construir una nueva fuerza que asuma la opción de la soberanía en una nueva ruta.

Ese apego a la institución del PPD les resta credibilidad a quienes proponen una nueva alternativa para resolver el dilema colonial del país, al tratarse de un organismo político que, al paso de las últimas décadas, ha venido al desprestigio como consecuencia de sus malas políticas públicas, su inmovilidad en asuntos de estatus, su incapacidad de gobernar, su endeble liderato, su apego a sectores poderosos del capital foráneo y sus vínculos con casos de corrupción pública.

El ELA, al que viven aferrados tanto populares conservadores, de centro y hasta los denominados soberanistas, ha sido descuartizado en el Congreso de Estados Unidos, donde republicanos y demócratas han reafirmado la autoridad plena que posee el Gobierno de su nación para determinar los asuntos públicos del Gobierno puertorriqueño sin tener, ni siquiera, que consultar.

En este momento histórico, el ELA ha quedado descarnado y con tal desnudez se invalida el viejo discurso estadolibrista que ha pretendido engañar al país con consignas publicitarias huecas que han pretendido vendernos la idea de que vivimos en “lo mejor de dos mundos”, porque entre la metrópoli y la colonia existe un “pacto bilateral”.