Columna de Julio Rivera Saniel: ¿Para cuándo lo dejamos?

Por Julio Rivera Saniel @riverasaniel

Es un esfuerzo extenuante y cargado de frustración. Inténtelo. Sentarse a pensar sobre este presente cargado de incertidumbre y las alternativas para superarlo es un proceso doloroso para cualquiera que tenga al país como prioridad, sobre todo porque, cuando el asunto es evaluado fríamente, no podemos hacer otra cosa que concluir que nos lo buscamos, que no hicimos a tiempo lo que debíamos haber hecho. Y no por falta de advertencias. Sí por un exceso de dejadez y esa politiquería criolla que nos mueve a votar por partidos y no por individuos y propuestas.

Durante años, múltiples expertos, economistas, miembros de la sociedad y académicos habían anticipado este presente que hoy parece tomar a muchos por sorpresa. Advertían que, para evitar llegar a donde estamos, era preciso tomar pasos contundentes, algunos dolorosos y muchos sin duda antipáticos. Pero nadie los tomó. Hoy, mientras aguardamos por conocer si se impondrá o no una junta de control fiscal, o de supervisión, o se reestructura la deuda, o pagamos un poco, o caemos en el impago, o nos vamos por el hoyo negro de la total insolvencia, me parece preciso retomar algunos elementos de esa receta algo añeja y ampliamente ignorada que ya no logrará prevenir el caos, pero tal vez nos guiará a una salida menos retrasada del túnel de esta crisis.

El primero de esos ingredientes es la reducción de gastos en las agencias. La Ley 66, firmada el 17 de junio de 2014, establecía un periodo de emergencia fiscal como consecuencia de la degradación de los bonos del país. El estatuto exigía a las agencias de gobierno una reducción en sus gastos para procurar un ahorro presupuestario, sobre todo en las áreas de servicios profesionales y contratos. De igual forma, la ley exigía reducciones específicas de un 10 % en los renglones que antes les describo.

Pero, a un año de su firma, menos de 20 agencias cumplieron con la ley y entregaron los informes que confirman la reducción en sus gastos. Dicho de otra forma, más de 100 entidades de gobierno se pasaron la ley por donde no pasa el sol. Y eso ha tenido consecuencias. Pero, en lugar de hacer cumplir a los jefes de agencias y tomar acciones disciplinarias contra quienes no cumplieron, la violación a la ley pasó sin pena ni gloria. ¿Por qué tomar tan livianamente el cumplimiento de esa ley si partía de la premisa de una emergencia fiscal? ¿Por qué los jefes de agencia que violaron la ley siguieron en sus puestos? ¿Alguien se propone hacer que se cumpla la ley o la dejamos de adorno como muchas otras que se han convertido en letra muerta?

Otra de las recomendaciones históricas llegan desde la academia. Tal vez la más insistente ha sido la reingeniería del Gobierno. Hacer las cosas de manera distinta y eficiente. La UPR ha reiterado en múltiples informes la necesidad de eliminar o fusionar agencias y corporaciones con labores redundantes. Y, aunque ha habido iniciativas, los expertos insisten en que han sido tímidas. Lo mismo ha sucedido con la idea de fusionar municipios para labores administrativas. Ambas ideas han sido toreadas desde la inacción. Con la lógica consecuencia de una falta de reducción en los gastos del Gobierno. ¿Por qué si sabemos que debe hacerse no se hace? ¿Para cuándo lo dejamos?

Y la receta para la eficiencia añadía otros elementos. En el informe “Reforma gubernamental”, del RUM, se propone elevar a rango constitucional el principio del mérito en sustitución del amiguismo y el activismo político como pases expreso a empleos en el Gobierno. Otra recomendación ignorada, como otras tantas que nos hacen concluir que el Gobierno no funciona porque quienes lo han dirigido no quieren que funcione. O, lo que es peor, por no atreverse a hacer lo que hay que hacer. ¿Para cuándo dejamos la agenda de implantación de estas medidas? ¿O es que aguardamos por un milagro?

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