Columna de Hiram Guadalupe: Paso tímido, pero necesario

Por Hiram Guadalupe @hiramgp

Superar la crisis económica y fiscal que nos abriga implica, ante todo, tener voluntad política para enfrentarse a los bonistas y exigir una reestructuración de la deuda en términos que sean aceptables y justos para el país.

Para esto hace falta más que una ley de moratoria. Es necesario, en tanto, colocarse en posición firme y hacer una declaración frontal de impago; una acción que, sin dudas, obligaría a los acreedores a sentarse en una mesa de negociación no con el propósito de refinanciar los pagos de la deuda, sino reestructurarla.

Para este objetivo, además, es imperativo realizar una auditoría de los $70,000 millones en deuda pública acumulados por las pasadas décadas. No podemos concebir un proceso de renegociación sin que los representantes del Gobierno y la ciudadanía en general conozcan al detalle los pormenores de la deuda pendiente, sus términos y las circunstancias en que se tomó prestado.

Economistas aseguran que una auditoría bien hecha develaría las artimañas de muchos acreedores, quienes, aprovechándose de la fragilidad de las finanzas públicas del país, compraron bonos del Gobierno a precios ridículos y en circunstancias que levantan sospechas de ilegitimidad.

De ser así, el monto de la deuda sería menor a la señalada y aumentarían las alternativas del Gobierno para fijar un plan responsable que encauce el país hacia la ruta del desarrollo económico.

Varios de los elementos señalados no están contemplados en la agenda propuesta por el gobernador Alejandro García Padilla al aprobar la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico. Aun así, hay que destacar que la iniciativa es buena, aunque insuficiente y tardía.

Fijar como premisa central que toda acción gubernamental, en tiempos de crisis, debe ir dirigida a proteger el interés público por encima de los intereses de los bonistas es, más que loable, valeroso.
Ahora sí, por las próximas semanas resta observar cómo se desempeñarán los funcionarios a cargo de las conversaciones con los bonistas y ver si la amenaza de moratoria será la mejor estrategia para alcanzar una buena negociación.

También hay que estar alerta para fiscalizar el Gobierno en el ejercicio de su discreción en torno a dónde se colocan los escasos recursos fiscales del Estado, a los que ahora se suman los dineros que se querían destinar para pagar los bonos.

En ese sentido, es pertinente que las prioridades que se establezcan dirijan fondos para cumplir con los servicios educativos, encabezando la lista con las terapias que reciben las y los estudiantes del Programa de Educación Especial, así como los servicios de transporte escolar, proyectos de educación alternativa y hasta la devolución total de las remesas que se adeuda a la Universidad de Puerto Rico.
La lista de prioridades no puede obviar áreas de salud, seguridad y el pago a los suplidores puertorriqueños, que son, en su mayoría, pequeños y medianos empresarios nacionales cuyas ganancias se quedan en la isla, pagan impuestos, generan miles de empleos directos y aportan al desarrollo económico.

Tras la aprobación de la moratoria, hay que presentar al país un plan coherente, claro y transparente que detalle las acciones que emprenderá el Gobierno por los próximos meses, definiendo a quién se le debe qué y cuánto, al tiempo que se precise cómo se cumplirá con la promesa de que los servicios esenciales del pueblo no se afectarán.

Asimismo, tiene que crearse un mecanismo de reestructuración de la deuda pública para procurar que las negociaciones con los acreedores produzcan recortes significativos al principal de lo adeudado y, a su vez, evitar las improvisaciones que pudieran repercutir en que los negociadores del Gobierno se rindan ante la primera oferta que reciban.

Si algo está claro es que la deuda, tal y como está, es impagable y que los recursos del Estado no pueden dirigirse a los bolsillos de los bonistas en menoscabo del bienestar de nuestra ciudadanía.

El país antes que la deuda. Ese debe ser el mantra que conduzca cualquier movimiento del Gobierno.

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