Columna de Hiram Guadalupe: Esclavitud colonial

Quienes se han jactado en defender el Estado Libre Asociado colonial, presumiendo gozar de una alegada autonomía fiscal y vanagloriándose de la existencia de una constitución que permite elegir políticos de turno cada cuatro años para administrar el país, se encuentran ante el último tramo de su muerte.

La ecuación es simple. Ante la crisis fiscal que enfrentamos, con un gobierno inepto que no ha sido capaz tan siquiera de producir un informe auditado de la deuda pública y en una movida dirigida a proteger los intereses de los bonistas, representantes del gobierno estadounidense han decido ejercer los poderes plenarios que tienen sobre Puerto Rico nombrando una Junta de Supervisión Fiscal.

Esta medida antidemocrática reducirá al mínimo el alcance de los políticos electos en la isla para encargarse de la gestión gubernamental. A partir de la Junta, de aprobarse tal y como se presentará esta semana ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, la agenda de quienes gobernarán el país se dirigirá a imponer un régimen de austeridad en el gasto público para concentrar recursos en pagarle a bonitas y acreedores.

Bajo este nuevo ordenamiento, el gobernador de la colonia se convierte en un simple observador de las directrices que impartirán sus amos, al igual que ocurrirá con los legisladores. Ningún político electo en el país tendrá autoridad para oponerse a aumentos de impuestos ni a la eliminación de leyes laborales, como tampoco podrán ruñir cuando se impongan recortes sustanciales a la educación, la salud y la seguridad.

La Junta, resultado del diseño que ha trazado el sector republicano neoliberal, detallará el uso de nuestro presupuesto por encima de la acción legislativa nacional, con implicaciones directas en los recursos que se destinarán a áreas de interés social repercutiendo, entre otras cosas, contra los sistemas de pensiones de empleados públicos.

Lo que se asoma es la instauración de un régimen dictatorial. Una nueva forma de esclavitud colonial cuyo objetivo es salvaguardar los intereses de quienes han convertido la isla en un botín de ganancias perpetuas, ya sea mediante la usurpación de nuestras riquezas, la expatriación de las ganancias de las industrias extranjeras que operan en la isla o mediante la compra de los activos –bonos– del gobierno. 

La inminente creación de la Junta cristaliza, una vez más, la crudeza de nuestra historia colonial. Estados Unidos domina todos los órdenes de nuestra vida como pueblo y ha sido su gobierno, en contubernio con los políticos colonialistas que han dirigido los destinos del país en las pasadas seis décadas, quienes nos han llevado al estado de situación en el que nos encontramos.

Los estadounidenses también son responsables de nuestra debacle. Mas como suele ocurrir entre la metrópoli y sus colonias, ellos, los que realmente mandan, no asumirán su parte del adeudo.

Entonces, en medio de toda esta vorágine llega el momento de tomar decisiones. Está claro que el ELA no responde a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. Bajo este estatuto no podemos articular un plan de reestructuración de nuestra deuda pública y mucho menos trazar medidas para impulsar nuestro desarrollo económico.

Estipulado el fracaso del ELA, la salida está en la búsqueda de opciones políticas que permitan darle un nuevo impulso a nuestra economía y nos faciliten, como país, tomar decisiones prudentes sobre nuestro futuro colectivo, incluyendo cómo abordar la deuda y tratar nuestra crisis
presupuestaria y financiera.

No basta con reclamar que nos oponemos a la opresión que representa la imposición de la Junta federal. Hay que
ir más lejos.

El colonialismo está al descubierto y tenemos que trabajar para resolver el verdadero problema del país, su indefinición política porque pretender disociar la discusión económica del asunto colonial es un acto de deshonestidad intolerable.

Por eso, el político que se lance al ruedo en este proceso electoral, sin importar el partido o grupo que pertenezca, tiene que tener una agenda clara de descolonización con propuestas definidas, sin titubeos ni paños tibios. Quien no lo tenga claro, que se quite.