Columna de Julio Rivera Saniel: 20 millones por el chorro

Por Julio Rivera Saniel @riverasaniel

Mientras nos ocupamos de la contienda electoral local —o la de Estados Unidos—, el futuro de la ley seca o el caso de Lorenzo, es preciso que no perdamos de vista varios procesos en curso que van a la médula de la respuesta a esa pregunta común sobre la salud de nuestras finanzas: ¿a dónde ha ido a parar el dinero del país?

La respuesta, en más de una ocasión, es “a la corrupción y el mal uso de fondos”. Instancias en las que el dinero del país —y por consecuencia suyo y mío— se ha ido por el chorro de la corrupción, la falta de controles y el mal manejo del capital público.

Un caso que no debe escapar al escrutinio general es el del millonario desembolso de fondos públicos para la compra de terrenos privados que formarían parte del plan de conservación del Corredor Ecológico del Noreste. Para que tenga una idea y según la información divulgada en las vistas públicas que sobre el tema lleva a cabo el Senado, los terrenos adquiridos en agosto de 2007, diciembre de 2008, junio de 2010 y mayo de 2013 habrían sido pagados por el Gobierno a sobretasación. Terrenos calificados como humedales y que, por definición, no pueden ser desarrollados para uso hotelero, fueron comprados por el gobierno por precios exorbitantes. Según los investigadores de la comisión, esos terrenos que al año 2000 estaban valorados en $1,000 por cuerda, fueron pagados en el año 2010 en aproximadamente $70 mil por cuerda cuerda.

Los terrenos firmes, que podrían estar sujetos a mayor aprovechamiento, en el año 2000 estaban valorados en entre $15 a $25 mil por cuerda. Pero el Gobierno aceptó tasaciones que le hicieron pagar a razón de cerca de $70 mil por cuerda.  De igual manera, en el 2013, el Gobierno pagó terrenos con esas mismas características en más de $90 mil por cuerda. En definitiva, según me aseguraba el representante de PNP en la comisión senatorial, Larry Seilhamer, el Gobierno habría pagado más de $20 millones y, claro está, con fondos públicos que fueron a beneficiar arcas privadas.

Por ello los investigadores evalúan la posibilidad de que la razón de pagar en exceso fue el hecho que los beneficiados aportan a las campañas políticas de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista. ¿Es la aparente sobrecompensación el resultado de una ordinaria casualidad o supone otra confirmación del daño del inversionismo político a las arcas del Estado?  ¿Sabe usted cuánto se puede hacer con $20 millones en un país perturbado por la crisis económica? Las vistas públicas ya se han realizado así que ahora las partes aguardan porque el presiente de la comisión, Cirilo Tirado, rinda el informe final. En cualquier caso, sobran las preguntas y se exijen respuestas. ¡A contestar y rendir cuentas!

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