Columna de Hiram Guadalupe: Atentado democrático

Por Hiram Guadalupe @hiramgp

En noviembre de 2014, senadores de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) impulsaron y aprobaron nuevas enmiendas al Código Electoral y a la Ley del Contralor Electoral, contenidas en los proyectos 1253 y 1254, adornados del pretexto de limitar el acceso a fondos públicos para financiar campañas y acortar el periodo de elecciones.

La intención legislativa se proyectó como una gesta contra las trampas que encierran los procesos electorales, en particular lo relacionado con el financiamiento de políticos, al tiempo que establecían nuevos límites al acceso de fondos públicos para subsidiar campañas.

En tiempos de estrechez económica, el anuncio repiqueteaba con armonía en los oídos del país. Nadie, en sano juicio, podía oponerse al intento de frenar el desembolso de dineros del erario para los partidos políticos.

Pero la mal llamada reforma electoral de 2014, endosada también por la delegación pepedé en la Cámara de Representantes y firmada por el gobernador, ocultaba la armadura estratégica de obstaculizar el arribo de nuevas fuerzas políticas al ruedo electoral, sean estas partidos o candidaturas independientes.

Entre las nuevas limitaciones contenidas en la “reforma” está el aumento del número de endosos requeridos a candidatos independientes y partidos de nuevo cuño, tema que ha sido objeto de discusión pública en las últimas semanas luego que el doctor José Vargas Vidot y el movimiento de concertación Vamos presentaran ante el tribunal sendas demandas reclamando que tales disposiciones violentan derechos democráticos.

Tras la intervención del nuevo presidente del pepedé, David Bernier, el Senado se movió a enmendar la ley para equiparar los endosos requeridos para candidatos independientes con los solicitados a los miembros de los partidos. Antes, el comisionado electoral del PPD actuó cónsono con el reclamo de su jefe político.

Sin embargo, fue penoso escuchar las justificaciones que ofreció el liderato legislativo del PPD al proponer este nuevo cambio. Las simulaciones de un discurso democrático se apoderaron de muchos de ellos y hasta parecía que enmendaban una medida nociva aprobada por sus opositores del Partido Nuevo Progresista.

Pero no era así. Aunque es plausible la movida senatorial para proteger el derecho de inscripción de candidatos independientes al proceso electoral en igual condición que representantes de los partidos, lo cierto es que las reformas impulsadas y aprobadas por el Pepedé en 2014 contienen un atentado mayor a la participación democrática y de eso nadie está hablando.

Más allá de las fullerías empleadas para impedir la inscripción de partidos y candidatos, las enmiendas decretadas hace más de un año se dirigieron a perpetuar el modelo electoral que ha dominado la escena política en las últimas décadas. ¿Cómo? Sencillo.

Primero, estableciendo nuevas disposiciones para el financiamiento de los partidos alentando el inversionismo político. Hoy día acceder a fondos públicos para campañas y para el financiamiento de la operación de partidos requiere que se haya recaudado previamente cientos de miles de dólares.
La ecuación pudiera parecer simpática en tiempos de crisis, mas la implicación es que solo aquella fuerza política que tenga capacidad de recaudar dineros de manos privadas tendrá acceso a los dineros disponibles en la Comisión Estatal de Elecciones. Mas que frenar la inversión privada, causa de la inmensa mayoría de los problemas de corrupción gubernamental, esa medida la alienta.

Además, las nuevas enmiendas limitaron la representación política en las Juntas de InscripciónPermanente solo para tres partidos, lo que quiere decir que no todas las colectividades inscritas para participar en la contienda electoral tendrán funcionarios en esos foros, como es el caso del Partido del Pueblo Trabajador y lo será para cualquier otro candidato que participe en la carrera por la gobernación.

Esas desigualdades también deberían ocupar la agenda de quienes hoy, presionados por la presión pública, fingen defender la participación democrática electoral. El mismo sayo les cae a comentaristas radiales y medios informativos que han pasado por alto el riesgo que conlleva perpetuar un modelo electoral que obstaculiza la participación de quienes desean aportar al país fuera de las maquinarias partidistas tradicionales.

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