Columna de Rafael Lenín López: De vedas y vedados

Hace siete días, con el comienzo del 2016, entró en vigor la veda electoral. Ello supone que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tiene que pasar juicio sobre toda la propaganda gubernamental para evitar que los funcionarios en el poder, llámense gobernador, legisladores o alcaldes, adelanten sus agendas electorales con fondos públicos.

Esta semana estuve por la CEE y comprobé que el proceso sigue siendo muy arcaico. No están a la altura de los tiempos y de la tecnología disponible, por lo que, anticipo muchas violaciones a la ley que de seguro —como otras tantas cosas¬— quedarán impunes y es difícil de entender por qué.  Sabemos que hay un problema de dinero en el Gobierno, pero resulta increíble que entidades como la CEE aparenten siempre estar dejando todo para última hora.

Por ejemplo, sobre el escrutinio electrónico que se pondrá en funciones para los eventos electorales de este año, el país conoce muy poco del proceso, más allá de lo que hemos escuchado de los competidores de la empresa contratada para administrarlo cuestionando los costos exagerados que representa la transacción realizada. Tan siquiera hemos visto las maquinitas, sus niveles de seguridad y apenas están definiendo cómo serán las papeletas. 

El pasado 30 de diciembre culminó el proceso de radicación de candidaturas. Ahora, la mayoría de los aspirantes deberán completar, al 15 de febrero, la cantidad de endosos que le aplique a cada cual, como muestra de que cuentan con un mínimo de apoyo de la ciudadanía para que así tengan permiso de seguir participando del proceso eleccionario. Aunque me parece lógico ese requerimiento, el papeleo que conlleva eso luce ser prehistórico. Además, como ya hemos visto en el pasado, ese requisito se presta para que los grandes, los que manejan la llamada partidocracia, torpedeen y desalienten aspiraciones meritorias y necesitadas en estos momentos que vive el país. Ese proceso de levantamiento de endosos tiene que cambiar sin que se elimine la intención de ese requisito.

Otro renglón que sigue estando a la merced de los traqueteos es el de las recaudaciones de fondos. Nuestro sistema legal evita mayores prohibiciones al modus operandi de los donativos, pero estoy bajo la impresión de que la CEE y sus organismos hermanos como el Contralor Electoral pueden hacer mucho más para eliminar la corrupción. Claro, si existiera verdadera voluntad para ello. Mientras tanto, no hay nada que despinte el inversionismo político. Si estuviéramos ante una verdadera voluntad para eliminarlo, ¿por qué los donantes grandes de los candidatos no se comprometen a que no solicitarán contratos con el Gobierno si su favorito obtiene el poder? ¿Por qué los candidatos no piden esa promesa? Sencillo, porque los donativos grandes se hacen con la expectativa de que picarán del bizcocho que representa el presupuesto público.

Y hablemos de la famosa veda electoral.  Aun cuando se sabía que la veda comenzaría el 1.o de enero, en el Gobierno a muchos les pareció coger de imprevisto. Los portales cibernéticos de La Fortaleza, la Cámara de Representantes y del Departamento de Desarrollo Económico fueron cerrados esta semana ya que sus contenidos no habían sido aprobados por la CEE. La Junta Examinadora de Anuncios de la CEE comenzó a operar el 10 de diciembre y desde entonces han recibido casi cuatro mil piezas de propaganda oficialista para su aprobación. Me dicen que el proceso es lento, antiguo y que el ataponamiento de casos ante ese organismo es inmenso. Mientras tanto, hemos visto cómo, a través de las plataformas digitales y las redes sociales, la propaganda sigue sin un mínimo de escrutinio. ¿Tendrá la CEE la capacidad de fiscalizar cada post que hace un funcionario en una cuenta oficial de Gobierno donde cuelan mensajes proselitistas? No luce.

Si la Comisión Estatal de Elecciones quiere justificar al país su operación multimillonaria durante los tres años del cuatrienio en los que no hay eventos electorales que organizar, deben ponerse para su número y llegar al año electoral listos para ofrecer plena confianza a la gente de que realizarán un trabajo del cual estemos seguros de que los votos se contarán de acuerdo a cómo se emiten. Si no, somos los electores los vedados de tener un aparato electoral dinámico y seguro.

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