"Represión, tortura y agresiones sexuales" entre otros crímenes.
Han pasado ocho meses desde que empezó la última ola de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, y la crisis no parece calmarse.
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Las manifestaciones ya han dejado al menos 325 muertos y cientos de heridos y detenidos.
Por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del propio gobierno de Nicaragua, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) inició una investigación hace seis meses para esclarecer las primeras muertes. El grupo presentó un informe este viernes, dos días después de ser expulsado del país por las autoridades nicaragüenses.
El reporte se enfoca en los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. En este periodo, el GIEI cuenta 109 muertes (95 por armas de fuego), más de 1.400 heridos y más de 690 detenidos.
En el documento, el GIEI responsabiliza de la mayoría de los decesos a la represión del estado y de grupos paraestatales, y acusa al estado de Nicaragua de cometer actos que deben considerarse "crímenes de lesa humanidad".
Las manifestaciones empezaron luego de que el gobierno aprobara una reforma del sistema de pensiones.
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Pero cuando desechó la ley, las protestas continuaron con la exigencia de que Ortega abandone el gobierno.
Durante su investigación, el GIEI tuvo "contacto directo con las víctimas, testigos presenciales de los hechos de violencia, con las familias afectadas, organizaciones de derechos humanos y con expertos internacionales", dice el resumen ejecutivo.
Además, el grupo revisó y analizó más de 10 mil archivos audiovisuales.
Aquí algunas de sus principales conclusiones.
Armas de guerra
El GIEI asegura que el día que empezaron, el 18 de abril, las protestas fueron reprimidas por una "modalidad de violencia habitual", que consiste en valerse de "grupos de choque afines al gobierno, que agreden a los manifestantes".
Luego siguió "una etapa represiva de mayor intensidad", dice el informe del GIEI, "que implicó, como patrón general, el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, el uso armas de fuego, entre ellas armas de guerra (contra los manifestantes)".
El gobierno nicaragüense dice que las protestas fueron un intento de golpe de Estado.
Coordinación de la policía
Según el reporte, "la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la policía cuyos efectivos actuaron directamente y de manera coordinada con grupos armados paraestatales".
La policía y las alcaldías estaban articuladas con los grupos de choque "paramilitares o parapoliciales" y la represión de las manifestaciones fue coordinada entre la policía y los grupos armados paraestatales, sostiene el GIEI.
"Este nivel de articulación entre las distintas área de la policía nacional solo se puede explicar por una decisión de las máximas autoridades, por lo que el GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad del presidente Daniel Ortega (y de otros funcionarios)", dice el informe.
El documento también denuncia "condiciones inhumanas de detención en centros de reclusión policiales y penitenciarios", así como "diversas formas de tortura y agresiones sexuales que merecerán ser investigados cuando existan condiciones institucionales adecuadas".
Crímenes de lesa humanidad
El GIEI considera que la respuesta del estado a las protestas fue "un ataque generalizado y sistemático contra la población civil".
"Se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del estado", sostiene el grupo.
"Para el GIEI, el estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución", denuncia.
Sobre el Ministerio Público y Poder Judicial, el GIEI dice que "criminalizaron" a los ciudadanos que participaron en las protestas y les aplicaron "órdenes de detención arbitrarias".
Para evitar la impunidad, el GIEI recomienda "a los estados miembros del sistema regional (OEA) e internacional (ONU) que investiguen, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación de cada país".
El grupo también sugiere "disolver y desarmar inmediatamente los grupos armados paraestatales" y "depurar la institución policial (…) y el sistema de justicia de aquellos jueces que vulneraron el debido proceso o no cumplieron con mantener su independencia del poder político".
El GIEI reconoce que "si bien las manifestaciones fueron esencialmente pacíficas, su represión por la policía y grupos progubernamentales provocó una respuesta violenta de parte de algunos manifestantes en contra del gobierno".
Esta reacción "se tradujo en muertes, lesiones y ataques a la propiedad privada", dice, y aclara que los actos violentos de los manifestantes "se dieron invariablemente en escenarios represivos o cuando las universidades tomadas intentaban ser desalojadas o se despejaban los tranques".
Pero el GIEI "no encontró evidencia de que estos actos violentos fueran planificados o coordinados".
Informe "sesgado"
El miércoles, en vísperas de la presentación del informe, el gobierno de Nicaragua ordenó la "suspensión temporal" de la presencia del GIEI y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) en el país.
En una carta a Luis Almagro, secretario general de la OEA, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, criticó el trabajo de las misiones de la CIDH en la investigación de las protestas ocurridas entre abril y mayo.
Señaló que hubo "falta de imparcialidad y objetividad" en las pesquisas, así como "sesgo" en un informe preliminar sobre lo ocurrido.
También acusó al Meseni y al GIEI de no investigar suficientemente las muertes de policías cometidas, según el canciller, por los "golpistas".
"Estos procesos se han caracterizado por una actitud injerencista, intervencionista, haciéndose eco de las políticas del gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Nicaragua", señaló Moncada.
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