La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció al Estado mexicano tras encontrarlo responsable de "violencia sexual, violación y tortura" contra 11 mujeres en el caso Atenco, ocurrido en el Estado de México durante los días 3 y 4 de mayo de 2006.
Esos días, policías municipales de Texcoco, de San Salvador de Atenco, de la policía del Estado de México y de la Policía Federal reprimieron brutalmente las manifestaciones de los pobladores.
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Atenco es uno de los casos más emblemáticos de la represión de la protesta en México.
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En el operativo fueron detenidas arbitrariamente las 11 mujeres que denunciaron ante la CorteIDH.
"Durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social "Santiaguito" fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas", explica el comunicado de la CorteIDH.
Las víctimas también sufrieron un trato denigrante por los primeros médicos que las atendieron, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar la violación sexual.
En un comunicado conjunto, las 11 mujeres aseguraron que "esta sentencia debe ser un detonador de justicia y de garantía de no repetición".
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Dicen que durante más de 12 años han denunciado la tortura sexual y el abuso de la fuerza por parte de quienes deberían velar por su seguridad.
La represión en Atenco se produjo en 2006, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
Las mujeres piden al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplir con la sentencia.
BBC Mundo entrevistó en agosto a algunas de las víctimas.
"Fui torturada sexualmente por muchos policías. No es posible saber cuántos: me habían tapado la cara con mi propio suéter", contó una de ellas.
De los distintos procesos penales que se iniciaron para investigar el caso "ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución", informó la CorteIDH.
Las torturas fueron utilizadas como una "estrategia de control, dominio e imposición de poder", lo cual aumenta la gravedad de las violaciones cometidas, dice el comunicado.
México reconoce los abusos
Durante el proceso en la CorteIDH, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por haber usado violencia física psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura a las 11 mujeres.
También por no haber proporcionado la atención médica adecuada. Además, admitió su deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer.
BBC Mundo se comunicó con la Secretaría de Gobernación, pero hasta el momento no se han posicionado sobre la sentencia.
México está obligado a cumplir con las medidas de reparación que pide la CorteIDH.
Indemnización e investigación
Entre ellas están: continuar e iniciar nuevas investigaciones para encontrar y sancionar a los responsables, así como indemnizar y brindar tratamiento médico y psicológico a las victimas.
El Estado mexicano también tendrá que realizar un acto público en el que reconozca la responsabilidad y pida disculpas por el caso Atenco.
Además, deberá monitorear el uso de la fuerza de la policía federal y del Estado de México. Así como elaborar un plan para dar seguimiento a los casos de tortura sexual.
Organizaciones de Derechos Humanos, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) calificaron la sentencia como "histórica".
"Da la razón a las 11 mujeres de que estos actos de violencia no fueron aislados ni descontrolados de unos policías, sino que formaron un patrón de todo el operativo y que reflejó la participación de una cadena de mando de superiores ya sea por acción u omisión, que no intervinieron para poner fin a los abusos", explica a BBC Mundo Stephanie Brewer, del Centro Prodh, que representa a las víctimas.
Esta sentencia "da al Estado la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso de Atenco y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a derechos humanos en otros contextos. El cumplimiento cabal y pronto de la sentencia será una clara muestra del compromiso del nuevo gobierno", dicen las organizaciones en un comunicado conjunto.
Además, llega en un momento crucial, pues el gobierno ha anunciado creación de una Guardia Nacional militarizada.
Esta sentencia obliga a México a revisar esta ley a la luz de los estándares fijados por la CorteIDH, que "refuerzan la perspectiva de seguridad ciudadana de carácter civil y la fiscalización externa de las instituciones de seguridad", dicen el Centro Prodh y CEJIL.
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