La joven salvadoreña Imelda Cortez, acusada de "homicidio agravado tentado" por supuestamente tratar de abortar, fue puesta en libertad este lunes.
La fiscalía salvadoreña se retractó y pidió el cambio de la calificación del delito del que estaba acusada Imelda al de "abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad".
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Cortez acordó entonces un "juicio abreviado" con la fiscalía por ese delito a cambio de la reducción de la pena, fijada en un año.
La joven llevaba 1 año y 7 meses en prisión a la espera de juicio y fue puesta en libertad.
El caso de Imelda Cortez se convirtió en un emblema de la lucha de las salvadoreñas en contra de las estrictas leyes y políticas que rigen su vida sexual y reproductiva.
El 17 de abril de 2017 la joven dio a luz a una niña producto de una violación a manos de su padrastro, Pablo Henríquez, de más de 70 años.
Cortez, sin embargo, asegura que no sabía que estaba embarazada, pues además de amenazarla para que no denunciara los abusos que empezaron cuando ella nada más tenía 12 años, su padrastro le había asegurado que ya "no podía pegar hijos".
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Y fue así como una tarde abril, aquejada de fuertes dolores de vientre, la joven se dirigió a la letrina de su humilde casa de Jiquilisco, una zona rural del departamento de Usulutlán, donde se produjo el parto.
El bebé terminó entre los excrementos y la madre en el hospital, que acabó siendo detenida y acusada por la fiscalía de "homicidio agravado tentado".
"Criminalizadas"
El Salvador es uno de los cinco países en el mundo donde el aborto está completamente prohibido, sin importar las circunstancias.
Las mujeres que por alguna razón no llevan a término sus embarazos o tienen a sus hijos fuera del hospital, a menudo son tratadas como criminales.
Y el caso de Imelda fue un ejemplo de ello, según diversas organizaciones.
"No existían elementos para condenar", consideró Marcela Martino, subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Centroamérica y México, en declaraciones enviadas a BBC Mundo tras conocerse la liberación de la joven.
Martino considera que la presión internacional y el trabajo de las organizaciones salvadoreñas pusieron "en evidencia lo ridícula" que era la posición de la fiscalía.
Tanto Cejil como otras organizaciones mostraron su alegría por la puesta en libertad de Imelda, pero recordaron la grave situación que se vive en el país.
"Nos queda todavía el camino de asegurar que muchas otras mujeres que han sido criminalizadas hasta ahora en circunstancias similares también lo puedan estar (en libertad)", destacó Martino.
"La restrictiva ley salvadoreña pone en especial peligro a las mujeres en condición de pobreza, son ellas quienes desisten de asistir a los servicios de salud para evitar ser procesadas luego de sufrir una emergencia obstétrica", afirmó por su parte Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, en un comunicado.
La liberación de Imelda, en su opinión, debe poner ahora el foco en "cómo las restrictivas leyes salvadoreñas ponen en riesgo la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres".
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