En su primer decreto oficial como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) creó la Comisión para la Verdad en el "caso Ayotzinapa", en el que 43 estudiantes desaparecieron en 2014.
El caso sigue causando indignación en el país y a más de 4 años no se ha esclarecido qué pasó con los jóvenes, que eran estudiantes de una escuela de formación docente en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
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La comisión tiene la intención de "dar todas las facilidades del gobierno para que se conozca la verdad y se castigue a los responsables, autores materiales e intelectuales", aseguró AMLO.
Estará conformada por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus representantes, representantes de las Secretarias de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, así como los expertos y técnicos que se requieran para la investigación, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, durante la presentación.
El organismo, que será conformado en un plazo máximo de 30 días hábiles, "será el primer paso de muchos que daremos en el proceso de reconciliación en el país", dijo Encinas.
En el recinto que se firmó la creación de la comisión se realizó el llamado "pase de lista": un conteo del 1 al 43, seguido del grito "¡justicia!", con el que se ha exigido durante estos años saber sobre el paradero de los estudiantes.
Investigación parcial
Esta comisión es producto de una sentencia de una corte federal de Tamaulipas en julio pasado, que determinó que la investigación del caso "no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial".
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La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) aseguró en marzo pasado que tenía "fuertes elementos de convicción" de que una parte de las personas arrestadas por la desaparición de los estudiantes fueron "detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones".
Según la "verdad histórica", la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno de Peña Nieto, los jóvenes fueron arrestados por policías corruptos y entregados al cartel de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un vertedero en Cocula, Guerrero.
Pero esa hipótesis es refutada por los padres de los jóvenes y por organismos internacionales.
En 2015, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron la teoría oficial.
Este grupo concluyó que "no existe ninguna evidencia" para la "verdad histórica" ya que no era posible quemar tantos cuerpos en el basurero, en las condiciones que aseguraron los supuestos responsables.
Los defensores de los derechos humanos han pedido desde entonces que se continúe con otras líneas de investigación que no sean la de la Procuraduría.
"Ha habido un interés del gobierno de Enrique Peña Nieto, de no desvelar, de no abrir información para lo que realmente sucedió. Por ejemplo, de no dejar que el ejército, que había señalado, fuera investigado", explica a BBC Mundo Alberto Solís Castro, director del Serapaz, una ONG que busca promover la paz y la justicia y que ha acompañado a los padres de los desaparecidos.
El expresidente Peña Nieto, por su parte, siempre defendió la versión de la PGR.
"Con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó lo que justamente la investigación arrojó", afirmó Peña Nieto en sus redes sociales el pasado 1 de septiembre, de forma previa a su sexto y último informe de gobierno.
"La PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero, para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando, evidentemente, se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos", añadió.
La Comisión de la Verdad retomará investigaciones y recomendaciones hechas, en particular el del GIEI y el Alto Comisionado de la ONU y no descartará toda las líneas de investigación, según dijo su encargado durante la presentación.
"Esperanza para miles de desparecidos"
"Esto abre la posibilidad a una investigación independiente, que no esté a expensas de los interese políticos del gobierno anterior y acercarnos a lo que ha sucedido con los desaparecidos", explica Solís.
En su opinión, resolver este caso emblemático "puede ser punta de lanza y esperanza para todos los más de 30.0000 desaparecidos en el país. Es un primer esfuerzo de lo que se debe convertir en algo estructural para atender la grave crisis de derechos humanos que estamos", dice.
En su opinión, el nuevo gobierno de AMLO tiene en este caso una oportunidad de legitimarse y demostrar, como ha prometido, que quiere cambiar la situación de impunidad que impera en México.
Para los padres de los 43 de Ayotzinapa, la investigación no tuvo ningún avance durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los desparecidos de Ayotzinapa, pidió ante las cámaras: "Pónganse un día en nuestro lugar para que sientan lo que es no tener un hijo o un familiar en la casa".
Al nuevo presidente le pidió: "Gánese la confianza de todos los mexicanos. Ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de esperanza en que usted sea mas humano. Ya no queremos que se burlen de nosotros".
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