Centros educativos cerrados, cruceros que deciden evitar el país y miles de cirugías postergadas.
Costa Rica pasa por su mayor huelga en casi veinte años y el paro, liderado por sindicatos públicos del sector educativo y sanitario, no parece tener fin.
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La protesta comenzó el pasado 10 de septiembre con una manifestación en la capital contra la reforma financiera que quiere aprobar el nuevo gobierno de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y que se encuentra bajo discusión en el Congreso.
Desde entonces, se han sumado personas de múltiples sectores y producido concentraciones en diversas partes del país para rechazar lo que informalmente denominan como "el combo fiscal".
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"Es un movimiento muy fuerte", destacó el presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilbert Díaz, en declaraciones a BBC Mundo. El líder sindical aseguró que "el 98%" de los trabajadores de este sector se unió a la huelga.
Los sindicatos consideran que la propuesta fiscal de Alvarado perjudicará a la clase media y baja.
El gobierno, por su parte, niega ese extremo.
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"Quienes tienen más dinero son los que estarían cargando con la mayor parte de los recursos que va a recaudar esta reforma", afirmó en declaraciones a BBC Mundo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez.
El partido de gobierno destaca la necesidad de aprobar esta medida para paliar la crecida del déficit fiscal y de la deuda. Se estima que en 2018 la deuda del sector público equivaldrá al 50% del PIB, el doble que hace diez años, y que el déficit fiscal superará el 7%.
Retrasos
En estas tres semanas de movilizaciones y huelga, 90.588 citas médicas han sido canceladas y unas 2.299 cirugías se han retrasado, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre que dirige los centros de salud públicos del país.
Otros sectores como transportes o turismo también se han visto afectados.
Según publicó el diario La Nación, un crucero de la empresa Celebrity Cruises canceló la parada en el país para evitar sufrir atrasos por la huelga.
"Esta situación, de acuerdo con los datos de las Asociación Costarricense de la Industria de Cruceros, ocasionó cancelaciones de tours y el país dejó de percibir unos US$250.000", detalló a BBC Mundo Sary Valverde, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo.
Durante las dos primeras semanas de huelga, el sector registró "múltiples reportes de afectaciones", entre ellas, una caída de hasta el 50% en las ventas semanales de las agencias de viajes o del 40% en visitas a restaurantes de todo el país, según Valverde.
No obstante, la representante destaca que los visitantes siguen entrando a Costa Rica con normalidad y, a partir de la tercera semana, el sector ha percibido "que el movimiento pierde fuerza".
Una reforma polémica
El proyecto de ley presentado por el presidente Alvarado incluye medidas como la conversión del impuesto de ventas del 13% a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que gravará algunos servicios y productos de manera diferenciada, recoge la agencia EFE.
También incluye cambios en el impuesto sobre la renta y medidas para reducir el gasto público, por ejemplo en la disminución de pluses salariales de trabajadores públicos.
"Debemos garantizar la estabilidad económica de Costa Rica. Estamos en una situación muy débil de las finanzas del Estado y debemos apoyar este proyecto", destacó Núñez Rímola.
De no atajar el problema, según el ministro, "los efectos serían bastante complejos".
El plan "es la opción que tenemos para garantizar que vamos a mantener la sostenibilidad de los pagos, garantizar que no tenemos que incurrir en reducción de partidas presupuestarias a programas sociales, así como los mismos salarios del sector publico", advierte.
"No resuelve el problema"
Los sindicatos, por su parte, se muestran incrédulos y piden revisar la reforma.
"No resuelve el problema", sentencia el presidente del SEC.
"Le han vendido a la población que urge ya ya esa aprobación, porque no hay liquidez, pero en definitiva es un ataque totalmente al pueblo. Esto viene a dar más pobreza, a contraer la economía, viene a dar más desempleo. Por eso estamos en las calles".
Desde la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), coinciden con esa visión.
"Solo atiende las necesidades de los más ricos y es nocivo para los sectores más vulnerables (…) Restringe la inversión, les quita a los programas sociales, a las becas; a todo lo que es la atención prioritaria de los sectores mas vulnerables", señala Marta Rodríguez, representante de la UNDECA.
Tanto desde UNDECA como SEC denuncian "actos de represión" contra los trabajadores que se mantienen en huelga y explican que, si bien el movimiento empezó con trabajadores públicos, ahora se extendió a otros sectores.
Rodríguez explicó que los sindicatos plantearon un "proyecto alternativo donde no tendrían que ponerse impuestos al pueblo costarricense".
De momento, no obstante, el diálogo entre el gobierno y los sindicatos no parece dar sus frutos.
Ambas partes llevaron a cabo un diálogo preliminar el pasado fin de semana, con la mediación de la iglesia, y redactaron un acuerdo preliminar para presentarlo a las bases de los grupos sindicales.
Sin embargo, el texto no ha tenido buena acogida, aunque esta semana continuarán las consultas y el gobierno ha alargado el plazo para que más sindicatos suscriban ese pacto si quieren.
El acuerdo preliminar establecía, entre otros, una mesa de negociación multisectorial para analizar propuestas fiscales de los gremios, pero sin detener el avance de la reforma tributaria en el Congreso y con el requisito de poner fin a la huelga.
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