Las propiedades de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, son el nuevo escenario de la última saga de supuesta corrupción que sacudió al país.
En la noche del miércoles, el Senado aprobó el pedido del juez Claudio Bonadío de allanar un apartamento y dos casas de Kirchner.
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El martes, miles de personas salieron a la calle a pedir que se realizara el procedimiento.
Las investigaciones son parte del ya famoso caso de los "cuadernos de las coimas", una serie de anotaciones hechas por Oscar Centeno, chofer de un exasesor de Kirchner, que detallan lo que se supone es un complejo esquema de sobornos de empresarios y contratistas del sector público.
Dos decenas de exfuncionarios kirchneristas ya fueron puestos en prisión preventiva como parte de la causa, la primera en la historia reciente del país en emplear una ley del arrepentido que da absoluciones a cambio de información.
Varios kirchneristas, hoy en calidad de protección de testigos, han acusado a la expresidenta de ser la cabeza de un esquema de corrupción que supuestamente se alargó por años.
La hoy senadora goza de una inmunidad parlamentaria que obliga a la justicia a someter al Congreso cualquier procedimiento judicial, entre ellos los allanamientos o la privación de libertad, que por ahora está fuera de discusión.
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Es por eso que Bonadío, quien ya investiga a Kirchner en otras cinco causas de corrupción, pidió permiso al Congreso para realizar los allanamientos, aprobados por 66 votos a favor y 0 en contra.
Consciente de que el Senado respaldaría los allanamientos, Kirchner también los aprobó públicamente en la tarde del martes.
"No tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadío", aseguró.
Y añadió en el comunicado: "Corresponde aclarar que esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas".
Kirchner alega que tanto esta como otras acusaciones de corrupción en su contra son parte de una persecución judicial y política del gobierno de Mauricio Macri.
"Si algo faltaba para consagrar la persecución política en la Argentina, era esta causa", dijo en su intervención en el Senado momento antes de que se votase el pedido de allanamiento.
Qué buscan
Según dijeron funcionarios judiciales a medios locales, Bonadío no busca bolsos de dinero ni pruebas concretas.
El objetivo de los allanamientos es corroborar los testimonios de los arrepentidos, entre ellos Centeno, que mencionaron las propiedades de Kirchner como principal destino de la red de entrega de coimas.
También buscan posibles "lugares de almacenamiento".
Kirchner tiene un departamento en el lujoso barrio de Recoleta, en el centro de Buenos Aires, y dos mansiones en el sur del país, la Patagonia.
La exmandataria pidió que "no haya cámaras de televisión ni fotográficas para evitar así la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento".
Sin embargo, una vez aprobado el pedido de Bonadío, el juez puede determinar cómo hacer el procedimiento.
Aún así, muchos esperan que el allanamiento sea cubierto por los medios, al menos desde la calle, en vivo y en directo y ocurra bajo la mirada de decenas de personas que salieron al vecindario a hacer una vigilia a favor de Kirchner.
Un capítulo más de una saga que ya muchos, desde políticos hasta periodistas, propusieron como tema para una serie de Netflix.
¿Qué significa todo esto?
El debate en el Senado sobre una mera medida de prueba, el allanamiento, se convirtió en una férrea discusión sobre el país, la economía y la corrupción endémica que hay no solo en Argentina, sino en América Latina.
La causa de los cuadernos suele ser llamada "el capítulo argentino del Lava Jato", el caso que investigó la corrupción enquistada durante décadas en la política brasileña y tiene al expresidente Lula da Silva en prisión y en la incertidumbre de si puede ser candidato en octubre.
"A Lula lo metieron preso porque, si no, ganaba las elecciones. ¿Les suena? A mí me suena", dijo Kirchner irónicamente, en referencia a su propio caso.
A un año de unas elecciones presidenciales a las que Kirchner -con 30% de aprobación- puede presentarse y en medio de una crisis económica que compromete la reelección de Macri, el caso de los cuadernos tiene el potencial de convertirse en una batalla política que va más allá de lo jurídico.
