La tradicional guardia del Estado Mayor Presidencial de México tiene sus días contados.
Al menos, como se le conoce hasta ahora.
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El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró este jueves que rechazaría el servicio de protección y seguridad de este cuerpo militar encargado de la protección del jefe de Estado y que lo integraría a la Secretaría de la Defensa.
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Es una medida que ya había dejado caer en plena campaña en julio pasado como parte de su plan de "austeridad republicana", pero lo que sorprendió del anuncio de este jueves fue quiénes serán los sustitutos.
AMLO anunció que elegirá a un grupo de 20 "profesionales cercanos" para que le den "protección mínima".
Y, según explicó en una conferencia de prensa en Palacio Nacional, tendrán las siguientes características:
- serán 10 hombres y 10 mujeres
- no estarán armados
- no serán expertos en seguridad, sino que solo recibirán un entrenamiento para estas tareas
- tendrán un nivel académico de licenciatura
- serán "abogados, médicos, ingenieros"
Pero no serán los únicos.
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Según AMLO, también se sumarán "policías, soldados, marinos y ciudadanos" porque, en su criterio, "el soldado también es pueblo uniformado".
Agregó que el nuevo equipo estará en funciones a partir del venidero 16 de septiembre, cuando comenzará una gira por el país para promocionar la inversión de su gobierno en cada región.
El nuevo gobierno
AMLO no será el único que contará con una escolta limitada.
Reiteró que durante su gobierno, que comienza el 1 de diciembre, solo tendrán escoltas aquellos funcionarios que tengan un cargo en materia de seguridad pública.
El mandatario electo evitó crear ronchas con la anterior guardia presidencial y le envío un mensaje en el que reconocía su trabajo.
"Respeto mucho al Estado Mayor Presidencial, de ninguna manera quiero faltarles al respeto, es una institución que se ha mantenido por muchos años; sin embargo, son otros tiempos", afirmó.
"Austeridad republicana"
AMLO anunció en julio pasado una serie de lineamientos para combatir a la corrupción y aplicar una política de "austeridad republicana" durante su mandato.
Contiene 50 temas y acciones para regular la operación del gobierno y el desempeño de funcionarios y empleados de confianza.
El objetivo central es terminar con lo que López Obrador define como "abusos, excesos y dispendio" en el uso del erario.
En algunos casos el programa cambia por completo costumbres y gastos y, en otros, modifica comportamientos que durante décadas se consideraron normales entre políticos y gobernantes.
Establece, por ejemplo, suspender "por completo fueros y privilegios", así como establecer la obligación a todos los funcionarios de presentar y hacer pública su lista de bienes y propiedades.
También cancela la compra de vehículos nuevos o de lujo, una costumbre al inicio de todos los gobiernos del país.
Suspende además los bonos y prestaciones especiales, desaparece el gasto para seguros médicos particulares, prohíbe los viajes al extranjero sin permiso o justificación y reduce al mínimo los recursos para ese propósito.
Tampoco se podrán usar aviones o helicópteros privados, se rebajarán todos los salarios, incluido el del presidente, y se cancelan las comidas, cenas o viajes pagados por contratistas.
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El programa de austeridad republicana provoca también controversia.
Según medios mexicanos, muchos especialistas y académicos que ahora trabajan en el gobierno renunciarían ante el recorte de sueldos y bonificaciones.
Otros temen que se abra la puerta a la corrupción, sobre todo en las áreas de seguridad y procuración de justicia.
