A estas alturas ya debería estar muerto.
"Ha pasado mucho tiempo, su señoría. Estoy listo", fue la respuesta de Scott Dozier cuando la jueza Jennifer Togliatti anunció la fecha en la que sería ejecutado en la prisión estatal de Ely en Nevada (Estados Unidos).
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Dozier, quien en 2002 fue condenado a la pena capital por asesinato, se mostró sereno e, incluso, un poco animado durante aquella audiencia de finales de julio de 2017, según reseñó entonces la prensa local.
Le había costado casi un año lograr que las autoridades se avinieran a cumplir con su deseo: poner en marcha la aplicación de su sentencia a muerte.
Pero esos planes se frustraron.
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La ejecución, originalmente prevista para el 16 de octubre de 2017, fue postergada para el 14 de noviembre y, luego, suspendida indefinidamente.
Paradójicamente, estos diferimientos no respondían a solicitudes de Dozier, quien en 2016 anunció que no presentaría más apelaciones en su caso sino que se relacionaban con una disputa legal y médica acerca del método que utilizarían para ejecutarlo.
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Este 11 de julio, Dozier tendrá una nueva oportunidad de morir.
Desmembrados
El mal olor de una maleta hallada en abril de 2002 en un basurero a varias millas del centro de Las Vegas marcó el inicio del proceso judicial contra Dozier.
Dentro del bulto estaba el cuerpo mutilado y sin cabeza de Jeremiah Miller, un joven de 22 años.
Durante el juicio, los abogados de Dozier presentaron a Miller como un traficante de droga que estaba intentando meterse en el negocio de las metanfetaminas.
Los investigadores concluyeron que Dozier se había ofrecido a ayudar a Miller a conseguir los ingredientes para preparar la droga pero, en lugar de ello, lo había matado para robarle US$12.000.
La cabeza de la víctima nunca fue hallada aunque un informante le había dicho a la policía que Dozier había presumido de haberla metido en un cubo de cemento.
Después su arresto por la muerte de Miller, Dozier fue inculpado por la de Jasen Greene, un hombre de 26 años cuyo cadáver fue hallado desmembrado y enterrado en el desierto de Arizona. Por ello fue enviado a Phoenix, donde fue enjuiciado y condenado a 22 años de cárcel.
Pese a que hubo varios testimonios en su contra, Dozier siempre ha negado haber sido responsable de esta segunda muerte.
Según su relato, a petición de una amiga él dio alojamiento a Greene en el tráiler que usaba para preparar las metanfetaminas. Un día, al llegar allí, lo halló muerto pero decidió enterrarlo en lugar de avisarle a la policía para evitar que descubrieran su negocio con la droga.
"Me gustaba la idea de vivir al margen de la ley", dijo Dozier en una entrevista publicada en enero pasado en la revista Mother Jones.
"No estoy buscando clemencia. Nevada me dijo ’deja de comportarte de esa manera o te mataremos y seguí actuando de esa forma’", agregó.
Voluntario
"Yo, Scott Raymond Dozier… en pleno uso de mis facultades, pido por este medio que mi pena capital sea promulgada y que yo sea ejecutado", escribió el 31 de octubre de 2016 en una carta dirigida a la jueza Togliatti.
No ha sido la única vez que Dozier ha expresado a las autoridades su deseo de cumplir la condena que le dieron.
Su decisión le convierte en un "voluntario", nombre con el que se conoce en la comunidad dedicada al derecho penal en Estados Unidos a los condenados a muerte que renuncian a seguir luchando por conservar su vida.
No son muchos.
Desde que Estados Unidos reinstauró la pena de muerte en la década de 1970, solamente unos 144 condenados se han convertido en "voluntarios".
En ese mismo periodo se han realizado unas 1.477 ejecuciones, de acuerdo con cifras del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental que se dedica a la investigación y análisis sobre la pena capital.
Pero, ¿qué les impulsa a tomar esta decisión?
Meredith Rountree, investigadora de la Escuela de Derecho de la Universidad Northwestern (Estados Unidos), publicó en 2014 un trabajo centrado en casos de "voluntarios" condenados a muerte en Texas para intentar indagar en sus razones.
Según la experta hay distintas interpretaciones sobre lo que ocurre con estas personas. Unas apuntan a problemas de salud mental o al impacto que tiene la vida en el corredor de la muerte, en el que usualmente los presos viven confinados y con muy poco contacto social.
Otras, por el contrario, consideran que se trata de una decisión racional basada en la defensa de la autonomía personal. En estos casos, pedir la ejecución de la sentencia sería una muestra del reo de ejercer control sobre su destino final, reivindicando su autonomía.
Según Rountree, los "voluntarios" comparten algunas características con aquellos que intentan suicidarse en la cárcel. Y Dozier fue uno de ellos.
Estando en prisión intentó poner fin a su vida con una sobredosis de un antidepresivo, algo que no lo mató pero lo mantuvo dos semanas en coma.
Cuando salió de todo el proceso, estaba muy débil y había perdido 30 kilos de peso. Decidió que nunca volvería a intentarlo.
A diferencia de otros condenados, Dozier ha contado con constante apoyo de parte de sus hermanos.
Al menos durante algún tiempo, lograron disuadirle de la idea de convertirse en un voluntario.
Además ha mantenido contacto con su exesposa, Angela Drake, con quien tuvo un hijo. Ahora también tiene una nieta.
Sin embargo, como le confesó a Mother Jones, le preocupa que ella solo le conozca como un hombre preso así como la posibilidad de que al seguir con vida termine convirtiéndose en una carga emocional para toda su familia.
"Estoy cansado de ser el peón de otros. Ellos (las autoridades) gastaron millones de dólares para condenarme a muerte y, luego, millones de dólares no matándome. Esto no tiene ningún sentido", lamentó sobre los retrasos en su ejecución.
Polémico cóctel
Pero, pese a su deseo manifiesto de ser ejecutado, hay un elemento que aún arroja sombras sobre la posibilidad de que ello ocurra: la controversia sobre la mezcla de fármacos que las autoridades piensan usar para aplicarle una inyección letal.
El Departamento de Correccionales de Nevada anunció a inicios de julio que le aplicarán un cóctel nunca antes probado conformado por midazolam (un sedante), fentanyl (un opioide) y cisatracurio (un paralizante neuromuscular).
Una mezcla semejante, pero en la que se usaba como sedante el diazepam en lugar del midazolam, fue motivo de una fuerte controversia judicial a finales del año pasado y la causa por la cual la ejecución de Dozier fue pospuesta.
En el centro de aquella disputa estaba el empleo del cisatracurio, un producto que -según se argumentó- podía generar en Dozier una sensación de ahogamiento pero sin que se note que se encuentra consciente de lo que le está ocurriendo.
Un anestesiólogo que compareció ante el tribunal dijo que el uso de este fármaco podía causar "sufrimiento y un dolor cruel" llevando al preso a tener "una experiencia horrible".
Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha cuestionado ahora el uso del midazolam que ha sido empleado anteriormente en ejecuciones problemáticas ocurridas en al menos 7 estados del país, en las que los condenados han tardado en morir y, antes de hacerlo, han dado visibles muestras de sufrimiento.
Pese a ello, Dozier parece estar dispuesto a correr el riesgo de una muerte de este tipo.
"¿No hay nada que haya ocurrido en el último año, incluyendo las discusiones sobre los fármacos, sobre su eficacia… el hecho de que los que han sido usados en otros estados han llevado a problemáticas, largas y quizá dolorosas ejecuciones?, ¿nada de eso le ha disuadido de pedirme que firme esta orden?", le preguntó la jueza Togliatti en julio del año pasado antes de dar luz verde a su muerte.
"Francamente, su señoría, todas esas personas terminaron muertas y ese es mi objetivo aquí", respondió Dozier.
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