En la pequeña ciudad donde vive Juliana, el juicio más difícil de enfrentar es el de los vecinos y compañeros de trabajo.
La noticia de que la joven había abortado se esparció rápidamente después de que le iniciaron un proceso penal por interrupción del embarazo, a inicios de este año.
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"Uno es juzgado por miles de personas. A veces, uno consigue lidiar con el problema, pero muchas veces se traslada a los familiares. Ellos sufrieron mucho, mis hijos", dijo Juliana, de 26 años, en entrevista con BBC Brasil.
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"Al igual que yo, ellos también son prejuzgados, condenados, crucificados, como si la gente pudiera hacer justicia con sus propias manos".
La historia de Juliana no es un caso aislado en Brasil, un país donde hay tramitados centenares de procesos contra mujeres acusadas de abortar en todos los estados.
Sola y en secreto
El aborto en Brasil solo está permitido en casos de estupro, riesgo para la vida de la madre y feto con anencefalia (por decisión del Tribunal Supremo Federal). La pena para una embarazada que provoca la interrupción del embarazo es de hasta tres años de prisión.
Juliana estaba recién separada y mantenía una relación con un joven cuando descubrió que estaba embarazada. Dijo que no tenía condiciones económicas ni psicológicas para tener otro hijo.
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"Sabía como era tener hijos, la responsabilidad de tener dos hijos, la responsabilidad que siempre recae en la madre. Si está enfermo, es la madre quien lo tiene que cuidar. No puede faltar mucho tiempo al trabajo, si no se descuenta. Yo sabía que no quería tener un tercer hijo".
"Los métodos de prevención, tanto con preservativo como con píldora, son 99% seguros. ¿Pero qué ocurre con ese 1%, cuando ocurre y no quieres?", pregunta.
Después de intentarlo con soluciones caseras, como tés, consiguió un medicamento abortivo. Temiendo la reacción de familiares y amigos, Juliana tomó las píldoras sola en casa. No se lo contó a nadie.
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Pero empezó a sentir fuertes dolores como efecto del medicamento, que provoca contracciones del útero antes de expulsar el feto. Asustada, decidió buscar ayuda en un hospital público.
"El primer médico que me atendió me ayudó. El medicamento aún estaba dentro de mí", contó Juliana.
"Me dijo que lo iba a tratar como aborto instantáneo y que estaba allí para ayudarme y no juzgar", añadió.
Pero la guardia de ese doctor terminó mientras Juliana aún estaba en el proceso de aborto, aún bajo el efecto de la medicación.
"Cuando él se fue, aumentó el dolor. Comenzó el proceso de expulsión del feto", cuenta. La enfermera que la atendía le contó lo del aborto a la doctora que asumió la guardia, y esta decidió llamar a la policía.
La policía acudió inmediatamente al hospital e interrogaron a Juliana cuando aún estaba sangrando.
"Tras expulsar el feto, tuve una convulsión. Ellos (los policías) entraron en la sala diciendo que tenía que confesar, sino sería esposada e iría a un presidio", relató.
Presionada, Juliana acabó confesando que había tomado las píldoras abortivas. "Fui hablando y di el nombre del muchacho que me las vendió". Fue detenida en flagrante y para no ser trasladada a una cárcel, tuvo que pagar una fianza.
El hombre que le vendió los medicamentos la amenazó y la noticia del aborto se esparció por la ciudad.
"Después de todo eso, recibí amenazas del chico que me vendió la medicación, fui chantajeada por familiares. Los médicos de mi ciudad saben lo que ocurrió y no me tratan tan bien", relata.
Sin recursos para pagar un abogado, Juliana está siendo representada ante la justicia por la Defensoría Pública de Sao Paulo. El mes pasado, una petición para archivar el proceso fue denegada por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo. La Defensoría dijo que va a recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Pero, independientemente de la decisión judicial, Juliana dice que ya se siente "juzgada" y "condenada" por la sociedad.
"Mucha gente me mira mal, algunos recuerdan el caso, me tratan mal. Tengo miedo de ser condenada por un crimen que no cometí. Porque es mi cuerpo. Tengo derecho sobre mi cuerpo", afirma.
Cientos de procesos iguales al de Juliana
Según una investigación realizada por el sitio de noticias con perspectiva de género Portal Catarinas, 18 estados registraron 331 procesos por la práctica de autoaborto —aborto provocado por la gestante o con su consentimiento—.
La defensora Ana Rita Prata, coordinadora del Núcleo de Promoción de los Derechos de la Mujer en la Defensoría Pública de Sao Paulo, le dijo a BBC Brasil que, en el 70% de los casos, esas mujeres son denunciadas por un profesional de salud después de buscar ayuda en un hospital.
Cuando no es el médico o enfermero que atiende la emergencia el que realiza la denuncia, quien llama a la policía es un familiar o vecino, explica Prata.
"La práctica ocurre, todo el mundo lo sabe, pero aquellas mujeres que llegan al sistema de justicia es por una denuncia de alguien de su confianza, o de alguien que debería cuidar y no juzgar", afirmó la defensora a BBC Brasil.
Para Prata, denunciar a las pacientes después de la atención viola la ética médica.
"La denuncia viola el deber ético de sigilo de cualquier profesional de la salud. En los casos que hallamos, fueron médicos, enfermeros y asistentes sociales. Los códigos éticos de esas tres profesiones enfatizan que es un deber ético mantener el secreto profesional, no solo no revelando el hecho, sino también no entregando documentos".
Este reportaje forma parte de una serie de materiales producidos por BBC Brasil sobre aborto clandestino. BBC Brasil consiguió el acceso a un grupo secreto de WhatsApp que vende píldoras abortivas y ofrece un instructivo en video, texto y audio.
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