En mayo de 2018 surgieron nuevos detalles sobre el galeón español San José, hundido frente a las costas de Colombia por un buque británico hace 300 años.
Se dice que la embarcación transportaba oro, plata y piedras preciosas recaudadas en las colonias del imperio de España en Sudamérica para entregarlas al rey Felipe V, quien necesitaba fondos para la guerra de Sucesión Española.
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Colombia afirma que descubrió los restos del naufragio en algún lugar frente a las costas de la ciudad portuaria de Cartagena, en 2015.
El año pasado, el presidente Juan Manuel Santos declaró que la operación de rescate "inicia un nuevo capítulo en la historia cultural y científica, no sólo de Colombia sino de todo el mundo".
Entretanto, un equipo de arqueólogos marinos, con la ayuda de un robot submarino, inició una investigación y publicó nueva información sobre lo que se ha descubierto hasta ahora.
Algunas personas ya han especulado que podría tratarse del más grande tesoro hundido de todos los tiempos, valorado en miles de millones.
El San José es uno de miles de naufragios en todo el mundo y la recuperación de cargamento histórico presenta una perspectiva tentadora para arqueólogos y cazadores de tesoros.
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Así que, ¿a quién le pertenece el naufragio?
Existen acuerdos internacionales cuyas reglas rigen partes del proceso de la búsqueda de tesoros.
Sin embargo, la decisión de quién tiene el derecho a quedarse con el valioso contenido de la nave tiende a ser tomada entre países bajo la ley internacional, dice Robert Mackintosh, un abogado y arqueólogo de la Universidad de Southampton, Inglaterra.
"Es un panorama muy complejo, ya que muchos estados y personas pueden tener intereses variados y frecuentemente rivales en el naufragio, intereses que tienen sus orígenes y diferentes conjuntos de leyes", explicó.
Por ejemplo, el dueño original de la embarcación tiene un derecho viable de propiedad. Pero ese derecho puede ser reemplazado por el país que tiene el reclamo de las aguas territoriales donde se descubrió la nave naufragada.
"Al vuelo"
"El océano es el museo más grande del mundo", expresa el arqueólogo marino Peter Campbell.
Y la caza de tesoros en barcos hundidos es un negocio inmenso.
La especulación sobre el valor del contenido de un naufragio puede dispararse aún antes de que los artículos sean rescatados.
Pero, frecuentemente, los costos operacionales de la investigación arqueológica pueden resultar siendo mayores que el valor del propio naufragio, indica Campbell.
Informes noticiosos sugieren que el contenido del San José podría valer hasta US$17.000 millones. Aunque cuando el gobierno colombiano hizo público el descubrimiento, en 2015, el valor estimado que se reportó del tesoro estaba entre US$1.000 millones y US$10.000 millones.
La cifra de US$17.000 millones "parece haber sido agarrada al vuelo", sugiere Campbell.
Aún así, los expertos concuerdan en que el San José tiene inmenso valor financiero y cultural.
¿Qué dice la ley?
La convención de la UNESCO de 2001 sobre patrimonio cultural submarino incluye reglas que ayudan a llevar prácticas adecuadas para las excavaciones submarinas y guías que estipulan cuáles deben ser los certificados de las personas que participan en la conservación y manejo del sitio.
La sección de UNESCO que supervisa los sitios de patrimonio submarino dijo a la BBC que estaría muy entusiasmada de jugar un papel en la resolución de reclamos sobre naufragios. No obstante, indica que no ha sido contactada para ese menester.
Un país puede reclamar posesión sobre un naufragio si, en primer lugar, fue dueño de la embarcación. Aunque la nave se haya hundido y haya quedado abandonada durante cientos de años, el dueño original todavía puede reclamar derechos de posesión.
También ha habido casos en los que un país transfiere la posesión de una embarcación a otro país para que la nave sea expuesta en un museo.
Sin embargo, la cuestión de posesión puede complicarse según la ubicación del naufragio, si yace en aguas territoriales de otro estado.
Según la ley internacional, un país tiene absoluta soberanía sobre estas aguas de manera que, esencialmente, puede hacer lo que quiera en términos de tomar posesión, dice Mackintosh. Hay más ramificaciones legales si el naufragio está en aguas internacionales.
Cuando se descubre una embarcación, el país donde la nave fue registrada puede dar causa a algo que se llama inmunidad soberana (además de los reclamos de posesión).
Esto se refiere a una categoría específica de embarcaciones que son inmunes a los procesos legales de otro estado. Buques de guerra y otras naves de gobierno operadas para propósitos no comerciales gozan de inmunidad soberana, asegura Mackintosh.
Bajo el principio de inmunidad soberana de 2009, un juez en Estados Unidos dictaminó que el tribunal no tenía jurisdicción sobre el caso que involucraba la compañía cazadora de tesoros Odyssey Marine Exploration y el naufragio del barco español Nuestra Señora de las Mercedes.
La compañía exploradora estadounidense se vio obligada a entregar medio millón de monedas de oro y plata al gobierno de España. Odyssey Marine Exploration había recuperado 17 toneladas de monedas frente a las costas de Gibraltar y las había trasladado a EE.UU.
Odyssey afirmó haber encontrado el naufragio en aguas internacionales y reclamó los derechos del rescate. España argumentó que nunca había renunciado a la posesión del cargamento de la nave y que las monedas eran parte del patrimonio nacional del país.
Los orígenes del contenido de una embarcación también pueden entrar en la disputa. Por ejemplo, en el caso entre Odyssey y el naufragio de las Mercedes, Perú interpuso una demanda en los tribunales de EE.UU. declarando que el origen del precioso cargamento era Perú, donde el metal fue minado y las monedas acuñadas, cuando era parte del Imperio Español.
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