Ecuador retiró la seguridad adicional con la que contaba su embajada de Londres después de que saliera a la luz esta semana que el gobierno había gastado US$5 millones en proteger al fundador de Wikileaks, Julian Assange.
El dinero se utilizó para monitorear a los visitantes del activista australiano, al personal de la embajada y a la policía británica, según publicaron medios de comunicación de Reino Unido y Ecuador.
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Assange se encuentra confinado en la embajada ecuatoriana desde 2012, cuando las autoridades ecuatorianas le otorgaron asilo político para que no fuera extraditado a Suecia. El activista debía enfrentarse en Estocolmo a acusaciones de acoso sexual y violación, delitos que niega haber cometido.
Si bien bien las autoridades suecas ya no investigan a Assange, las británicas mantienen vigente su orden de arresto por haber violado su libertad condicional.
El activista de 46 años cree que, si abandona la embajada, terminará extraditado a Estados Unidos para ser investigado por las actividades de Wikileaks, el portal digital que publica documentos e imágenes confidenciales.
Wikileaks fue fundado en 2006 pero no fue hasta 2010 que protagonizó portadas internacionales por difundir un video en el que se podía ver a civiles siendo disparados por soldados estadounidenses desde un helicóptero en Irak, en una ofensiva en la que fallecieron 18 personas.
¿Qué dice Ecuador?
El gobierno ecuatoriano emitió un comunicado en el que informó que toda "seguridad adicional" en la embajada sería "retirada inmediatamente" por orden del presidente Lenín Moreno y que la sede diplomática contaría a partir de ahora con los mismos dispositivos que el resto de embajadas ecuatorianas en el mundo.
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La decisión se dio después de que el diario británico The Guardian y la revista Focus Ecuador publicaran esta semana que los servicios de inteligencia ecuatorianos llevaron a cabo una operación que costó al país sudamericano al menos US$66.000 al mes.
Llamada en un principio "Operación Huésped" y luego "Operación Hotel", tenía como objetivo proteger a Assange de manera encubierta y contaba con el visto bueno del entonces presidente, Rafael Correa, y de su ministro de relaciones exteriores, Ricardo Patiño, según The Guardian.
