"El día de su quinto cumpleaños a mi hijo le dieron de regalo veneno, en vez de un medicamento".
Aminta Quintero se refiere a lo que le pasó a su hijo en 2006, pero bien podría hablar de ella misma.
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Ambos acudieron al médico por un resfriado fuerte y éste les prescribió un expectorante sin azúcar, la última novedad de la Caja del Seguro Social de Panamá para ese tipo de padecimientos leves.
Era el que se conocería después como el "jarabe de la muerte", que causó un envenenamiento masivo, el mayor escándalo sanitario de la historia del país centroamericano.
Se saldó con unos 400 muertos según cifras oficiales, el doble de acuerdo al comité de víctimas, y miles de afectados, entre ellos 250 menores.
El brebaje debía contener glicerina, pero en lugar de ello estaba hecho a base de dietilenglicol, un refrigerante industrial altamente tóxico.
"A mí me recetaron dos frascos, que adquirí en la misma farmacia del hospital", recuerda Quintero para BBC Mundo. "Empecé a tomar la medicina y no sentía mejoría, así que seguí".
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Para cuando había agotado frasco y medio, la situación era ya insostenible.
"Ya tenía tos, pero en ese punto ya no podía parar", cuenta la mujer, "los pulmones me quemaban, empecé a vomitar recurrentemente, me dolía la cabeza constantemente, tenía diarrea y dolor de cabeza".
Pero los males no terminaron ahí: "Con los años empeoró. Fue de forma progresiva".
Así, comenzaron los problemas renales, las inflamaciones en las articulaciones, las dificultades para caminar, los quistes. "Y hoy, 12 años después, sufro de fibromialgia, epilepsia, daños en el hígado, visión borrosa, quistes múltiples en el útero y cáncer en el seno derecho", enumera.
"Además tengo moretones en todo el cuerpo, que está hinchado por dentro y por fuera, y no tengo un pedazo de piel en el que me puedan meter una aguja sin destrozar tejidos", cuenta, quien a sus 45 años se ve obligada a usar bastón.
La panameña asegura que todo ello se debe a la intoxicación por el jarabe en cuestión. "Tenemos todos los certificados de médicos particulares que así lo acreditan y que ahora presentamos como prueba".
Y es que ella es una de las 50 víctimas que, como último paso en la larga lucha para que se les haga justicia, demandó el 1 de febrero ante la Corte Suprema al Estado.
Le achacan negligencia y aspiran a una indemnización de US$6 millones para cada una.
"La demanda es sencillamente para que el Estado se haga responsable e indemnice a estas familias, porque el hecho está probado", le dice Víctor Orobio, el abogado que los representa, a BBC Mundo.
Explica que este es solo el primer lote de demandas y que para abril habrán presentado 400 por un caso que no solo es el peor escándalo de salud del país, sino también el mayor envenenamiento por dietilenglicol de todo el mundo.
200.000 frascos de jarabe adulterado
La historia se remonta a 2003, cuando la Caja del Seguro Social compró cerca de 9.000 kilos de lo que se pensaba era glicerina pura a la empresa panameña Medicom.
Ésta, a su vez, la había adquirido de la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., quien se la compró al grupo chino CNSC Fortune Way Company.
Con esa supuesta glicerina pura, el Seguro Social elaboró un jarabe para el resfriado y la gripe que resultó no apta para consumo humano.
Las autoridades sanitarias distribuyeron en el país 200.000 frascos, pero no fue hasta 2006 cuando empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.
Hasta entonces, las muertes las habían achacado a una enfermedad atípica, denominada síndrome de insuficiencia renal.
Fue en octubre de aquel año cuando se descubrió que lo que creían un síndrome era una intoxicación causada por el medicamento adulterado.
"El 10 de octubre de 2006 el Ministerio de Salud dio la alerta sobre el jarabe y llegaron a retirar todos los frascos", recuerda Holanda Hernández, otra de las afectadas.
Para entonces llevaba algo más de un mes tomando lo que pensaba era un medicamento para un resfriado que "podía convertirse en neumonía".
Y ya sentía mareos, insomnio, la vista nublada, dolor en las articulaciones y en la espalda. "En resumen, una sensación horrible que no se la deseo a nadie".
También le dolían las piernas. "Pero no lo asociaba con el fármaco. Se lo achacaba a los tacones que usaba y con los que me caía a cada rato. Esas caídas tan raras tampoco las relacioné con el jarabe", explica.
Fue entonces cuando su hija, quien también consumió el medicamento adulterado, empezó a ser hospitalizada de forma continua "de forma inesperada e inexplicable".
Hoy ambas cuentan con un carné emitido por el Ministerio de Salud que las acredita como víctimas de la intoxicación por dietilenglicol.
"A mí me lo dieron en 2013, pero el de mi hija no lo conseguimos hasta 2017, porque nos decían que siendo tan joven lo suyo no podía ser por eso", recuerda Hernández.
"Fueron años de juntar evidencias de frascos, hojas de hospitalización… de presentar recursos legales y apelaciones a los fallos".
Como ella, los afectados siguen luchando para que se les haga justicia por un caso por el que en 2013 el entonces presidente Ricardo Martinelli pidió disculpas tras calificarlo de "homicidio masivo".
Y es que no están de acuerdo con la respuesta de los tribunales al escándalo.
En un principio fueron imputadas 27 personas, pero la cifra se redujo a 11.
En julio de 2016 seis de ellas fueron absueltas y cinco condenadas, un empresario y cuatro exfuncionarios.
Pero en abril de 2017, ante la apelación presentada por los afectados, la Corte Suprema de Justicia modificó parcialmente ese fallo.
Así, condenó a 18 meses de prisión al exdirector de la CSS René Luciani, a Ignacio Torres Echeverría, Linda Joan Thomas Martín (exjefa de Laboratorio) y a Pablo Narciso Solís González (exdirector de Farmacia y Drogas).
Y a cinco años a Teófilo Gateno Hafeitz (directivo de Medicom, empresa suplidora). Todos ellos habían sido absueltos por el Segundo Tribunal de Justicia.
Igualmente, amplió la condena de cinco a 15 años de cárcel por delitos contra la salud pública para Ángel Ariel de la Cruz, el director de Medicom, la empresa que importó la glicerina contaminada con dietilenglicol para hacer el jarabe.
Medida que también tomó contra Edward Enrique Taylor Jurado y Miguel Antonio Algandona De León, exfuncionarios del laboratorio de la Caja del Seguro Social, encargada de distribuirlo gratuitamente.
De la Cruz, por su parte, sostiene que la modificación del fallo, al implicar un cambio de delito, supone "una violación del código penal" de Panamá.
Sea como sea, "fue una condena irrisoria", se queja Hernández.
Y Quintana, uno de sus 49 compañeros de demanda, concuerda. Por eso exige reparación al Estado.
"El abogado Víctor Orobio calcula que la indemnización justa sería US$6 millones por cada afectado, pero yo opino que debería ser mucho más", dice tajante.
"El sufrimiento de estos 12 años, de la gente que vive atada a un hospital, de los que piensan en matarse porque lo suyo no tiene remedio, no tiene precio".
Este artículo fue modificado el 28 de febrero para incluirle las últimas actualizaciones.
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