El Tribunal Supremo de El Salvador decidió en una sorprendente decisión conmutar la pena de Teodora Vásquez, condenada a 30 años de prisión por las estrictas leyes contra el aborto vigentes en el país.
Vásquez, que llevaba ya casi 10 años en prisión por asesinato agravado, ha sido puesta en libertad.
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La mujer había sido encontrada culpable en instancias anteriores, pero ella siempre aseguró que su bebé nació muerto por complicaciones de salud.
Sus recursos anteriores habían sido desestimados.
En un fallo del pasado diciembre, el Tribunal Segundo de Sentencia de la capital salvadoreña justificó la confirmación de la pena porque "los elementos probatorios no han sido desvirtuados de una forma categórica", dijo una magistrada.
Tras escuchar el testimonio de dos médicos, el tribunal concluyó que, al contrario de lo que alegaba la defensa de Vázquez, no hubo irregularidades en las pruebas forenses por las que fue condenada en 2008.
"Emergencia obstétrica"
El abogado de la mujer, Víctor Hugo Mata, anunció entonces que se estudiaría la posibilidad de presentar el recurso que ahora prosperó.
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"La prueba científica no ha sido analizada en toda su amplitud, la prueba científica no dice lo que el tribunal está señalando y a los más que podría llegar es a duda, pero ni siquiera duda", se quejó entonces Mata tras conocer el fallo.
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional había calificado la condena como "una profunda tragedia".
Según las organizaciones que apoyan a Vázquez, la mujer sufrió "una emergencia obstétrica" en 2007 y, sin respuesta del sistema de urgencias sanitaria público, dio a luz en los baños de la escuela en la que trabajaba.
En 2016, Amnistía Internacional le presentó al gobierno 250.000 firmas "exigiendo la libertad" de la mujer.
Y en noviembre pasado, Naciones Unidas pidió a las autoridades de El Salvador la revisión de los casos de mujeres que cumplen largas penas por provocarse aborto.
Según la organización salvadoreña Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, actualmente unas 27 mujeres cumplen penas de entre seis y 35 años por la penalización del aborto.
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén propuso en 2016 impulsar una reforma para permitir la interrupción del embarazo en los casos en que la vida de la madre esté en riesgo o sea fruto de una violación, pero el proyecto no ha prosperado en el Congreso.
El Salvador sigue siendo junto a Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta uno de los pocos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto.
El país centroamericano tiene desde 1997 una de las leyes más severas para las mujeres que aborten y para quienes las asistan.
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