"Nosotros, como política pública, vamos a defender a una policía en acción que no se deje matar".
Con esta palabras la ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció una "nueva doctrina" del ejercicio de la autoridad en un país que no termina de superar los traumas de la represión estatal.
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El periodista que la entrevistaba, Ernesto Tenembaum, se mostraba sorprendido por las declaraciones, que han disparado las alertas de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales por la promoción de un paradigma del "gatillo fácil".
Pero Bullrich, una prominente política que pasó de ser guerrillera durante el régimen militar (en los 70) a ser cara visible del gobierno derechista de Mauricio Macri, insistía.
"En cualquier país civilizado, el Estado lo que hace es darle la presunción de inocencia a su policía; no al revés", aseveró la semana pasada, "estamos construyendo una nueva doctrina: el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito".
Bullrich anunció, como parte de una serie reformas a la Justicia, una modificación al Código Penal.
Se busca darles más garantías a los policías, según ella perjudicados por la legislación actual, porque "solo" se les permite disparar en legítima defensa.
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"Vamos a sacar la legítima defensa para los casos de policías", afirmó.
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Argentina digiere la inseguridad
La llamada "mano dura" se instala en una ya álgida discusión en Argentina sobre el papel de las fuerzas de seguridad en el manejo de la delincuencia.
Días antes de las declaraciones de Bullrich, el presidente Macri se reunió públicamente con Luis Oscar Chocobar, un policía que había matado a un ladrón luego de que éste intentó robar a un turista.
El incidente fue grabado por una cámara de seguridad y en el video se ve que Chocobar parece haberle disparado por la espalda al presunto delincuente, que contaba con una navaja.
Pero el gobierno, consciente del video, igual decidió felicitar al policía porque estaba "cumpliendo su deber".
Un caso similar en noviembre había estimulado este espinoso debate: en una protesta de indígenas mapuche en el sur del país, un policía mató a Rafael Nahuel, un activista de 22 años.
El país, en ese entonces, apenas empezaba a digerir el complicado caso de Santiago Maldonado, quien murió en agosto durante un operativo de represión de otra protesta indígena.
Antes Macri había defendido a un carnicero que atropelló y mató a un ladrón en medio de un tiroteo y una peligrosa persecución.
El trauma de la historia
Han pasado casi 35 años desde que Argentina cerró la etapa más traumática de su historia: los años de gobiernos militares que desaparecieron hasta 30.000 personas.
Desde entonces, los argentinos se volvieron casi alérgicos a la represión y al uso de la fuerza como mecanismo de autoridad estatal.
Las Fuerzas Armadas fueron desprestigiadas y el presupuesto de Defensa se vino abajo.
Mientras tanto, la criminalidad tomó cada vez más espacio en la vida cotidiana, acompañado de un aumento de la pobreza y la desigualdad y un deterioro de la calidad de vida.
Argentina tiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina (6,6 víctimas por cada 100.000 habitantes, solo por encima de Ecuador y Chile), según cifras del Ministerio de Seguridad.
Y aunque el aumento ha sido leve desde 2008 (eran 5,8 por cada 100.000), las tasas de victimización y denuncia de hechos delictuosos —que incluye robos, secuestros, estafas— crecieron 10% entre 2008 y 2015, de acuerdo a datos oficiales.
Al menos en el lenguaje, ningún gobierno democrático reciente había sido tan tajante en su política de seguridad como el de Macri, quien ahora parece dispuesto a poner fin a la inseguridad con métodos controversiales pero, según él, eficientes.
Según sus asesores, la mayoría de la ciudadanía aprueba esta nueva línea oficial.
Pero la oposición dice que esta política busca desviar la conversación sobre el ajuste económico y los despidos hacia un territorio en el que el Ejecutivo se siente más cómodo.
BBC Mundo pidió al Ministerio de Seguridad una declaración para este artículo, pero no obtuvo respuesta.
"Aval de la mano dura"
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es quizá la organización de derechos humanos más respetada en el mar de movimientos que dejaron los 70 y 80.
Manuel Tufró, coordinador del área de Violencia y Seguridad del CELS, le dijo a BBC Mundo que la organización ve con preocupación el mensaje que el jefe de Estado está dando con este "aval de la mano dura".
"Se da el mensaje a las Fuerzas Armadas de que, más allá de si sus intervenciones son legales o no, van a ser apoyadas por el oficialismo; se condiciona al Poder Judicial a que no investigue ni procese a policías que hacen uso abusivo de la fuerza; y se le trasmite a la población que, si no es así, no se puede hacer nada por la delincuencia".
El experto recuerda que la inseguridad, si bien no ha registrado un aumento particular en la última década, se ha convertido en un tema central de la política.
"Y la respuesta siempre fue la demagogia punitiva o el populismo penal: invocar los sentimientos de revanchismo que puede haber en algunos sectores y pueden ser sentimientos entendibles para las víctimas, pero que es grave que la autoridad política los promueva cuando en realidad debería pensar políticas para disminuir los sentimientos de venganza, que no son coherentes con un sistema democrático".
Tufró dice que estas medidas, aplicadas por gobernadores argentinos de izquierda y derecha, "han probado no ser exitosas, aparte de lo que a la política se refiere".
"Se sabe —en países civilizados, para usar un termino del gobierno— que entre menos violentas son unas fuerzas de seguridad, más eficaces. Entonces la promoción de la fuerza lo único que va a lograr es menos eficacia", asegura.
Según él, el oficialismo ve el proceso de verdad y justicia tras el régimen militar como una "afrenta contra los militares, a quienes ahora buscan reivindicar, coqueteando con la idea de que puedan intervenir en seguridad interior (narcotráfico y terrorismo), cosas que están prohibidas por ley y por convenciones internacionales".
Tufró admite que Argentina se debe a sí misma un debate —y, con ello, una serie de reformas— sobre el rol de las Fuerzas Armadas.
"Pero el camino no es convertirlas en policías, porque eso solo promueve más corrupción y más violación de los derechos humanos".
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