Las sanciones anunciadas en noviembre pasado por la Unión Europea (UE) con el objetivo de presionar a las autoridades de Venezuela ya tienen nombre y apellido.
Este lunes el Consejo de la UE anunció que por causa "del constante deterioro de la situación" en el país sudamericano, había procedido a incluir a siete personas "en la lista de personas naturales y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas".
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Entre los nombre destacan la Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, el del actual Fiscal General, Tarek Saab, y el del ex vicepresidente y actual miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
Completan la lista el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González, y el jefe de Gobierno del Distrito Capital -y antiguo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana- Antonio Benavides.
Las medidas, aprobadas el 13 de noviembre pasado, contemplan tanto el congelamiento de activos como restricciones para la entrada a territorio de la UE de los sancionados.
Violaciones a la democracia y los DD.HH.
En su momento los embajadores de los 28 países miembros de la UE destacaron que las sanciones, que también incluyen un embargo a la venta de armas y "materiales conexos susceptibles de emplearse con fines de represión interna", podían "ser anuladas en función de la evolución de la situación en el país".
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Pero también se recalcó que las medidas podían ampliarse para tener como blanco a las personas implicadas en violaciones a los principios democráticos y los derechos humanos.
Así, la UE acusa a Lucena de haber "menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular al facilitar el establecimiento de la Asamblea Constituyente y al no garantizar que el CNE siga siendo una institución imparcial e independiente de conformidad con la Constitución venezolana".
Algo parecido se afirma del fiscal Saab, en su caso por apoyar públicamente acciones contra los opositores al Gobierno y la retirada de las competencias a la Asamblea Nacional.
De Cabello, por su parte, se destaca su uso de los medios de comunicación "para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil".
Mientras que al presidente del TSJ, Maikel Moreno, también se lo acusa de haber "apoyado y facilitado las acciones y políticas del Gobierno que han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela" y de ser "responsable de acciones y declaraciones que han usurpado la autoridad de la Asamblea Nacional".
Más graves son las acusaciones en contra de Reverol, a quien como excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana la UE hace responsable "de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la oposición democrática en Venezuela".
Lo mismo se dice del comandante del SEBIN, González, a quien la UE también en particular acusa de "detención arbitraria, tratos inhumanos y degradantes y torturas".
Mientras que Antonio Benavides también entra en la lista por sus acciones como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, cargo que desempeño hasta el 21 de junio de 2017.
"Sanciones estúpidas"
Según la Unión Europea, el objetivo de las sanciones -anunciadas poco después de unas elecciones municipales que según la UE estuvieron plagadas de irregularidades- es presionar por un proceso de diálogo"creíble y constructivo".
Pero, en su momento, el presidente venezolano Nicolás Maduro descalificó las medidas calificándolas de "estúpidas".
En esa oportunidad el gobierno venezolano emitió un comunicado repudiando "enérgicamente" la decisión, en el que también le reprochaba a los gobiernos europeos su "lamentable y vergonzosa subordinación a los dictámenes del gobierno de Estados Unidos".
