La expropiación de tierras en Perú fue masiva.
Más de nueve millones de hectáreas de tierras cultivables, una superficie equivalente al territorio de Portugal, fueron requisadas a partir de 1969 y durante la década que le siguió por el general Juan Velasco.
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El nuevo gobierno militar decía que estos campos, hasta entonces en manos de grandes terratenientes, serían repartidos entre 400.000 personas en un acto de justicia.
Fue la aplicación de una Reforma Agraria tres veces más grande que la ocurrida en otros países de Sudamérica, como Chile, Ecuador y Bolivia.
Pero ese acto heredaría un problema que más de cuatro décadas después no tiene solución: el pago por las tierras.
Junto a los poseedores de tierra peruanos, cerca de 200 fondos de inversión de Estados Unidos, la mayoría con capital de trabajadores jubilados, están demandando el pago de esas tierras.
Ello debido a que estos estadounidenses poseen cerca del 20% de los bonos que emitió el régimen de Velasco para compensar la expropiación de las tierras.
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El problema para Perú no solo es que tiene una deuda pendiente que saldar, sino que esas instituciones financieras estadounidenses están afectando las aspiraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski de llevar a Perú al club de países desarrollados.
Kuczynski se fijó como meta que Perú ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) antes de 2021, pero las disputas de impagos no lo están ayudando.
"Sería bueno para el gobierno de Perú, que tiene ambiciones de ser un gobierno de confianza y bien respetado, acabar con este tema antes que después", dice el profesor Arturo Porzecanski, de la American University en Washington D.C., un experto sobre esta problemática.
Los bonos de Velasco
Para llevar a cabo su ambicioso programa de justicia agraria, el general Velasco ideó un esquema de pagos que hoy tiene en problemas a Perú.
El jefe del primer gobierno militar, que rigió entre 1968 y 1980, solo garantizó el pago en efectivo del 15% de esas tierras.
Para saldar el resto, emitió bonos de gobierno que garantizaban el cubrimiento total de la deuda en un período de 20 a 30 años, lo que debía concluir a finales de la década pasada.
"La compensación que le dieron a estos dueños fue muy mísera. En promedio, una décima parte de lo que valían. Y para peor, en vez de pagarles en efectivo, cerca del 85% fue pago con bonos", explica Porzecanski, quien es autor de varios informes sobre la situación.
A ello se suma el hecho de que en los 80 y 90, Perú sufrió fuertes devaluaciones de su moneda, lo que dejó por los suelos el valor de los bonos.
El gobierno de Velasco emitió 10.000 bonos y en la actualidad hay más de 4.000 propietarios que reclaman el pago.Además de peruanos, hay estadounidenses descendientes de peruanos que huyeron tras la imposición del gobierno militar.
Pero parte de esos bonos activos, hasta 20%, están en manos de fondos de inversión de jubilados de EE.UU. que compraron los documentos de deuda y esperan obtener su pago.
"No somos estúpidos"
El caso del valor de los bonos y su pago ha llegado en varias ocasiones al Tribunal Constitucional de Perú, el cual ha dictaminado no solo que el gobierno debe pagarlos, sino también que debe darles el valor actual.
Para organizaciones como Tenedores de Bonos Peruano-Estadounidenses por la Justicia, el valor de la tierra expropiada es actualmente de unos US$42.000 millones.
Sin embargo, no están ni cerca de obtener una parte de esa cifra, pues el gobierno de Perú ha aplicado una actualización del valor que es casi nada para quienes piden un pago equitativo.
Una familia a la que le fueron expropiadas 231 hectáreas recibiría 2.522 soles peruanos, unos US$757, lo cual es menos de un centavo de dólar por metro cuadrado, según un informe publicado por la revista Forbes.
Eso debido a que el gobierno de Kuczynski ha emitido una opaca fórmula para calcular cuánto es el precio actualizado de los bonos. Ya que 20% de los bonos fueron adquiridos por inversionistas extranjeros, para el mandatario peruano esto se trata de un intento de los fondos especuladores que buscan beneficios.
"Estas personas piensan que pueden comprar algo por un centavo y hacer 100. No funciona de esa manera… Han contratado cabilderos, están haciendo un gran alboroto. Y no somos estúpidos. Sabemos qué hacer", dijo en una entrevista con la publicación Latin Finance.
Para el Ministerio de Hacienda, las demandas internacionales, que han presentado fondos de inversión como el estadounidense Gramercy, son un intento por "obtener mayores rendimientos a los que no tiene derecho", según indicó en un comunicado.
Pero la firma dice que solo se defiende ante "la negativa de Perú y su firme rechazo a tener discusiones sustanciales", lo que la ha orillado a "comenzar el arbitraje y hacer valer sus derechos", dijo en junio el presidente de la firma, Robert Koenigsberger.
Las aspiraciones a la OCDE
Este problema ha perdurado durante décadas, pero ha adquirido un nuevo tono en el marco de las intenciones de Perú por ingresar a la OCDE, el organismo de 34 países industrializados del que solo México y Chile son miembros por América Latina.
Aunque la OCDE aún no coloca a Perú como aspirante formal, Kuczynski está buscando mostrar a Perú como un país confiable para acceder al club.
Pero los poseedores de bonos, entre ellos los 200 fondos de jubilaciones de EE.UU., piensan que no tiene las cosas ordenadas en casa como para hacerlo. Ello bajo la sombra de países de la región como Venezuela en donde han ocurrido expropiaciones que resultan en grandes pérdidas para los capitales extranjeros.
Una decena de agrupaciones de ellos envió el domingo una carta al secretario de la OCDE en la que plantean las razones por las que señala que Perú no debe ingresar al organismo.
Incluyeron un análisis elaborado por Hans J. Blommestein, un exjefe de la oficina de Gestión de Deuda Pública de la OCDE (2001-2016), que señala la falta de compromiso de Perú para saldar sus deudas.
"La continua negativa de Perú a proporcionar una compensación justa por los Bonos de Reforma Agraria (…) es contraria a los valores centrales de la OCDE y es inconsistente con varios instrumentos legales de la OCDE y prácticas líderes", dice Blommestein en sus conclusiones.
"Estas acciones también son sintomáticas de deficiencias en la integridad pública, que la propia OCDE ha observado con preocupación en una reciente revisión de Perú", añade.
Para Porzecanski, resulta incomprensible que el gobierno no acceda a ordenar el pago de bonos pues, de acuerdo con análisis que él ha conocido, representaría un pago de entre US$3.000 millones y US$5.000 millones.
"Esto suena mucho dinero, pero para el gobierno de Perú es una fracción. Es algo que ciertamente el gobierno podría ir pagando de ahora en adelante y no afectaría la posición fiscal ni su calificación de pagos de las agencias de ratings", opina.
El académico considera que es una cuestión importante en el entorno latinoamericano donde las expropiaciones generan desconfianza.
"Dada la historia de Perú y de América Latina, es muy importante que se haga un punto final y capítulo aparte y se le encuentre una solución elegante y justa para que Perú pueda tener acceso a ese club de países bien manejados", concluye.
