Desigualdades fiscales

Lea la columna de opinión de Hiram Guadalupe.

Desigualdades fiscales

No es la primera vez que en Puerto Rico se ensayan medidas de austeridad e impuestos para subsanar la crisis fiscal. Ocurrió el pasado cuatrienio, cuando la administración gubernamental del Partido Popular Democrático impuso una retahíla de aumentos, presentó medidas para cercenar las pensiones públicas y aprobó la Ley 66.

Con esta última se declaró un estado de emergencia fiscal. Entonces, el Pepedé anunció que esa ley era parte de su plan para manejar las consecuencias de la crisis fiscal y económica del país, azotada por los anuncios de las casas acreditadoras que degradaban sin contemplación el crédito nacional.

La Ley 66 trajo medidas de austeridad en la Rama Ejecutiva, como reducción en la contratación de servicios profesionales y comprados, reducción en la nómina de empleados de confianza, controles para puestos vacantes y restricciones sobre concesión de aumentos en beneficios económicos.

También paralizó la negociación de convenios colectivos, dispuso controles fiscales en las corporaciones públicas y estableció un plan de reducción de gastos y contratos por concepto de arrendamientos.

Antes, en el cuatrienio de 2009 a 2012, los regentes de La Fortaleza aprobaron aumentos en impuestos, congelaron salarios, redujeron fondos a la Universidad de Puerto Rico y aprobaron la Ley 7, una medida que tuvo el efecto de dejar en la calle a más de 20,000 empleados públicos.

Ahora, en medio de la tensión provocada por la crisis y con las alternativas que, para resolverla, va delineando una impuesta Junta de Control Fiscal, recurrimos a la misma receta del pasado. Nuevos aumentos en impuestos se avecinan acompañados de cortes severos al gasto público que afectarán los servicios que recibe la ciudadanía y una política agresiva de privatización de bienes y servicios.

En suma, llevamos casi una década apostando a la austeridad y abacorando al país con más arbitrios y solo hemos logrado agudizar más la contracción económica y aumentar el empobrecimiento de nuestra población. Los efectos de la austeridad son un asunto harto estudiado por expertos en materia de economía y finanzas en todo el mundo, quienes han advertido ad nauseam lo contraproducente que resulta imponer severos recortes al gasto público en países que atraviesan por crisis fiscales. Sin embargo, a los políticos que han asumido el control gubernamental en los últimos años no se les ha ocurrido otra cosa que exprimir el fisco y ordeñar los bolsillos de la clase trabajadora y profesional para intentar resolver la difícil situación del país.

Entre tanto, se extienden los beneficios contributivos que reciben las grandes empresas manufactureras que emigran sus ganancias y se continúa con una política de exenciones a poderosos y millonarios inversores extranjeros que, sin aportar a la creación de empleos ni a impulsar un modelo de desarrollo económico, solo conciben el país como un paraíso fiscal.

El tratamiento que se ha dado a la situación de la isla es, sin dudas, desigual. Unos muchos llevamos años pagando los platos rotos de una crisis que resulta de las malas prácticas administrativas de gobiernos que se refugiaron en préstamos para cuadrar sus chequeras sin medir los efectos del endeudamiento.

Mientras, unos pocos viven desentendidos de la crítica condición económica del país y continúan la jauja de acumular riquezas a expensas del empobrecimiento de la ciudadanía.

Pensemos en la salud pública. En tiempos en que se alerta de las dificultades que tendrá nuestro sistema sanitario y lo difícil que es conseguir fondos para subsidiar los costos del plan de salud del Gobierno, no hay ni una sola propuesta en la mesa para transformar un modelo de salud cuyo control está en manos de aseguradoras privadas.

Nadie pone en dudas el enriquecimiento del que disfrutan las compañías privadas que administran el plan de salud público, pero no hay valentía política para transformarlo. Funcionarios electos y designados le tienen miedo al poder de estas empresas que controlan toda la operación del modelo salubrista gubernamental y que también ejercen poderío sobre cómo se administra la medicina desde el espacio privado.

Así no se puede. La acción gubernamental en tiempos de crisis debe iniciar con medidas que reduzcan las grandes ventajas del capital, antes de apretar los bolsillos de quienes producen y aportan al bienestar colectivo.