El representante June Rivera radicará una vez más su proyecto de Educación Especial que el gobernador Ricardo Rosselló vetó hace tres días, confirmó hoy en entrevista en Radio Isla.
La justificación de Fortaleza para el veto fue el impacto fiscal del proyecto. Sin embargo, recibió el aplauso de organizaciones en defensa de los derechos de estudiantes de educación especial, quienes argumentaron, en general, que la medida no agrega nada al actual estado de derecho.
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“Nuestra ley se atempera con el reglamentación federal y laley IDEA (Individuals with Disabilities Education Act)”, dijo a los periodistas Milly Méndez y Julio Rivera Saniel. Según el representante del distrito 28, otras juridsicciones de Estados Unidos le han pedido copia del documento para usarlo como referencia.
La comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, también fue insertada en la discusión y argymentó que “no necesitamos más legislación. Necesitamos que el Estado cumpla”.
Según la exsenadora, uno de los desméritos del proyecto es que, a pesar de que actualmente existe un mecanismo de revisión judicial para atender estos casos, el proyecto de Rivera exige que inicien un proceso judicial desde cero, perjudicando a estas familias que, argumentó Santiago, por lo general no tienen los recursos económicos para ello.
Entre otros ejemplos, Santiago explicó que “el proceso de registro tiene que ser continuo, y no es continuo. Para eso no se necesita legislación, ni para que se creen ubicaciones de acomodo razonable, tales como grupos de 8 y 10 estudiantes”.
La comisionada insistió: “¿Qué le añade el proyecto?” Entre puyitas y choques, Rivera y Santiago acordaron sostener una reunión el 1 de febrero a las 10:00 de la mañana para discutir a profundidad los méritos de la medida.
