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title: "Los derechos no se entregan"
description: "Lea la columna del expresidente del PPD"
canonical: "https://www.metro.pr/opinion/2026/11/12/los-derechos-no-se-entregan"
section: "Opinión"
author: "Jesús Manuel Ortiz"
author_url: "https://www.metro.pr/autor/jesus-manuel-ortiz"
published: "2026-11-12T07:00:00.000Z"
updated: "2026-11-12T07:00:02.094Z"
tags: ["Puerto Rico"]
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# Los derechos no se entregan

_Lea la columna del expresidente del PPD_

Por Jesús Manuel Ortiz · Opinión · 2026-11-12T07:00:00.000Z

Los derechos constitucionales no pueden depender del lugar donde una persona se encuentre ni de los documentos que lleve consigo. Esa debe ser nuestra premisa ante las intervenciones de ICE en Puerto Rico y Estados Unidos.

La discusión sobre el Proyecto del Senado 1062, relacionado con estudiantes inmigrantes, es parte de una controversia mayor. Las denuncias sobre la entrada de agentes al patio de la parroquia San Antonio de Padua, en Río Piedras, evidencian que la preocupación trasciende las escuelas. Abarca comunidades, lugares de trabajo y espacios religiosos.

Mi posición es clara: rechazo los abusos, la intimidación y el trato indigno contra inmigrantes. Una infracción migratoria no autoriza al Estado a desconocer las garantías constitucionales aplicables; de hecho, cuando el gobierno pretende detener a alguien o privarlo de su libertad es cuando el debido proceso cobra mayor importancia.

El gobierno de Puerto Rico tampoco puede evadir su responsabilidad. Según los documentos divulgados por la ACLU, el DTOP, en un acto de traición, entregó información personal de 6,321 inmigrantes con licencias de conducir, incluyendo nombres, fechas de nacimiento y direcciones residenciales. Todo en respuesta a un requerimiento administrativo federal, no a una orden judicial.

Eso exige explicaciones y rendición de cuentas. Quienes acudieron al gobierno para obtener una licencia entregaron datos para un trámite autorizado por ley. El uso posterior de esa información para fines migratorios plantea cuestionamientos sobre intimidad, confidencialidad y confianza pública. La cooperación gubernamental debe tener fundamento jurídico y respetar las protecciones correspondientes.

No sostengo que una iglesia, una escuela o cualquier otro lugar elimine automáticamente las facultades legales de las autoridades. Establezco que esas facultades tienen límites y que ningún escenario convierte los derechos fundamentales en una concesión opcional. Tampoco corresponde presumir que toda solicitud federal obliga a entregar indiscriminadamente información.

Nuestra Constitución reconoce la dignidad, la igualdad, la intimidad y el debido proceso. Defender esas garantías requiere acciones: examinar requerimientos, proteger datos, fiscalizar intervenciones y reclamar responsabilidades por los abusos.

Aceptar que el poder ignore derechos cuando persigue a personas vulnerables debilita nuestro sistema de derecho. Puerto Rico debe defenderlos siempre, sin miedo ni conveniencia política.

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