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title: "Ley migratoria y protección de nuestros niños: dos responsabilidades que deben coexistir"
description: "Lea la columna de la presidenta de proyecto Dignidad"
canonical: "https://www.metro.pr/opinion/2026/11/12/ley-migratoria-y-proteccion-de-nuestros-ninos-dos-responsabilidades-que-deben-coexistir"
section: "Opinión"
author: "Nilda Pérez Martínez"
author_url: "https://www.metro.pr/autor/nilda-perez-martinez"
published: "2026-11-12T07:00:00.000Z"
updated: "2026-11-12T07:00:00.953Z"
tags: ["Puerto Rico"]
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# Ley migratoria y protección de nuestros niños: dos responsabilidades que deben coexistir

_Lea la columna de la presidenta de proyecto Dignidad_

Por Nilda Pérez Martínez · Opinión · 2026-11-12T07:00:00.000Z

El debate sobre la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las escuelas de Puerto Rico nos coloca ante una discusión que debemos atender con responsabilidad, sensibilidad y respeto a nuestro ordenamiento jurídico.

En Proyecto Dignidad creemos firmemente en el estado de derecho. Reconocemos la autoridad del Gobierno federal para establecer y hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos. Toda nación tiene el derecho y la responsabilidad de regular sus fronteras y establecer los procesos legales que rigen la entrada y permanencia de personas en su territorio.

Sin embargo, el cumplimiento de la ley y la protección de nuestros niños no son principios incompatibles. Ambos deben coexistir dentro de un sistema que reconoce la dignidad humana, el debido proceso y los derechos constitucionales de toda persona.

Las escuelas son espacios de enseñanza, formación y desarrollo integral. Nuestros estudiantes deben sentirse seguros mientras reciben su educación, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria familiar. Ningún menor debe cargar con las consecuencias de decisiones migratorias que no le corresponde tomar.

Por ello, entendemos que cualquier intervención de las autoridades migratorias en un plantel escolar debe cumplir con los requisitos legales aplicables y realizarse mediante procedimientos que protejan la integridad física, emocional y psicológica de nuestros estudiantes.

Los padres tienen un papel fundamental e irremplazable en la protección de sus hijos. Como principio general, deben ser notificados oportunamente cuando una autoridad pretenda intervenir directamente con un menor dentro de una institución educativa y tener la oportunidad de acompañarlo, siempre que las circunstancias y el ordenamiento jurídico lo permitan. Las excepciones deben responder a fundamentos legales, no a decisiones arbitrarias.

Asimismo, debemos proteger rigurosamente la privacidad de los expedientes académicos y la información personal de nuestros estudiantes. Las escuelas no deben divulgar información confidencial sin la autorización o fundamento legal correspondiente.

El Proyecto del Senado 1062 representa una oportunidad para establecer reglas claras que orienten a los directores escolares, maestros y funcionarios públicos. Consideramos indispensable que cualquier legislación contemple protocolos específicos, capacitación al personal escolar y mecanismos adecuados de comunicación con los padres. También debe distinguir entre los diferentes tipos de órdenes y requerimientos de las autoridades federales, respetando las competencias de cada jurisdicción.

No debemos permitir que esta controversia se convierta en una confrontación de extremos ideológicos. Defender las leyes migratorias no significa renunciar a la sensibilidad humana, así como proteger a nuestros niños no implica promover el incumplimiento de la ley.

El verdadero reto de nuestros legisladores es garantizar que ambas responsabilidades puedan cumplirse sin menoscabar los derechos fundamentales de los menores ni obstaculizar actuaciones legítimas de las autoridades.

En Proyecto Dignidad reafirmamos nuestro compromiso con el estado de derecho, la protección de la familia, la autoridad y responsabilidad de los padres y la seguridad de nuestros estudiantes.

Porque una sociedad verdaderamente digna no tiene que escoger entre hacer cumplir la ley y proteger a sus niños. Tiene la obligación de hacer ambas cosas.

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