Rama Judicial: ¿debe reformarse?

Lea la columna del expresidente del PPD

Por Jesús Manuel Ortiz

22 oct, 3:00 am 2 min de lectura
Rama Judicial: ¿debe reformarse?

Hablar de reforma judicial ofrece una oportunidad para pensar cómo acercar la justicia a la ciudadanía. La tecnología permite explorar esa conversación desde una perspectiva constructiva: fortalecer el servicio, facilitar trámites y aprovechar mejor el tiempo de quienes acuden a los tribunales.

Puerto Rico tiene un camino recorrido. SUMAC permite la presentación y el manejo electrónico de casos, mientras el Tribunal Electrónico facilita al público solicitar órdenes de protección, servicios de mediación y otros remedios. Son avances importantes que merecen reconocerse y seguir desarrollándose.

También se ha ampliado el acceso mediante videoconferencias. La iniciativa para residentes de Naranjito, Comerío y Barranquitas ilustra cómo la colaboración entre el Poder Judicial y los municipios puede acercar servicios judiciales a las comunidades. Para quien enfrenta dificultades de transportación, esa posibilidad tiene un valor concreto.

Otras jurisdicciones ofrecen experiencias que podemos estudiar. En Canadá, el Civil Resolution Tribunal, un tribunal administrativo, integra orientación digital, negociación entre las partes y facilitación para atender determinadas controversias civiles. Si no hay acuerdo, una persona adjudicadora independiente resuelve la reclamación. La tecnología acompaña distintas etapas del proceso.

En Singapur, la plataforma Community Justice and Tribunals System permite negociar y, en ciertos asuntos, mediar en línea. Cuando se alcanza un acuerdo y se cumplen los requisitos correspondientes, las partes pueden concluir el asunto sin comparecer físicamente al tribunal. Es una experiencia útil para examinar posibilidades adicionales de solución de conflictos.

Sobre esa base, Puerto Rico puede evaluar más formularios guiados en lenguaje sencillo, herramientas para conocer el estado de los trámites y nuevas opciones de mediación digital. Cada iniciativa debe probarse y medirse según su utilidad para las personas.

Ese desarrollo exige proteger la confidencialidad, fortalecer la ciberseguridad y ofrecer asistencia a quienes carecen de conectividad o destrezas digitales. Cualquier incorporación de inteligencia artificial debe preservar la supervisión humana y las garantías procesales.

La reforma puede construirse sobre lo logrado, con colaboración, capacitación y recursos. Su medida más importante será cuánto facilita que una persona comprenda el proceso y pueda ejercer sus derechos. Una justicia más accesible fortalece la confianza en nuestras instituciones.

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