Un retiro digno y un presupuesto responsable
Lea la columna del abogado estadista
El presupuesto de un país es una declaración de prioridades. Más allá de los discursos, revela a quiénes decidimos atender y qué compromisos estamos dispuestos a sostener. Por eso, la discusión sobre las pensiones de los servidores públicos merece sensibilidad, pero también franqueza.
Miles de puertorriqueños dedicaron su vida a enseñar, proteger nuestras comunidades y mantener en funcionamiento los servicios del Gobierno. Cumplir con las pensiones que les corresponden es una obligación. También debemos reconocer que, para quien recibe una pensión modesta, el aumento en el costo de los alimentos, los medicamentos y la vivienda puede convertir el retiro en una lucha diaria. Un país que valora el servicio público debe procurar que sus jubilados vivan esa etapa con dignidad.
La propuesta ante la Legislatura busca elevar a $1,000 mensuales la pensión mínima de determinados maestros y empleados públicos retirados. Su propósito responde a una necesidad real. Sin embargo, hay una distinción que no debemos perder de vista: el derecho a recibir la pensión reconocida no significa que todo aumento futuro sea un derecho automático. Crear un beneficio adicional requiere una decisión pública y una fuente para pagarlo año tras año.
Según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, la propuesta añadiría aproximadamente $232.6 millones anuales al gasto público. Ese dinero no aparece por aprobar una ley. Bajo el sistema actual, las pensiones se pagan con recursos del Gobierno, a los que aportan los contribuyentes. Tampoco debemos confundir este arreglo con el Seguro Social federal, al cual trabajadores y patronos realizan aportaciones bajo un sistema de alcance general.
Esto plantea una pregunta de justicia. Muchos trabajadores del sector privado también llegan a la vejez con ingresos insuficientes y sin una pensión pública. Ellos contribuyen a financiar los servicios del Estado y cualquier aumento permanente que se apruebe. Sus necesidades deben estar presentes cuando decidimos cómo distribuir recursos limitados.
La respuesta no tiene que ser darle la espalda a los pensionados. Debe comenzar por identificar quiénes enfrentan mayor necesidad, calcular el costo presente y futuro de cualquier medida y demostrar de dónde saldrá el dinero de forma recurrente. También exige examinar si la propuesta es compatible con las obligaciones legales y fiscales vigentes. Prometer un aumento que luego no pueda sostenerse sería una falsa esperanza.
Podemos aspirar a un retiro digno para quienes sirvieron a Puerto Rico y, a la vez, exigir que cada decisión sea viable y justa para el resto del país. Esa es precisamente la responsabilidad que impone un presupuesto: convertir nuestras prioridades en compromisos que podamos cumplir.
