Aumento en las pensiones: ¿de dónde sacamos el dinero?
Lea la columna del expresidente del PPD
Estoy a favor de aumentar las pensiones de nuestros retirados. Lo he estado por años. Quien ha trabajado toda una vida merece una vejez digna y resulta difícil sostener que una pensión de unos pocos cientos de dólares mensuales permite enfrentar el costo de vida actual.
Pero estar a favor del aumento no significa que debamos aprobarlo sin contestar una pregunta fundamental: ¿de dónde sacamos el dinero?
La propuesta ante la Legislatura elevaría a $1,000 mensuales la pensión mínima de maestros y empleados públicos retirados. Según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, tendría un costo aproximado de $232.6 millones cada año.
Y ahí está la palabra importante: cada año.
No estamos hablando de conseguir dinero una sola vez. Estamos creando una obligación permanente. Por eso, cualquier propuesta seria tiene que identificar una fuente de ingresos recurrente que permita cumplirla sin comprometer servicios esenciales, aumentar impuestos o crear mañana otro problema fiscal.
Existe, además, otro obstáculo que no podemos ignorar. La Orden de Confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda establece una prohibición por diez años a legislación que cree o amplíe beneficios de pensión. La propia OPAL advierte que el aumento propuesto podría entrar en conflicto con esa disposición.
No lo señalo para defender aquel Plan. Todo lo contrario. Como legislador voté contra la legislación que lo viabilizó y advertí públicamente sobre sus consecuencias para el futuro fiscal del país y para nuestros pensionados. Pero una cosa es haber rechazado aquel acuerdo y otra pretender hoy que sus restricciones no existen.
El reto del gobierno y la Legislatura es entonces doble: encontrar una alternativa jurídicamente viable y, sobre todo, identificar cómo pagarla responsablemente.
Nuestros pensionados no pueden convertirse en instrumentos de una competencia política por ver quién promete más. Merecen algo mejor: soluciones que puedan cumplirse.
Aumentar las pensiones es un acto de justicia. Hacerlo sin identificar cómo pagarlas es un acto de irresponsabilidad. Puerto Rico debe encontrar la manera de hacer lo primero sin volver a cometer lo segundo.
