LUMA debe salir, pero ¿qué viene después?
Lea la columna del expresidente del PPD
En cuanto a LUMA, mi posición es clara: estoy convencido de que ha incumplido el contrato y, por esa razón, debe salir de Puerto Rico.
El Gobierno también persigue la salida del operador. Sin embargo, ha escogido un camino distinto: cuestionar judicialmente la validez de la carta que extendió el acuerdo suplementario en 2022. Aunque coincido con el resultado que procura, me parece equivocado descansar la estrategia en la supuesta nulidad de esa extensión.
La discusión principal no debe ser si un documento fue aprobado correctamente. La pregunta medular es si LUMA cumplió con las obligaciones para las cuales fue contratada. La experiencia del país ofrece una respuesta: interrupciones frecuentes, deficiencias en el servicio al cliente, falta de los ahorros prometidos, lentitud en la reconstrucción y una fiscalización insuficiente. Un contrato para administrar un servicio esencial no puede convertirse en un escudo frente al incumplimiento.
Pero cancelar un contrato tampoco constituye, por sí solo, una política energética. Rechazar a LUMA no significa respaldar la improvisación. Antes de completar su salida, el Gobierno tiene la responsabilidad de explicar quién administrará el sistema, cómo se conservará el personal técnico, qué ocurrirá con los proyectos financiados con fondos federales y cómo se garantizará la continuidad del servicio.
Puerto Rico necesita una transición organizada, con dirección técnica, calendario, responsabilidades definidas y rendición de cuentas. No podemos regresar al modelo politizado que debilitó a la Autoridad de Energía Eléctrica ni sustituir a LUMA mediante otro acuerdo carente de métricas exigibles y supervisión competente.
La discusión, además, debe superar los nombres de las empresas. Nuestro futuro requiere mayor inversión, diversificación de las fuentes de generación, energía renovable, almacenamiento, generación distribuida y una red capaz de resistir emergencias. El modelo que se seleccione deberá evaluarse por su confiabilidad, costo, transparencia y aportación al desarrollo del país.
La energía no es únicamente un servicio público. Es infraestructura económica. De ella dependen la inversión, la competitividad de nuestros negocios, la prestación de servicios esenciales y la calidad de vida de cada familia.
LUMA debe salir porque ha incumplido. Sin embargo, Puerto Rico necesita algo más que terminar un contrato: necesita un Gobierno preparado para ejecutar el próximo paso y una visión clara del sistema eléctrico que queremos construir.
