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title: "Power Expectations: el escándalo es el sistema"
description: "Lee aquí la columna de la presidenta del partido Proyecto Dignidad"
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section: "Opinión"
author: "Nilda Pérez Martínez"
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published: "2026-08-27T08:00:00.000Z"
updated: "2026-08-27T08:00:02.298Z"
tags: ["Opinion o Columnas", "Puerto Rico"]
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# Power Expectations: el escándalo es el sistema

_Lee aquí la columna de la presidenta del partido Proyecto Dignidad_

Por Nilda Pérez Martínez · Opinión · 2026-08-27T08:00:00.000Z

Puerto Rico no puede seguir administrando los escándalos como si fueran parte inevitable de nuestra vida pública. La controversia alrededor del contrato de Power Expectations no debe verse simplemente como otro contrato que salió mal. Lo ocurrido nos obliga a hacernos una pregunta mucho más profunda: ¿qué está fallando en nuestra cultura de gobierno para que procesos de miles de millones de dólares puedan avanzar rodeados de tantas interrogantes?

Estamos hablando de un contrato relacionado con uno de los servicios más esenciales y frágiles de Puerto Rico: la energía eléctrica. Un acuerdo de esta magnitud requería los más altos niveles de rigurosidad, transparencia, fiscalización y responsabilidad.

Sin embargo, las controversias que posteriormente salieron a la luz, relacionadas con la participación de empresas, firmas, capacidad financiera, garantías de cumplimiento y el proceso mediante el cual se formalizó el acuerdo, levantaron serios cuestionamientos que eventualmente provocaron que la Junta de Supervisión Fiscal revocara su aprobación. Eso, por sí solo, debería estremecer al país.

Pero el problema es mucho mayor que Power Expectations. Cancelar un contrato cuestionado es necesario, pero no suficiente. La cancelación puede detener un acuerdo, pero no explica cómo llegamos hasta allí. Puerto Rico necesita saber quién sabía qué, desde cuándo lo sabía, qué verificaciones se realizaron, quién certificó la capacidad de los participantes, quién examinó la autoridad de quienes firmaban y por qué las señales de alerta no detuvieron inmediatamente un proceso de esta magnitud.

Desde Proyecto Dignidad, hemos insistido en que la lucha contra la corrupción no puede limitarse a encarcelar al funcionario que finalmente cruza la línea de la ilegalidad. Tenemos que construir estructuras que dificulten que la corrupción, el favoritismo, el tráfico de influencias y los conflictos de interés encuentren terreno fértil dentro del gobierno.

Porque la corrupción no comienza necesariamente cuando alguien recibe un soborno.

También se alimenta de procesos opacos, controles débiles, fiscalización tardía, puertas giratorias, acceso privilegiado, intermediarios cuya participación no está suficientemente clara y una cultura donde demasiadas veces nadie parece ser responsable cuando algo sale mal.

Cada vez que surge un escándalo público en Puerto Rico, comienza el mismo desfile de explicaciones.

Una agencia señala a otra. Un funcionario asegura que desconocía determinada información. Otro sostiene que actuó basado en las certificaciones que recibió. Una dependencia afirma que su función era limitada y otra asegura que solamente recomendó.

Al final, el contrato pasó por muchas manos, pero aparentemente **nadie era responsable de verlo completo**.

Ese modelo tiene que terminar.

No podemos administrar miles de millones de dólares mediante un sistema donde la responsabilidad se fragmenta tanto que termina desapareciendo.

La transparencia no puede comenzar después de que un periodista descubre una irregularidad. La fiscalización no puede comenzar cuando el contrato ya está firmado. Y las investigaciones no pueden convertirse simplemente en mecanismos para manejar una crisis mediática hasta que aparezca el próximo escándalo.

**De la denuncia a la acción: nuestra agenda anticorrupción**

Precisamente por eso, esta semana, **Proyecto Dignidad presentó una agenda legislativa anticorrupción, dirigida a cerrar espacios al inversionismo político, el tráfico de influencias, los conflictos de interés y el uso indebido de fondos públicos**.

Nuestra propuesta no se limita a señalar lo que está mal. Busca cambiar las reglas que permiten que estas prácticas continúen reproduciéndose.

La agenda incluye los **proyectos de la Cámara 1358, 1359, 1361, 1362 y 1367**, además de nuestro respaldo al **Proyecto de la Cámara 42**, dirigido a reglamentar y fiscalizar el cabildeo, y nuestro apoyo a la iniciativa multisectorial impulsada por **Jorge Colberg** para prohibir que fondos públicos destinados a proyectos gubernamentales sean utilizados para pagar servicios de cabildeo.

Estas medidas levantan cuatro barreras que entendemos son indispensables para comenzar a cambiar la cultura gubernamental de Puerto Rico:

**Primero, transparencia en el cabildeo.** El ciudadano tiene derecho a saber quién intenta influir sobre las decisiones del gobierno, a nombre de quién lo hace y qué intereses representa. El cabildeo no puede continuar desarrollándose en espacios donde resulte difícil conocer quién tiene acceso a los procesos decisionales.

**Segundo, separar los contratos gubernamentales de los donativos políticos.** El **Proyecto de la Cámara 1361** propone que toda persona que procure obtener, perfeccionar o enmendar un contrato gubernamental tenga que presentar una declaración jurada de sus donativos y gastos políticos correspondientes a los cuatro años anteriores. La obligación también alcanzaría a sus principales oficiales. Además, se prohibirían donativos políticos durante la vigencia del contrato y se establecerían mecanismos para investigar incumplimientos, incluyendo la posible descalificación.

No estamos diciendo que todo donativo político implique corrupción. Lo que estamos diciendo es que **el pueblo tiene derecho a conocer las relaciones económicas que puedan crear la apariencia o realidad de influencia sobre la contratación pública**.

**Tercero, combatir la puerta giratoria.** Tenemos que establecer periodos de enfriamiento y controles que reduzcan la posibilidad de que personas pasen inmediatamente de posiciones gubernamentales con poder decisional a representar intereses privados ante las mismas estructuras sobre las cuales tuvieron autoridad.

**Cuarto, proteger los fondos públicos del pago de cabilderos.** Proyecto Dignidad se ha unido a la iniciativa multisectorial para impedir que fondos públicos asignados a proyectos gubernamentales terminen utilizándose para pagar cabilderos. El dinero del pueblo debe utilizarse para ejecutar las obras y prestar los servicios para los cuales fue autorizado, no para financiar esfuerzos de influencia política.

Esta agenda responde a una convicción sencilla: **la mejor política anticorrupción no es solamente castigar al corrupto después del delito; es construir un sistema que cierre las puertas antes de que la corrupción pueda entrar.**

**El problema no tiene color político**

En Proyecto Dignidad, rechazamos la idea de combatir la corrupción utilizando los escándalos como armas electorales contra un partido mientras se guarda silencio cuando los cuestionamientos alcanzan a personas cercanas a nosotros.

La corrupción no es azul, roja, verde ni de ningún otro color.

**La corrupción es corrupción.**

Y quien aspire a gobernar tiene que estar dispuesto a establecer controles que también limiten a los suyos.

Por eso, nuestra propuesta tiene que aplicarse independientemente de quién ocupe La Fortaleza, controle la Legislatura o dirija una agencia pública.

Puerto Rico necesita una nueva cultura de servicio público donde los contratos de gran magnitud estén sujetos a controles preventivos rigurosos; donde podamos conocer quiénes intervienen como cabilderos, consultores e intermediarios; donde los conflictos de interés sean identificados antes de contratar; y donde exista trazabilidad sobre quién recomendó, evaluó, autorizó y certificó cada etapa.

**La corrupción también se combate cambiando la cultura**

La corrupción tiene un costo que va mucho más allá del dinero perdido.

Destruye la confianza del ciudadano en sus instituciones. Desmoraliza al servidor público honesto. Encarece los servicios. Alimenta el cinismo y convence a muchos puertorriqueños de que las conexiones importan más que la capacidad y que quienes tienen acceso al poder siempre tendrán ventajas sobre quienes cumplen las reglas.

Esa cultura es incompatible con el Puerto Rico digno que queremos construir.

El caso Power Expectations debe convertirse en un punto de inflexión. No para condenar anticipadamente a personas cuya responsabilidad corresponde determinar mediante investigaciones y el debido proceso, sino para exigir algo elemental: **que cada funcionario y cada entidad que intervino en este proceso rinda cuentas por sus actuaciones y decisiones.**

Queremos saber qué ocurrió.

Queremos saber cómo ocurrió.

Queremos saber quién conocía las irregularidades y cuándo las conoció.

Pero también queremos hacer algo más importante: **cambiar las reglas para reducir las posibilidades de que vuelva a ocurrir.**

Por eso, Proyecto Dignidad ha presentado esta agenda anticorrupción. Porque denunciar después del escándalo no basta. Hay que legislar antes del próximo.

Puerto Rico no está condenado a vivir saltando de escándalo en escándalo.

Podemos construir un gobierno donde la transparencia sea la norma, la fiscalización ocurra antes de comprometer millones de dólares y las relaciones políticas no sean una puerta privilegiada hacia los contratos públicos.

**La dignidad en el servicio público no puede ser un eslogan. Tiene que convertirse en una forma de gobernar.**

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