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title: "Envejecer en Puerto Rico: una responsabilidad compartida"
description: "Lee aquí la columna del abogado estadista"
canonical: "https://www.metro.pr/opinion/2026/08/20/envejecer-en-puerto-rico-una-responsabilidad-compartida"
section: "Opinión"
author: "Alejandro Figueroa"
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published: "2026-08-20T08:00:00.000Z"
updated: "2026-08-20T08:00:00.694Z"
tags: ["Opinion o Columnas", "Puerto Rico"]
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# Envejecer en Puerto Rico: una responsabilidad compartida

_Lee aquí la columna del abogado estadista_

Por Alejandro Figueroa · Opinión · 2026-08-20T08:00:00.000Z

Puerto Rico está envejeciendo aceleradamente. No se trata de una proyección distante ni de un problema que podamos posponer para la próxima generación. Es una realidad que ya se refleja en nuestros hogares, hospitales, centros de cuidado y lugares de trabajo.

Según los datos más recientes del Negociado del Censo de Estados Unidos, aproximadamente uno de cada cuatro puertorriqueños tiene 65 años o más, mientras que apenas uno de cada diez es menor de 18 años. Al mismo tiempo, nuestra población se redujo de 3.7 millones de habitantes en 2010 a cerca de 3.18 millones en 2025. La tasa de participación laboral de las personas mayores de 16 años refleja que solo cuatro de cada diez participa activamente de nuestra economía mediante un empleo formal. Estas cifras describen una sociedad con cada vez más adultos mayores y una base proporcionalmente menor de personas en edad productiva.

El envejecimiento de la población es, en parte, una buena noticia. Significa que muchas personas viven más tiempo y tienen la oportunidad de compartir durante más años con sus familias y comunidades. No debemos presentar la vejez como una enfermedad ni describir a las personas mayores únicamente como una carga. Muchas continúan trabajando, cuidando nietos, apoyando económicamente a sus familias, transmitiendo conocimientos y participando activamente en la vida social.

Pero celebrar la longevidad no nos exime de enfrentar sus consecuencias. Una población de mayor edad requiere más servicios médicos, medicamentos, atención especializada, rehabilitación, transportación accesible, asistencia domiciliaria y cuidado prolongado. Las enfermedades crónicas, las limitaciones de movilidad y condiciones como el alzhéimer y otras formas de demencia requieren tratamientos continuos y, con frecuencia, la participación de distintos profesionales.

Esto ocurre en una isla cuyo sistema de salud ya enfrenta limitaciones económicas, escasez de determinados especialistas y grandes desigualdades geográficas. La demanda continuará aumentando mientras disminuye, proporcionalmente, el número de trabajadores que producen, pagan contribuciones y sostienen los programas públicos. El problema, por tanto, no es solamente sanitario. También es económico, laboral, presupuestario y profundamente familiar.

Una sociedad puede soportar esa transformación si la planifica. Lo que no puede hacer es improvisar indefinidamente.

El primer espacio en el que se manifiesta esta realidad es la familia. En Puerto Rico, todavía existe una fuerte tradición de solidaridad intergeneracional. Hijos, hijas, nietos y otros parientes acompañan a sus familiares a citas médicas, administran medicamentos, preparan alimentos, ayudan con las finanzas y, en muchos casos, reorganizan completamente sus vidas para atenderlos.

Ese compromiso debe preservarse. Cuidar a quienes nos cuidaron no es solo una expresión de gratitud; es una forma concreta de reconocer la dignidad humana y la continuidad entre generaciones. La responsabilidad familiar comienza mucho antes de que ocurra una emergencia. Supone conversar sobre el futuro, conocer las condiciones médicas de nuestros padres y abuelos, promover la planificación financiera y sucesoral, identificar redes de apoyo y distribuir las tareas entre los integrantes de la familia.

No basta con llamar ocasionalmente o aparecer cuando la crisis ya ha estallado. El abandono también puede producirse en medio de la aparente cercanía: cuando nadie verifica si una persona tomó sus medicamentos, si puede alimentarse adecuadamente, si comprende sus cuentas o si está viviendo en soledad y depresión.

Sin embargo, tampoco sería justo convertir ese deber moral en una obligación ilimitada que recaiga exclusivamente sobre las generaciones más jóvenes. Muchos cuidadores trabajan a tiempo completo, crían hijos y enfrentan sus propios problemas económicos y de salud. Otros viven fuera de Puerto Rico como consecuencia de la emigración. Con frecuencia, un solo hijo termina asumiendo una responsabilidad que debería compartirse.

El agotamiento del cuidador es real. Puede provocar pérdida de ingresos, deterioro de la salud física y emocional y, eventualmente, reducir la calidad del cuidado que recibe la persona mayor. Pedir ayuda no equivale a abandonar a un familiar. En ocasiones, es precisamente la decisión más responsable.

Aquí entra la función indispensable del Estado. La familia debe acompañar, proteger y participar, pero el gobierno no puede utilizar la solidaridad familiar como excusa para desentenderse. Hay necesidades que ninguna familia, por amorosa que sea, puede atender por sí sola.

Puerto Rico cuenta con iniciativas importantes. El Departamento de Salud ha formulado un Plan Decenal de Envejecimiento Saludable dirigido, entre otras cosas, a promover entornos adecuados, atención integral y servicios de cuidado prolongado. La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada coordina programas de nutrición, transportación, apoyo en el hogar, capacitación y respiro para cuidadores.

El desafío es lograr que estos esfuerzos dejen de ser programas fragmentados, de acceso limitado o sujetos a fondos inciertos, y se conviertan en una verdadera política pública de cuidado. Necesitamos ampliar los servicios domiciliarios y comunitarios; capacitar y apoyar económicamente a los cuidadores; mejorar la transportación médica; fiscalizar rigurosamente los hogares y centros de cuidado; incentivar la formación y permanencia de geriatras, enfermeros, trabajadores sociales y asistentes; y facilitar que las personas puedan envejecer en sus hogares cuando ello sea seguro y viable.

En última instancia, el cuidado de nuestros adultos mayores exige un nuevo pacto entre la persona, la familia, la comunidad, el sector privado y el Estado. La familia no puede delegar toda su responsabilidad al gobierno, pero el gobierno tampoco puede descargar su obligación sobre familias agotadas y empobrecidas.

Las generaciones jóvenes tienen un deber de presencia, respeto y solidaridad hacia quienes envejecen. Ese deber, sin embargo, debe estar respaldado por servicios públicos accesibles y por una estructura social que haga posible cuidar sin destruir la salud, el empleo o el futuro de quien cuida.

La pregunta no es únicamente qué haremos por los adultos mayores de hoy. La verdadera pregunta es qué clase de sociedad queremos encontrar cuando nos corresponda envejecer. La respuesta dependerá de las decisiones que tomemos ahora.

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