La Junta de Planificación y el DDEC son la columna vertebral del desarrollo económico sostenible de Puerto Rico
Lee aquí la columna de los catedráticos en el Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural de la Universidad de Puerto Rico. Uno preside la Asociación de Economistas.
Por Héctor Tavárez y Julio Hernández
Cuando se habla de desarrollo económico, muchas personas piensan únicamente en la creación de empleos o en la atracción de nuevas empresas. Sin embargo, el verdadero desarrollo económico sostenible demanda mucho más que crecimiento a corto plazo. Requiere planificación, coordinación, infraestructura, uso eficiente de los recursos y una visión de futuro. En Puerto Rico, dos instituciones desempeñan un papel fundamental para alcanzar ese objetivo: la Junta de Planificación y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
La Junta de Planificación es la entidad encargada de diseñar la visión territorial y económica del país. Sus funciones principales son recopilar datos y analizar tendencias demográficas, sociales, económicas y ambientales para orientar el uso adecuado del suelo, la infraestructura y los recursos naturales. Es decir, ayuda a responder preguntas fundamentales: ¿dónde debe ubicarse la actividad económica?, ¿qué zonas deben conservarse?, ¿cómo se deben desarrollar las comunidades?, y ¿qué infraestructura será crucial en las próximas décadas? Sin una planificación adecuada, el crecimiento económico puede convertirse en un proceso desorganizado que genera ambigüedad, pérdida de recursos naturales y mayores costos para la sociedad, lacerando el desarrollo económico a largo plazo.
Por su parte, el DDEC tiene la responsabilidad de ejecutar gran parte de la política económica del gobierno. Su misión incluye promover la inversión local, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, fortalecer sectores estratégicos – y en ocasiones en regiones vitales–, fomentar la innovación y atraer capital externo. Mientras la Junta de Planificación diseña el mapa y la ruta, el DDEC impulsa los proyectos, incentivos y programas necesarios para convertir esa visión en realidad.
La relación entre ambas agencias es esencial. Una economía no puede desarrollarse de manera sostenible si la planificación y la ejecución operan por separado. De poco sirve atraer nuevas industrias si no existe la infraestructura adecuada para sostenerlas. De igual forma, elaborar excelentes planes de desarrollo carece de valor si no existen mecanismos efectivos para implementarlos. La coordinación entre ambas instituciones permite que las inversiones públicas y privadas se alineen con las necesidades reales del país.
Además, Puerto Rico enfrenta desafíos complejos que hacen aún más importante esta colaboración, como la reducción poblacional y el envejecimiento demográfico observados en los últimos 15 años, la vulnerabilidad a fenómenos naturales como huracanes, sequías y terremotos, las limitaciones fiscales, la degradación ambiental, la inseguridad alimentaria y la necesidad de aumentar la productividad. Estos desafíos requieren políticas integradas y de largo plazo. Estos retos no pueden resolverse mediante decisiones aisladas o improvisadas. Exigen planificación estratégica y ejecución eficiente.
Por estas razones, la Junta de Planificación y el DDEC constituyen la columna vertebral del desarrollo económico sostenible de Puerto Rico. La primera aporta datos, dirección, análisis y visión de futuro; el segundo transforma esa visión en acciones concretas que generan inversión, empleo y nuevas oportunidades en otros sectores importantes para el desarrollo sostenible. Cuando ambas instituciones funcionan de manera coordinada y eficiente, y son dirigidas y asesoradas por profesionales con la preparación técnica adecuada, aumentan significativamente las probabilidades de construir una economía más competitiva, resiliente y sostenible para las futuras generaciones.
Es crucial que el gobierno central reconozca la importancia de estas agencias y les asigne los recursos necesarios para reclutar y retener profesionales altamente capacitados en disciplinas como economía, estadística, planificación urbana y ambiental, agricultura, ingeniería, hidrología, geografía, entre otras. Esto no implica restar importancia al rol de los abogados, quienes constituyen un componente esencial en la formulación e implementación de estrategias de desarrollo sostenible. La Junta de Planificación y el DDEC deben contar con el capital humano adecuado y con escalas salariales competitivas que eviten la fuga de talento y fortalezcan la capacidad institucional del gobierno. Solo así podrán desarrollar una visión integrada, organizada y de largo plazo para el futuro económico de Puerto Rico. Fortalecer estas instituciones no debe verse como un gasto gubernamental más, sino como una inversión estratégica para construir un país más competitivo, resiliente y próspero.
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