--- title: "PROMESA a los diez años: lecciones de una década bajo supervisión fiscal" description: "Lee aquí la columna del abogado estadista" canonical: "https://www.metro.pr/opinion/2026/06/25/promesa-a-los-diez-anos-lecciones-de-una-decada-bajo-supervision-fiscal" section: "Opinión" author: "Alejandro Figueroa" author_url: "https://www.metro.pr/autor/alejandro-figueroa" published: "2026-06-25T08:00:00.000Z" updated: "2026-06-25T08:00:00.733Z" tags: ["Opinion o Columnas", "Puerto Rico"] publisher: "Metro Puerto Rico" language: "es" --- # PROMESA a los diez años: lecciones de una década bajo supervisión fiscal _Lee aquí la columna del abogado estadista_ Por Alejandro Figueroa · Opinión · 2026-06-25T08:00:00.000Z En junio de 2016, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley PROMESA. Diez años después, mientras Puerto Rico se acerca a ese aniversario, vale la pena analizar con serenidad y objetividad qué lecciones nos deja una década bajo la supervisión de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Para muchos puertorriqueños, PROMESA continúa siendo un símbolo de pérdida de autonomía. Para otros, fue una intervención necesaria para evitar un colapso financiero de proporciones históricas. La realidad, como suele ocurrir, se encuentra en algún punto intermedio. Es importante recordar el contexto. Puerto Rico enfrentaba una crisis fiscal sin precedentes. La deuda pública superaba los $70 mil millones y las obligaciones actuariales de los sistemas de retiro añadían decenas de miles de millones más. La isla había perdido acceso a los mercados de capital, acumulaba déficits estructurales y, debido a una exclusión particular del Código Federal de Quiebras, carecía de una herramienta ordenada para reestructurar sus obligaciones. Sin PROMESA, Puerto Rico habría enfrentado un escenario de caos financiero y legal. Cada acreedor habría intentado proteger sus intereses mediante litigios individuales. Los embargos de fondos públicos podrían haber paralizado servicios esenciales. La incertidumbre habría afectado aún más la inversión y la capacidad del gobierno para operar. La creación de un proceso uniforme de reestructuración, similar a una quiebra, permitió evitar ese desenlace. Ese es quizás el principal logro de PROMESA: haber creado un mecanismo para manejar una crisis que ya existía y que había alcanzado niveles insostenibles. Sin embargo, reconocer ese mérito no significa ignorar los costos. Uno de los aspectos más controversiales de esta década ha sido el extraordinario gasto en consultores, asesores financieros, firmas legales y expertos contratados tanto por la Junta como por las entidades gubernamentales encargadas de representar al gobierno de Puerto Rico durante los procesos de reestructuración. Los procesos bajo el Título III de PROMESA se han convertido en algunos de los procedimientos de reestructuración más costosos en la historia de Estados Unidos. Miles de millones de dólares que pudieron haberse destinado a infraestructura, educación, salud o desarrollo económico han sido absorbidos por honorarios profesionales. Cada plan de ajuste, cada litigio y cada negociación ha generado nuevas facturas para abogados, consultores financieros, economistas y asesores especializados. La Junta de Supervisión Fiscal, financiada con fondos públicos puertorriqueños, ha desembolsado cientos de millones de dólares en asesoría externa desde su creación. Paralelamente, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), así como otras instrumentalidades gubernamentales, también han incurrido en gastos significativos para contar con sus propios equipos de representación y consultoría. La ironía es difícil de ignorar. Una ley diseñada para atender una crisis de insolvencia ha producido una industria de servicios profesionales que ha consumido recursos públicos en magnitudes que pocos hubieran anticipado en 2016. Naturalmente, los defensores de estos gastos argumentan que se trataba de procesos complejos y sin precedentes. En gran medida, tienen razón. Reestructurar decenas de miles de millones de dólares en deuda pública, negociar con múltiples clases de acreedores y litigar asuntos constitucionales complejos requiere experiencia altamente especializada. No obstante, la pregunta legítima que deben hacerse los contribuyentes es si el balance final entre costo y beneficio ha sido el adecuado. Otra lección importante es que las crisis fiscales rara vez surgen de la noche a la mañana. PROMESA no fue la causa de los problemas de Puerto Rico; fue la consecuencia de décadas de decisiones fiscales insostenibles tomadas por administraciones de distintos partidos y durante distintos ciclos económicos. Durante años, se utilizó deuda para cubrir gastos operacionales recurrentes. Se pospusieron reformas estructurales difíciles. Se asumieron obligaciones que excedían la capacidad real de pago del gobierno. La ausencia de controles efectivos y la falta de disciplina presupuestaria fueron acumulando problemas que eventualmente se volvieron inmanejables. _**La lección es clara:**_ ninguna jurisdicción puede endeudarse indefinidamente sin enfrentar consecuencias. También hemos aprendido que la estabilidad fiscal, aunque indispensable, no es suficiente para garantizar prosperidad económica. Una década después de PROMESA, Puerto Rico continúa enfrentando desafíos significativos relacionados con crecimiento económico, participación laboral, infraestructura, costos energéticos y burocracia gubernamental. El equilibrio presupuestario representa una condición necesaria para el desarrollo económico, pero no una garantía de crecimiento. Los números fiscales pueden mejorar mientras persisten obstáculos que limitan la inversión y la creación de empleos. Por eso, al aproximarnos al décimo aniversario de PROMESA, la discusión pública debe evolucionar. La pregunta ya no debe ser únicamente cómo salir de la deuda, sino cómo construir una economía capaz de evitar que volvamos a enfrentar una crisis similar. Ello requiere disciplina fiscal permanente, transparencia gubernamental, sistemas robustos de rendición de cuentas y un compromiso continuo con políticas públicas que promuevan inversión, productividad y crecimiento económico. La aspiración de todos los puertorriqueños debe ser que PROMESA sea recordada como una medida extraordinaria adoptada en circunstancias extraordinarias, y no como una característica permanente de nuestra gobernanza. Diez años después, la mayor lección es quizás la más sencilla: ningún proceso de reestructuración, por exitoso que sea, puede sustituir la responsabilidad fiscal. Las juntas de supervisión pueden corregir el rumbo temporalmente. Las cortes pueden reestructurar deudas. Los consultores pueden producir informes y recomendaciones. Pero la responsabilidad de administrar adecuadamente los recursos públicos siempre recaerá, en última instancia, sobre quienes gobiernan y sobre una ciudadanía que exige rendición de cuentas. Si Puerto Rico logra internalizar esa lección, los sacrificios de la última década habrán producido algo más valioso que un balance fiscal más saludable: habrán generado la oportunidad de evitar que la historia se repita. ### Más columnas por Alejandro Figueroa: - [Reforma de permisos y reconstrucción energética: oportunidad que Puerto Rico no puede dejar pasar](https://www.metro.pr/opinion/2026/06/18/reforma-de-permisos-y-reconstruccion-energetica-oportunidad-que-puerto-rico-no-puede-dejar-pasar/) - [DDEC: continuidad, coordinación y desarrollo](https://www.metro.pr/opinion/2026/06/11/ddec-continuidad-coordinacion-y-desarrollo/) - [Decían combatir la politización de la justicia. Ahora la institucionalizan.](https://www.metro.pr/opinion/2026/06/04/decian-combatir-la-politizacion-de-la-justicia-ahora-la-institucionalizan/) _**Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de VISION NEWS MEDIA, LLC.**_ --- Contenido de Metro Puerto Rico. 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