Abucheos y graduaciones: Junta de Control Fiscal define el futuro de la UPR, al menos por ahora

Estas preguntas surgen de la lectura de dos documentos recientes de la Junta de Control Fiscal relacionados con el futuro de la Universidad de Puerto Rico. El primero es el Plan Fiscal Revisado certificado y remitido a la gobernadora Jenniffer González Colón el 5 de junio de 2026, luego de que la Junta rechazara la propuesta presentada por el Gobierno y la Universidad y procediera a certificar su propia versión del plan. El segundo es la carta enviada el 18 de junio de 2026, mediante la cual la Junta determina que el presupuesto sometido para el año fiscal 2027 incumple nuevamente con sus directrices y ordena correcciones antes de considerar su certificación. Leídos conjuntamente, ambos documentos permiten observar no sólo una propuesta presupuestaria, sino una determinada concepción de lo que debe ser la Universidad de Puerto Rico y de quién posee hoy la autoridad para trazar su ruta y definir su futuro.

Aunque estos documentos hayan sido redactados por equipos técnicos o consultores especializados, la cuestión decisiva no es identificar a sus redactores, sino comprender qué visión de universidad se expresa a través de ellos. Desde la aprobación de PROMESA en 2016, la Universidad dejó de ser únicamente una institución educativa para convertirse también en objeto de intervención tecnocrática. La Junta adquirió la facultad de evaluar, corregir y certificar los planes fiscales de la institución, subordinando decisiones fundamentales a criterios de sostenibilidad presupuestaria y cumplimiento fiscal.

Por ello, sería un error leer estos documentos exclusivamente como textos financieros. Todo presupuesto contiene una filosofía implícita sobre la institución que financia. Las categorías que dominan el Plan Fiscal —eficiencia, sostenibilidad, productividad, transformación administrativa, consolidación de servicios y diversificación de ingresos— reflejan una forma particular de entender la universidad como una organización que debe ser optimizada para garantizar su viabilidad. Más que por educadores o académicos, el futuro de la Universidad de Puerto Rico está siendo imaginado por una élite tecnocrática vinculada al mundo de las finanzas públicas, la administración fiscal y la reorganización institucional. Comprender quiénes son esos actores es el primer paso para comprender la universidad que intentan construir.

¿Quiénes son los que imaginan la Universidad de Puerto Rico del siglo XXI? Los miembros más influyentes de la Junta de Control Fiscal no provienen de la filosofía de la educación, la historia universitaria, la teoría democrática. Arthur J. González construyó su carrera en el ámbito de las quiebras y la reestructuración financiera; Andrew G. Biggs en el estudio de pensiones y sistemas actuariales; John E. Nixon en la administración presupuestaria de gobiernos estatales; y Robert F. Mujica Jr. en la arquitectura fiscal y presupuestaria del sector público. Aunque existen perfiles vinculados a la educación, como el de Betty A. Rosa, la racionalidad dominante de la Junta surge claramente del mundo de las finanzas públicas, la reorganización institucional y la disciplina presupuestaria. Utilizando el lenguaje del sociólogo Pierre Bourdieu, podríamos decir que la Junta expresa el “habitus” de un campo específico de poder: el campo financiero-administrativo. Sus integrantes observan la realidad universitaria desde las categorías que sus trayectorias profesionales les han enseñado a privilegiar.

Por eso el Plan Fiscal puede leerse como una verdadera autobiografía intelectual de sus autores. Las preocupaciones que atraviesan el documento son exactamente las que cabría esperar de especialistas en administración fiscal: eficiencia, sostenibilidad, productividad, consolidación administrativa, rendición de cuentas y diversificación de ingresos.

Lo que llama la atención no es lo que aparece, sino lo que desaparece. Resulta difícil encontrar una reflexión sustancial sobre educación, ciudadanía, cultura, democracia, autonomía intelectual o pensamiento crítico como principios organizadores de la institución. La universidad es presentada principalmente como una organización que debe optimizar recursos y garantizar su viabilidad financiera. En ese sentido, el documento confirma la observación del filósofo Jean-François Lyotard acerca de universidades contemporáneas donde el conocimiento deja de legitimarse por su contribución a la emancipación, la cultura o la verdad, y pasa a legitimarse por la performatividad, es decir, por su capacidad para producir resultados medibles de manera eficiente.

La consecuencia es profunda. El Plan Fiscal administra recursos, a la vez que redefine el significado mismo de la universidad. Bajo esta racionalidad, la legitimidad institucional ya no depende de la capacidad de formar ciudadanos críticos o de servir como conciencia intelectual y científica del país, sino de demostrar productividad, eficiencia y sostenibilidad. Así, la Universidad de Puerto Rico deja de aparecer como una comunidad de conocimiento y pasa a ser concebida como una organización cuya existencia debe justificarse constantemente mediante indicadores de desempeño. En vez de ser un documento financiero, el Plan Fiscal constituye la expresión de una visión particular del mundo y de una determinada idea de lo que una universidad pública debe ser en el siglo XXI.

La carta enviada por la Junta de Control Fiscal el 18 de junio de 2026 confirma hasta qué punto ha avanzado la transformación de la Universidad de Puerto Rico bajo PROMESA. La Junta no evalúa un presupuesto, sino que actúa como una instancia superior de gobierno universitario al exigir correcciones específicas, cuestionar supuestos financieros y establecer las condiciones bajo las cuales la institución puede presentar un presupuesto aceptable. Aunque la Universidad conserva formalmente sus organismos de gobierno, la autoridad efectiva sobre aspectos fundamentales de su planificación financiera y administrativa permanece subordinada a una entidad externa. No vale la pena preguntarse quién administra la Universidad. La pregunta clave es quién posee la capacidad de validar o invalidar las decisiones que la Universidad adopta sobre sí misma.

El modelo que emerge de esta intervención es el de la universidad corporativa. La insistencia en los servicios compartidos, la centralización administrativa, la eliminación de redundancias y la optimización operacional responde a una lógica de gestión empresarial más que académica. Como señala Peter Fleming en Dark Academia, la universidad corre el riesgo de convertirse en una Edu-Factory, una organización donde las métricas sustituyen al juicio académico y la eficiencia desplaza la deliberación colegiada. La universidad deja de ser concebida como una comunidad de conocimiento para ser administrada como una organización orientada por el rendimiento y la productividad.

La legitimidad de esta transformación descansa en el discurso de la inevitabilidad. La Junta no presenta su modelo como una opción entre varias posibles, sino como la única respuesta racional a la crisis fiscal. Sin embargo, cuando la racionalidad financiera se convierte en el principio rector de la educación superior, la universidad pierde progresivamente su misión democrática. La formación de ciudadanía crítica, la producción cultural y la capacidad de cuestionar las estructuras de poder ceden espacio a indicadores de desempeño, captación de ingresos y criterios de eficiencia. El resultado es una institución que corre el riesgo de medir su éxito no por su contribución al conocimiento y a la sociedad sino por su capacidad para cumplir objetivos administrativos y presupuestarios.

En este contexto, el rechazo por parte de la Junta de Control Fiscal al presupuesto elaborado por la administración de Zayira Jordán Conde no representa una ruptura con el Plan Fiscal, sino la confirmación de una misma racionalidad administrativa. Las propuestas de armonización institucional, optimización operacional, servicios compartidos y diversificación de ingresos reproducen las categorías que estructuran el modelo universitario impulsado por la propia Junta. La presidencia de Jordán no es una anomalía ya que su incumbencia puede interpretarse como la traducción organizacional de una visión previamente establecida por la Junta de Control Fiscal.

La huelga estudiantil de 2026 surgió precisamente como una respuesta a esta transformación institucional expresada en el aumento de matrícula, la continuidad del Plan Fiscal, la autoridad de la Junta y el rechazo a la presidencia. Sin embargo, concluido el semestre, la realidad política resultó difícil de ignorar: la Junta permaneció, la presidenta permaneció y el Plan Fiscal continuó vigente.

Uno de los grandes problemas contemporáneos consiste en transformar la indignación en un proyecto alternativo capaz de disputar la hegemonía existente. Los estudiantes sabían con claridad contra qué luchaban, pero resultó mucho más difícil articular una visión compartida de la universidad que deseaban construir. En ese contexto, la controversia provocada por la exclusión del coro de UPR Carolina de la graduación del 12 de junio adquirió un significado que trascendía el propio incidente. Las referencias a la Ley de la Mordaza y a la libertad de expresión revelan que el episodio fue interpretado como un símbolo de una tensión más profunda entre administración, tecnocracia y autonomía universitaria. Lo importante no fue únicamente el coro, sino la percepción de que los espacios tradicionales de expresión crítica y participación estudiantil se encontraban cada vez más subordinados a una lógica de control institucional.

Por ello, el repliegue de la huelga no significa necesariamente la desaparición del conflicto. La mayor victoria de la Junta no fue aprobar un presupuesto ni sostener una presidencia, sino lograr que el futuro de la Universidad de Puerto Rico se discuta principalmente en términos de eficiencia, sostenibilidad, productividad, gobernanza e ingresos.

Hoy la Junta posee el poder sobre la Universidad, a le vez que posee la facultad de aceptar, corregir o rechazar las decisiones mediante las cuales la institución intenta gobernarse a sí misma.

Sin embargo, la historia de las universidades demuestra que ninguna racionalidad administrativa se impone para siempre. Dejemos de preguntarnos únicamente qué universidad imagina hoy la Junta de Control Fiscal. Es momento de preguntar qué universidad será capaz de imaginar la sociedad puertorriqueña en los años por venir.

Las universidades no se sostienen solamente con presupuestos y planes fiscales; también se sostienen con ideas, aspiraciones y proyectos colectivos capaces de dar sentido a su existencia.

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