La eterna reforma de permisos en Puerto Rico: entre la agilización y la confianza pública
Lee aquí la columna de la presidenta del partido Proyecto Dignidad
Por décadas, Puerto Rico ha intentado resolver uno de sus mayores obstáculos para el desarrollo económico: la lentitud y complejidad del sistema de permisos. Cada administración ha prometido una transformación definitiva, pero la experiencia demuestra que reformar leyes es mucho más sencillo que transformar la cultura institucional.
Antes de 2009, los trámites estaban fragmentados entre agencias. La antigua Administración de Reglamentos y Permisos, la Junta de Planificación y otras dependencias intervenían sucesivamente en una misma solicitud, convirtiendo la obtención de un permiso para construir una vivienda o abrir un negocio en un proceso largo e impredecible.
Con la aprobación de la Ley 161 de 2009, se creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) con el objetivo de centralizar funciones, agilizar procesos e incorporar la figura del profesional autorizado. La intención era correcta: un sistema eficiente es indispensable para atraer inversión, generar empleos y mejorar la competitividad del país. Sin embargo, 15 años después, los desafíos persisten.
El primero es la falta de coordinación interagencial. Aún existen duplicidad de requisitos y criterios distintos entre agencias. El segundo es la limitada capacidad institucional. La tecnología ha avanzado más rápido que la capacitación del recurso humano, mientras los cambios reglamentarios frecuentes generan incertidumbre. El tercero es la confianza pública: algunos sectores denuncian lentitud excesiva, mientras otros advierten que la agilización podría debilitar la fiscalización ambiental y la participación ciudadana.
A estos retos se suma la situación que enfrenta actualmente la propia OGPe. Las controversias surgidas en torno a alegadas irregularidades administrativas, los cambios en el liderato y los cuestionamientos públicos sobre la transparencia de ciertos procesos han vuelto a colocar el sistema de permisos en el centro del debate nacional. Independientemente del resultado de las investigaciones en curso, estos acontecimientos evidencian la fragilidad institucional del modelo actual y la urgencia de fortalecer los mecanismos de supervisión, rendición de cuentas y confianza ciudadana.
Puerto Rico no debe escoger entre desarrollo y cumplimiento; necesita ambos. Un sistema eficiente no puede convertirse en permisividad, pero la fiscalización tampoco debe traducirse en inmovilismo.
Desde la visión de política pública de Proyecto Dignidad, el país necesita un modelo basado en agilidad, transparencia y responsabilidad. Promovemos reglas claras, términos vinculantes para las agencias, uso inteligente de la tecnología y una mayor rendición de cuentas de funcionarios y profesionales autorizados. A la vez, defendemos procesos que respeten el ordenamiento territorial, la protección ambiental y el derecho de las comunidades a ser escuchadas.
La verdadera reforma pendiente no es aprobar otra ley, sino implementar correctamente las que ya existen para que el gobierno sea un facilitador del progreso y no un obstáculo para quienes desean construir, emprender e invertir en Puerto Rico.
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