El “croqueta y cabr*n fee”

En Puerto Rico existen dos tarifas no escritas que demasiada gente conoce perfectamente. Y hoy más. El“croqueta fee” y el “cabrón fee”. Y aunque el “croqueta fee” no le sonaba hasta hoy, tiene su historia de venganza tipo novela turca.

El primero es el costo informal de hacer negocios en un país donde ciertos incumplimientos parecen negociables. La multa que se paga después y el permiso que se resuelve más adelante mientras la licencia vencida que continúa operando mientras alguien “brega”. Y ya sabemos qué significa eso.

El segundo es más heavy. El “cabrón fee” aparece cuando alguien cae en desgracia , en este caso personal, y entonces el aparato gubernamental decide aplicar, ooops, todo el peso que antes parecía flexible solo porque una persona conectada lo pide. No necesariamente porque la conducta sea nueva, sino porque cambió la relación de poder.

La querella administrativa y orden para mostrar causa presentada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras contra Allied Fleet Services, Inc. y AAA Car Rental, Inc. inevitablemente provoca esa discusión. El documento describe presuntas violaciones relacionadas con operaciones sin licencias vigentes, servicios de arrendamiento y financiamiento ofrecidos luego del vencimiento de autorizaciones regulatorias, cambios corporativos no notificados y posibles incumplimientos recurrentes bajo varias leyes financieras y administrativas.

Si las alegaciones son correctas, el regulador tiene razón en intervenir. Esa parte debe quedar clara. Ninguna empresa debería operar fuera de los requisitos regulatorios simplemente porque puede hacerlo.

En Puerto Rico, el cumplimiento estricto muchas veces depende poco de la norma. Mientras todo está bien, aparecen extensiones, conversaciones, paciencia y espacio para “resolver”. Pero cuando la relación se rompe, llega el expediente completo, la fiscalización intensa y la severidad de golpe.

Ese cambio abrupto es lo que mucha gente identifica como el “cabrón fee”.

No surge necesariamente porque las agencias inventen violaciones. Surge porque la aplicación del rigor parece selectiva. Y cuando el rigor se aplica selectivamente, la percepción pública deja de ser “están haciendo cumplir la ley” para convertirse en “decidieron caerle encima”. Ahí se ve el veneno.

La querella de la OCIF menciona visitas de inspección, comunicaciones previas, reuniones con representantes de las compañías y hasta multas administrativas anteriores. Es decir, no aparenta tratarse de una controversia surgida de la nada.

Pero aquí mi pregunta. Si las operaciones alegadamente ocurrían desde hace tanto tiempo, ¿por qué el asunto explota ahora?

¡No absuelvo a nadie!

Puerto Rico necesita supervisión seria de las obligaciones y responsabilidades. El Estado tiene que intervenir cuando entiende que existe incumplimiento.

El problema es que nuestras instituciones cargan demasiados años de credibilidad erosionada y la gente ha visto activarse la justicia selectivamente. Ha visto aliados protegidos mientras adversarios son perseguidos. Ha visto agencias actuar con velocidad en unos casos y como suero de brea en otros.

Cuando surge un caso como este, el debate se convierte en un examen sobre el uso del poder.

Porque el “croqueta fee” y el “cabrón fee” en realidad son parte del mismo patrón. Uno existe porque durante demasiado tiempo hubo flexibilidad excesiva. El otro aparece cuando esa flexibilidad desaparece de golpe contra alguien específico. Ambos son cuestionables.

Un sistema saludable no puede funcionar bajo ninguna de esas dos lógicas. No puede existir un mercado donde incumplir sea parte del modelo de negocio. Pero tampoco puede existir un gobierno donde la severidad parezca depender de simpatías, relaciones o enemistades o despechos. La ley tiene que ser aburridamente consistente.

By the way, “croqueta”…. ¡Nombrecito! Nada mejor para un escandalito público que una novela empanada y frita, crujiente por fuera y cremosa por dentro.

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