Las condiciones laborales en Puerto Rico están bajo constante amenaza. Cambios legislativos, recortes presupuestarios y discursos de austeridad han debilitado los derechos de quienes sostienen los servicios esenciales del país. Entre estos pilares invisibles se encuentran las trabajadoras sociales.
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Esta profesión, históricamente compuesta en su mayoría por mujeres, ha sido clave en la atención a poblaciones vulnerabilizadas. Sin embargo, ejercer el trabajo social en Puerto Rico implica enfrentar jornadas extensas, cargas laborales inhumanas, espacios sin recursos adecuados, contratos inestables y salarios que no reflejan la preparación académica ni la responsabilidad ética que exige la profesión.
La precarización del trabajo social no es una exageración. Es un fenómeno estructural que atraviesa todo el país. Investigaciones realizadas han documentado esta realidad, evidenciando la falta de condiciones laborales dignas y el impacto directo en la calidad de los servicios sociales.
A esto se suman decisiones políticas que agravan la situación. Bajo la lógica de reducir la “dependencia de fondos federales”, tanto la Junta de Control Fiscal como el gobierno de Puerto Rico han impulsado recortes presupuestarios que afectan directamente servicios esenciales como salud, vivienda, educación y protección de menores. Las consecuencias de estas medidas las viven, con crudeza, las comunidades más vulnerables, y también las profesionales del trabajo social que, siendo parte de estas comunidades, intentan sostenerlas desde la gestión social.
La historia del trabajo social en Puerto Rico se ha caracterizado por una lucha constante en favor del reconocimiento profesional, la justicia salarial y condiciones laborales dignas. A pesar de que la Ley 41 de 1934 reguló por primera vez la práctica profesional en la isla hace más de 80 años, estos reclamos persisten en la actualidad (Cabrera, 2013). En este contexto, diversos estudios han documentado el grave impacto de la precarización laboral sobre la práctica y la salud mental de las trabajadoras sociales, un fenómeno enmarcado por las políticas neoliberales y los recortes sistemáticos (López et al., 2014; Marrero y García, 2018; Soto, 2020). Sumado a esto, Raquel Seda Rodríguez (s.f.) ha subrayado que la profesión enfrenta desafíos estructurales que exigen una transformación profunda, incluyendo el rescate del enfoque comunitario y una mayor inserción en la política social.
Aunque se aprobó el Proyecto del Senado 893, que establece una Carta de derechos de los y las Profesionales del Trabajo Social aún queda mucho por hacer para garantizar su implementación efectiva y que se traduzca en mejoras reales en el ejercicio profesional.
Y mientras eso ocurre, ¿quiénes están en la primera línea cuando una familia sufre una pérdida, cuando un menor es víctima de violencia, cuando una persona sin hogar necesita acompañamiento, cuando una comunidad clama justicia? Las trabajadoras sociales. Las mismas que, muchas veces, también viven en precariedad, pobreza y enfrentan escenarios laborales insalubres.
Reivindicar el trabajo social no es un acto simbólico. Es una urgencia ética y política. No puede haber justicia social si quienes la promueven están desprotegidas. No puede haber país sin quienes lo sostienen desde abajo, desde las trincheras del cuidado, la escucha, la gestión y la resistencia.