El Negociado de Energía aprobó otro aumento en la factura de luz, que según ellos responde al incremento en los costos de combustible y energía. El gobierno aseguró que la modernización del sistema vendría con gas, que sería más barato y eficiente. Al mismo tiempo, prometieron que el problema del sistema eléctrico era su administración pública, que privatizando mejorarían el servicio y reducirían las tarifas. Fracasó la privatización y el pueblo sigue pagando el precio de la gestión negligente.
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Del 2020 al 2024, la generación de electricidad con gas incrementó un 104.5 %. Ese aumento lo justificaron de dos maneras: primero, porque presuntamente el precio del gas iba a ser más bajo durante ese periodo; y segundo, porque en la transición hacia fuentes renovables, presuntamente también, el gas natural sería un “combustible de transición”. Esa supuesta “estabilidad” del gas ha sido una ilusión costosa, y el resultado lo está sintiendo el pueblo con sus facturas más altas de luz.
Están utilizando el gas para no cumplir con el deber de promover la energía renovable. No podemos perder de perspectiva que la privatizadora Genera le compra el gas a su matriz, lo que hemos denunciado. Para colmo de males, Puerto Rico depende, una vez más, de importar combustible a los precios del mercado internacional.
Todo esto representa una mala noticia para Puerto Rico, que el Negociado, así como la gerencia histórica de la Autoridad de Energía Eléctrica/LUMA, han apostado a la conversión de la infraestructura eléctrica del país a base de gas natural por los próximos 25 años bajo las falsas premisas de bajo precio del combustible y estabilidad en el costo del servicio.
El verdadero problema detrás del aumento en las tarifas no es solo la ineptitud administrativa, es también la irresponsabilidad e ineficiencia gerencial. El gobierno ha comprometido el futuro del país al depender de un combustible cuyo precio y disponibilidad Puerto Rico no puede controlar. En consecuencia, en el futuro previsible, LUMA y Genera seguirán solicitando incrementos en la tarifa, que los ciudadanos se verán obligados a pagar.
Es momento de que el gobierno comience a tratar la energía como lo que es: un derecho esencial. Es hora de que se implemente un cambio profundo en la política pública energética, hacia el uso de fuentes renovables y libre de privatización, como lo proponemos en el Proyecto de la Cámara 797.