El presidente Donald Trump y su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., insinuaron que el uso de Tylenol (acetaminofén) durante el embarazo “podría” causar autismo. Esa frase –construida para sembrar alarma sin contar con la prueba– es más que una anécdota de la guerra cultural estadounidense: es un perfecto ejemplo de cómo el poder político puede generar caos en la conversación pública y crear riesgos reales para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue tajante: la evidencia sobre una relación entre paracetamol en el embarazo y autismo es inconsistente; y, de paso, reiteró que las vacunas no causan autismo.
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¿Hay estudios que han reportado asociaciones entre acetaminofén prenatal y trastornos del neurodesarrollo? Sí. En los últimos años, han salido revisiones y metaanálisis que describen correlaciones –no causalidad– y que, al mismo tiempo, piden cautela y mejor investigación. Ese matiz importa: asociación no es causa. Incluso, artículos recientes con lenguaje fuerte terminan reconociendo incertidumbres metodológicas (confusión por indicación, sesgos de medición, heterogeneidad de dosis y duración, y, sobre todo, la necesidad de replicación de los estudios).
El problema aquí no es que el gobierno promueva más investigación –bienvenida sea– sino que el presidente y su secretario promuevan un veredicto político que obvia el peritaje científico. Cuando Trump afirmó públicamente que las embarazadas deberían evitar Tylenol y vinculó el fármaco con el aumento en diagnósticos de autismo, los verificadores independientes y médicos lo desmintieron: simple y sencillamente, no hay prueba causal que justifique esa recomendación.
¿Por qué esto es peligroso?
Primero, porque desincentivar el único analgésico y antipirético de primera línea durante el embarazo puede tener consecuencias graves. La fiebre no tratada en una gestante, sí, está asociada a malos desenlaces fetales; la OMS y expertos citados en medios clínicos subrayan que el balance riesgo-beneficio sigue favoreciendo el uso prudente de acetaminofén bajo supervisión médica. Retirar ese alivio por decreto retórico puramente político puede llevar a que las embarazadas opten por alternativas más riesgosas o a dejar sin tratar la fiebre y/o el dolor.
Segundo, porque reabrir el tema del “vínculo entre las vacunas y el autismo” –un mito descartado a base de la evidencia científica recopilada y estudiada por décadas– da al traste con campañas de vacunación infantil y materna que buscan salvaguardar a la población más vulnerable. La línea editorial de salud pública no puede basarse en corazonadas ni en teorías de conspiración para convencer a audiencias escépticas: se debe basar en datos reproducibles e investigación científica.
Para Puerto Rico, esto no es un espectáculo ajeno. Cualquier ola de desinformación sobre medicamentos o vacunas toca directamente a nuestras clínicas, obstetras y programas de inmunización. Aquí, la prudencia fiscal y la responsabilidad social van de la mano: cada recaída en coberturas de vacunación o en manejo adecuado del embarazo se traduce en costos sanitarios y humanos que terminamos pagando todos.
¿Qué sería un enfoque serio?
- Separar ciencia de eslogan. El Ejecutivo debe comprometerse a que cualquier anuncio sobre autismo y fármacos provenga de revisiones sistemáticas completas, con metodología transparente (criterios de inclusión, control de sesgos, evaluación de dosis-respuesta) y con aval de paneles independientes. Si mañana aparece evidencia causal robusta, se actualizan guías. Si no, no. Así funciona.
- Mensaje clínico responsable hoy. Para las embarazadas: no suspendan medicamentos sin hablar con su médico. Uso puntual, a la dosis más baja efectiva y por el menor tiempo posible, sigue siendo la recomendación prudente mientras la evidencia no cambie. Eso mismo han repetido constantemente los investigadores que han publicado sobre el tema.
- Vacunación fuera de la refriega. Reforzar que las vacunas no causan autismo –la OMS lo reiteró– y que proteger a madres y bebés contra infecciones, sí, salva vidas. Cualquier insinuación contraria desde un podio oficial es irresponsable.
- Rendición de cuentas por los datos. Si el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos publicará un informe, que libere los datasets (anonimizados), los protocolos y los códigos de análisis. La transparencia evita que la política se coma a la estadística y permite a terceros reproducir hallazgos. Esto no es radical sino principios básicos de sana administración.
En política sanitaria, siempre se debe exigir evidencia contundente antes de alterar conductas clínicas, y se requiere disciplina comunicacional para no disparar alarmas innecesarias. El presidente y su secretario de Salud tienen derecho a cuestionar y solicitar investigaciones; sin embargo, no tienen derecho a atropellar el proceso científico y desacreditarlo para validar sus opiniones personales. Mientras tanto, la guía para la ciudadanía –aquí y allá– debe ser simple: consulte a su médico, confíe en las vacunas, y recuerde que asociación no significa causa. La ciencia se toma su tiempo en llegar a conclusiones por una simple razón: no opera a base de teorías sin prueba ni corazonadas, se basa en estudios rigurosos llevados a cabo por expertos.