Educación en emergencia: el plan que nunca llega

Cada época de huracanes nos recuerda que, en Puerto Rico, vivir con la amenaza de desastres es parte de nuestro día a día. Los desastres no son simplemente fenómenos naturales, son el resultado de las acciones y las decisiones humanas. Su impacto depende de las condiciones sociales, políticas y económicas que nos rodean.

Sin embargo, las interrupciones que estos eventos provocan no pueden normalizar el que año tras año, la niñez y la juventud pierdan días, semanas y hasta meses de clase por falta de preparación y planificación del gobierno.

La respuesta del gobierno durante las crisis que hemos vivido (huracanes, terremotos, pandemia, apagones) ha sido insuficiente y evidencia la fragilidad de nuestro sistema educativo y la ausencia de planes efectivos para proteger el derecho a la educación. Como consecuencia, luego de María, hubo niños y niñas que perdieron aproximadamente 85 días de clases, casi la mitad de los 180 días lectivos establecidos por la ley.

La evidencia es clara: la interrupción en las escuelas afecta la salud emocional de los y las estudiantes, retrasa su aprendizaje y aumenta la pobreza en las comunidades. El aprendizaje de los estudiantes del sistema público ha quedado rezagado por años porque el Estado no ha priorizado la protección del derecho a la educación de calidad.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que la educación sea continua y de calidad. Esto implica planificación previa, protocolos claros para reabrir las escuelas de forma segura, infraestructura adecuada, apoyo psicosocial para estudiantes, docentes y familias, entre otros. Para ello, es fundamental que se escuche a la niñez y la juventud. Lejos de ser víctimas pasivas, han desarrollado estrategias de resistencia para sostener su aprendizaje en medio del caos. Debemos escucharles más y reconocer el valor de sus iniciativas. Si queremos que las soluciones sean pertinentes y efectivas, las estrategias que esta población ha desarrollado para sostener su aprendizaje deben incorporarse en los planes oficiales de preparación y respuesta.

Cuando nos toque otro desastre, ¿volveremos a dejar a la niñez sin escuela por 80, 90 o 100 días? ¿Qué está haciendo el gobierno hoy para prevenir que esto vuelva a ocurrir? ¿Dónde están los planes para asegurar que, aun en medio de una emergencia, nuestra niñez y juventud siga aprendiendo sin quedarse atrás? No podemos esperar una próxima emergencia para exigir respuestas. Proteger el derecho a la educación, incluso en un desastre, es una obligación del gobierno.