La política pública no se mide únicamente en la promulgación de leyes o en la ejecución de programas. Se mide, también, en la capacidad de administrar los recursos públicos con sensatez, responsabilidad y sentido de justicia hacia la ciudadanía. En Puerto Rico, por demasiado tiempo, los contratos gubernamentales se han convertido en sinónimo de gasto improductivo, de favoritismos políticos o de acuerdos que benefician a unos pocos mientras la gente queda desprotegida.
PUBLICIDAD
El caso de la cancelación del contrato con Rapiscan y S2PR LLC para el escaneo de furgones es un ejemplo emblemático. Se trataba de un contrato con la promesa de aportar seguridad y eficiencia al control de carga que entra a la isla. Sin embargo, en la práctica, el mismo no produjo los resultados esperados y, lejos de cumplir con su propósito, se convirtió en un gasto injustificable para el erario.
Cada contrato público debe ser sometido a un análisis riguroso de resultados. ¿Cumple con el propósito original? ¿Aporta al bienestar colectivo? ¿Está alineado con la transparencia y el uso responsable de los fondos? Si la respuesta es negativa, el deber del gobierno no es mirar hacia otro lado, sino actuar.
Lamentablemente, lo que hemos visto en el pasado ha sido exactamente lo contrario. Contratos como el de LUMA Energy, que prometían transformar el sistema eléctrico y brindar un servicio confiable, se han convertido en sinónimo de frustración ciudadana, apagones constantes y una carga económica adicional para la gente. Estos son ejemplos claros de cómo gobiernos anteriores optaron por sostener acuerdos fallidos en vez de rendir cuentas y corregir el rumbo. Esa inercia, esa complacencia con contratistas que no cumplen con los términos pactados y no llenan las expectativas de lo ofrecido durante la negociación del contrato, ha sido uno de los mayores males de la gestión pública en la isla.
En este contexto, la decisión de la gobernadora Jenniffer González Colón de cancelar el contrato de Rapiscan y S2PR LLC cobra aún más valor. No se trata de un acto simbólico, sino de un mensaje contundente: el gobierno no existe para sostener intereses privados improductivos, sino para responderle al pueblo.
González Colón demuestra, con este paso, que su administración no seguirá el patrón de mirar hacia otro lado frente a contratos fracasados. Por el contrario, asume el costo político que conlleva tomar decisiones firmes, para asegurar que cada dólar público tenga un retorno real en servicios, seguridad y bienestar colectivo.
Ese es el tipo de liderazgo que Puerto Rico necesita: uno que entienda que gobernar no es complacer a contratistas ni sostener acuerdos improductivos; gobernar es velar por el interés público, aunque ello implique enfrentarse a intereses económicos poderosos.
Habiendo dicho esto, debemos recalcar que la cancelación de este contrato no debe quedarse como un hecho aislado. Tiene que convertirse en precedente. Puerto Rico necesita un mecanismo permanente de auditoría de contratos, con métricas de cumplimiento claras y consecuencias inmediatas cuando no se logran los objetivos.
La transparencia y la rendición de cuentas deben ser normas, no excepciones.
La diferencia con el pasado es clara: mientras gobiernos anteriores perpetuaron contratos que han resultado lesivos, como el de LUMA y otros tantos, el gobierno de González Colón demuestra que se puede gobernar de manera distinta, con responsabilidad y compromiso con la gente.
Si el gobierno logra institucionalizar este tipo de fiscalización, estaremos un paso más cerca de reconstruir la confianza ciudadana y de garantizar que cada dólar invertido se traduzca en un beneficio real para el país. Y si algo queda claro con esta decisión, es que, sí, se puede gobernar para el pueblo y no para los contratistas.