La reciente destitución de cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por el presidente Donald Trump, confirmada por la Casa Blanca y la propia JSF, es un golpe altamente peligroso para Puerto Rico en un momento crítico. Esta acción, ejecutada en medio de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no solo pone en riesgo la estabilidad económica de la isla, sino que revela intereses políticos que podrían agravar la crisis que enfrentamos.
PUBLICIDAD
El timing (momento) de esta decisión no podía ser peor. La AEE, sumida en una quiebra histórica, enfrenta presiones de bonistas que exigen el pago de miles de millones de dólares. La salida de Arthur J. Gonzalez, Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas deja a la JSF con solo dos miembros, Andrew Biggs y John Nixon, ambos alineados con republicanos. Sin un organismo completo y balanceado, las negociaciones de la deuda de la AEE corren el riesgo de inclinarse hacia los intereses de los acreedores, lo que podría disparar el costo de la energía a niveles insostenibles para los puertorriqueños. Pero no solo eso, asuntos como la crisis de los municipios, el manejo presupuestario y las acciones de investigación en torno a los contratos de New Fortress en energía y Xuvo Technologies en salud quedarán a la merced de la filosofía de la nueva Junta.
De hecho, en el caso de New Fortress, la acción de Trump llega tras cuestionamientos públicos y de la propia Junta sobre la controversial contratación de esta empresa energética con vínculos políticos, lo que ha generado sospechas sobre los verdaderos motivos detrás de esta purga. No cabe duda de que la movida de Casa Blanca parece responder a intereses específicos, posiblemente ligados a agendas que priorizan ganancias corporativas sobre el bienestar de Puerto Rico.
Ahora bien, esto presenta un enorme reto para el liderato político local. La carrera por influenciar en los nombramientos hace rato comenzó. Todas las fuerzas políticas locales tienen el deber de encaminar esfuerzos para lograr que los nuevos integrantes, los que serán designados según establece PROMESA, no sean emisarios corporativos que le abran las puertas de par en par a los buitres. Esa tiene que ser la prioridad de los oficiales electos por los puertorriqueños. Cualquier otra agenda será traicionar a Puerto Rico.
Este cambio en las reglas del juego puede tener repercusiones graves. Sin una Junta diversa y funcional, la isla enfrenta un futuro incierto y de alto riesgo. Un liderato político sensato entenderá que esta movida acaba de cambiar la agenda de Puerto Rico.