El Congreso de Estados Unidos aprobó recientemente una de las propuestas legislativas más ambiciosas de los últimos años: el “Big Beautiful Bill” (BBB), un megaproyecto promovido por sectores bipartidistas que busca reformar, de manera profunda, los programas federales de bienestar social. Aunque su nombre sugiere grandeza y atractivo, sus implicaciones para Puerto Rico podrían ser igualmente monumentales —para bien o para mal.
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A continuación, analizamos cómo este proyecto podría impactar las áreas de educación, alimentos, vivienda y salud en la isla.
Educación: ¿acceso ampliado o exclusión renovada?
Uno de los pilares del BBB es una expansión significativa del financiamiento para la educación preescolar y superior, con énfasis en la equidad racial y geográfica. Aunque el lenguaje del proyecto parece inclusivo, aún no está claro si las disposiciones se aplicarían de forma automática a Puerto Rico o si quedarían supeditadas a reglamentación federal posterior.
Históricamente, Puerto Rico ha sido excluido o tratado de manera desigual en programas como Pell Grants o Head Start, recibiendo fondos inferiores per cápita en comparación con los estados. Si el BBB replica ese patrón, el impacto podría ser limitado. No obstante, si se garantiza la equiparación automática de fondos y elegibilidad, el proyecto representaría un avance significativo para reducir la brecha educativa en la isla.
Alimentos: de la dependencia al fortalecimiento nutricional
En materia de seguridad alimentaria, el BBB propone reemplazar gradualmente el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) —que opera de forma diferenciada en Puerto Rico— por una versión extendida del SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), con criterios uniformes para todos los ciudadanos estadounidenses.
Esta transición podría aumentar los fondos disponibles, ampliar la población beneficiaria y ofrecer mayor flexibilidad en el uso de los beneficios. Sin embargo, el proceso de transición requerirá planificación, negociación y voluntad política para adaptar los sistemas tecnológicos y administrativos locales. De concretarse, Puerto Rico podría ver una mejora sustancial en la nutrición infantil, la seguridad alimentaria de adultos mayores y la reducción de la pobreza extrema.
Vivienda: ¿reforma o parchos?
En el ámbito de la vivienda, el proyecto contempla la expansión de créditos para desarrollos de vivienda asequible y mayores subsidios directos para inquilinos en zonas de alto costo de vida. La inclusión de Puerto Rico en estos incentivos sería crucial para atender el deterioro del inventario de vivienda pública y el encarecimiento de la vivienda privada.
La clave aquí será la elegibilidad para los créditos federales y la proporción de fondos destinados al territorio. Puerto Rico enfrenta retos únicos en infraestructura y tenencia de tierra que requieren soluciones adaptadas. De no atenderse estas especificidades, los beneficios del BBB en esta área podrían diluirse o quedar atrapados en la burocracia federal.
Salud: una oportunidad histórica
Quizás el impacto más transformador del BBB para Puerto Rico estaría en el área de salud. La propuesta incluye la equiparación del financiamiento de Medicaid para los territorios con el de los estados, eliminando los topes arbitrarios que han restringido el acceso y calidad de los servicios médicos en la isla.
Actualmente, Puerto Rico recibe un financiamiento federal limitado que obliga al gobierno local a racionar servicios o recurrir a asignaciones extraordinarias del Congreso. La equiparación permitiría una planificación a largo plazo, reduciría el éxodo de profesionales de la salud y mejoraría el acceso a medicamentos y servicios especializados para poblaciones vulnerables.
El “Big Beautiful Bill” tiene el potencial de sentar precedentes en la relación entre Puerto Rico y el gobierno federal de gran beneficio para los puertorriqueños. Pero ese potencial solo se materializará si se garantiza paridad total en el acceso a los programas, se reconocen las realidades estructurales y económicas únicas del territorio y se otorga la flexibilidad administrativa necesaria para implementar estos cambios con eficacia.
De lo contrario, podríamos estar ante otra promesa grandilocuente que excluye —una vez más— a los 3.2 millones de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico.