Las medidas de austeridad económica que han sido impuestas a las personas que residimos en Puerto Rico han tenido su máxima expresión en el sistema de educación pública. Las consecuencias educativas y de salud mental para nuestros estudiantes han sido muy negativas. Esto no es sorpresa para la Junta de Control Fiscal ni para los gobiernos que hemos tenido desde la imposición de este organismo ya que hay amplia evidencia internacional que este sería el resultado. En el Reino Unido, después del colapso de la banca en el 2008, se implementaron medidas de austeridad. El resultado de estas medidas en el salón de clases fue un incremento en inseguridad alimenticia, pobre acceso a materiales escolares (ej. libros) y una reducción en aprovechamiento académico. Grecia tuvo consecuencias similares. La austeridad griega provocó mayor desigualdad, pobre innovación educativa e infraestructura en planteles escolares y bajo aprovechamiento académico. En este caso, también se observó un aumento en jóvenes fuera del sistema de educación, lo cual no debe sorprendernos, ya que hay evidencia de que en áreas de mayor desigualdad hay mayor deserción escolar.
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La austeridad en Puerto Rico ha sido salvaje y se encuentra entrando en una segunda ola. Un estudio realizado por la organización El Puente para el Cambio Climático informó que entre los años 2011 al 2021 el Departamento de Educación cerró 649 escuelas, que la mayoría fueron cerradas en los años 2017 y 2018 y que el 66.8% de esos planteles están en la zona rural. La mayoría de las escuelas cerradas (76.8%) son elementales, seguidas por las escuelas intermedias (10.0%). Los cierres de escuela en Puerto Rico, afectan el acceso a la educación pública, particularmente para estudiantes de zonas rurales. La transportación escolar y pública deficiente en el país afectan el acceso consistente en un archipiélago dónde casi el 18% de las personas que viven en pobreza no tienen auto propio (según Estudio de Pobreza Infantil y Desigualdad Social en Puerto Rico de la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y Desigualdad Social en Puerro Rico). Además, La Liga de Ciudades alertó que la eliminación del fondo de equiparación también puede profundizar el impacto de la austeridad en los municipios rurales, al afectar los servicios esenciales que ofrecen a niños y familias.
Lo peor de todo es que la justificación para los cierres de las escuelas ha sido económica y demográfica, sin un plan educativo o un análisis evidente del efecto en el aprovechamiento académico, la consolidación de destrezas como la lectura y la atención a las necesidades socioemocionales de los estudiantes (misión principal del Departamento de Educación).
La Junta de Control Fiscal debe asumir gran responsabilidad (aunque no exclusiva) de estas decisiones. La JCF ha claudicado ilegalmente a su mandato de generar un plan de desarrollo económico. Si este plan existiese, la educación pública a todos los niveles debería ser motor de desarrollo social y económico sostenible. La inversión en la educación tiene un retorno económico significativo y es algo que este organismo y el Departamento de Educación no han considerado. El retorno económico está asociado a una empleomanía más diestra y diversa, tasas menores de problemas de salud mental (ej. la depresión es el problema de salud mental más costosos) y reducción de violencia de todo tipo. En particular, la inversión en la educación temprana y en la universidad del Estado deben ser centrales al bienestar de las personas. La educación debe abrir el abanico de posibilidades laborales y no reducirlas a ciertos empleos que favorecen solo al turismo y al servicio de personas adineradas y de ciertas industrias. Las acciones han sido contrarias a esto. ¿Entonces cual es la hoja de ruta?
En Puerto Rico, más de la mitad de la niñez nace en pobreza. Esto quiere decir que desde antes de nacer ya tienen grandes retos que sobrellevar para tener vidas plenas y dignas, sin mencionar tener la posibilidad de salir de la pobreza. Es por esto que la austeridad debe ser excluida de la educación pública; la misma no es solo formativa sino remediativa de las graves consecuencias de la precariedad económica. Con urgencia debemos generar alternativas para fortalecer la educación en medio de los recortes federales y la amenaza de reducciones millonarias adicionales. Estas alternativas deben darse desde un proceso genuinamente participativo, sin influencias partidistas, con un compromiso con la NO privatización del sistema y con la apertura a una transformación ideológica para generar una educación que sea base para reducir o deshacernos de la dependencia. De no hacer esto, el ciclo de pobreza será interminable.