Durante la sesión del pasado lunes, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 269 para otorgar “concesiones” en La Parguera, Lajas, a un conjunto de propiedades que están ilegalmente ubicadas, pues está en una zona de dominio público. Esto sería durante 20 años, manteniendo la posibilidad de una renovación automática. Recordarán este proyecto como parte de “la intervención divina” que buscaba legalizar las residencias ilegales en La Parguera vinculadas a los suegros de la gobernadora. Este proyecto, que ha sido redactado, radicado y aprobado por la vía rápida, tenía una clara intención de proteger a familiares de la gobernadora de una querella que le imputaba violaciones ambientales en su residencia en La Parguera.
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Se trata además de un golpe directo a la política pública ambiental del país. Es sumamente indignante que, mientras los recursos naturales del país continúan amenazados y el pueblo lucha por protegerlos, una de las primeras medidas radicadas por el Partido Nuevo Progresista (PNP) haya sido para legitimar construcciones ilegales en una de las reservas naturales más importantes del archipiélago. Desde 1995, se reconoce el impacto ambiental negativo de estas estructuras en la vida marina, los manglares y el sistema costero. Sin embargo, ni el PNP, ni el Partido Popular Democrático, han tenido la voluntad de hacer lo correcto y actuar para encaminar política pública para la preservación y protección del medioambiente. Ni siquiera han utilizado los mecanismos ni los reglamentos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para corregir la situación. Han sucumbido a presiones económicas, políticas e intereses particulares.
Con este proyecto, se ha creado otro impacto negativo y muy peligroso en la política pública: el establecimiento de un precedente de intervención de la Asamblea Legislativa para proteger ilegalidades y beneficiar directamente a allegados de personas en el poder.
Es un mal momento para la planificación urbana, para el medio ambiente, los recursos naturales, la política pública y los empleados de Recursos Naturales que se esfuerzan protegiendo nuestro patrimonio natural. El pasado lunes, quedó claro quiénes están a favor de perpetuar la ilegalidad de una de las reservas ambientales de Puerto Rico. Seguiremos fiscalizando y denunciando esta barbaridad porque el patrimonio natural no se vende. La zona marítimo terrestre de La Parguera debe ser protegida, no entregada a intereses personales del PNP.