“Puerto Rico queda fuera del plan estadounidense para atraer a fabricantes de ‘chips’” lee un titular. Lo sorprendente hubiese sido que la Isla fuese incluida en el plan del gobierno federal para desarrollar una industria de semiconductores en La Cuenca del Caribe. Desde la derogación de la sección 936 del Código de Rentas Internas (CRI) federal y la admisión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, se “fueron” de Puerto Rico un número significativo de plantas de manufactura de empresas de alta tecnología.
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Precisamente en 2001, Intel trasladó sus operaciones de Puerto Rico a Costa Rica. Tan importante fue el traslado para la empresa y para el gobierno de Costa Rica, que éste se usó como caso de estudio sobre el comportamiento de las empresas en el Programa de Alta Gerencia INCAE Business School cuando participé de ese programa en 2006. Las razones para el traslado: el fin de las ventajas contributivas federales, altos costos de producción, tensión en las relaciones laborales, pobre clima de negocios en la Isla y acceso al mercado norteamericano comparable al de Puerto Rico bajo las nuevas normas de la OMC.
La derogación de la sección 936 tuvo como consecuencia la marginación de Puerto Rico de las cadenas de valor global en la manufactura (ver https://www.youtube.com/watch?v=cK4xJ4TVCvI&t=7s). Se quedaron algunas industrias pero la mayoría se reubicó en Asia y la Cuenca del Caribe. En este siglo ninguno de los gobiernos del PPD y el PNP ha planteado una estrategia integral para el reposicionamiento de Puerto Rico en la economía global. El PPD aún hoy insiste en resucitar la sección 936. El PNP, tratando de utilizar el colapso de la “economía 936″ para adelantar la estadidad promovió el desarrollo de Puerto Rico como un paraíso fiscal para la plutocracia global aprobando en 2012 las leyes 20, 22 y 273 (Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional) y permitiendo el deterioro de la infraestructura industrial.
La recesión criolla detonada por el cierre del gobierno en 2006, la aprobación del IVU ese mismo año y la Ley 7 de 2009 (Ley de Emergencia Fiscal) fueron la antesala de la quiebra del gobierno en 2015. Para completar el cuadro del colapso de la economía de manufactura en Puerto Rico se aprobó la Ley 4 de enero de 2017 (la reforma laboral). El cierre de plantas manufactureras “936″, la recesión de 2006 y la Ley 7 de 2009 causaron una ola migratoria que implicó la pérdida significativa de mano de obra diestra. La reforma laboral y el huracán María en 2017, así como la pandemia y los terremotos en 2020 acelerarían y harían irreversible la pérdida de mano de obra diestra y de infraestructura necesarias para una economía industrial competitiva a nivel global.
El secretario de desarrollo económico dice que le “cuesta mucho trabajo digerir que Puerto Rico, siendo territorio de los Estados Unidos y ciudadanos americanos, no hayamos tenido la misma consideración que ha tenido la Secretaria de Comercio de Estados Unidos con Costa Rica y con República Dominicana”. No entiende el secretario Cidre que, además de la pérdida del capital humano de calidad mundial, el deterioro de la infraestructura industrial y el fracaso de la reconstrucción por la corrupción y la mala gobernanza, Costa Rica y República Dominicana se han levantado con economías pujantes. Costa Rica por ejemplo produce toda su energía de fuentes renovables, mientras que en Puerto Rico LUMA no puede ni con la poda de árboles y no avanza en la reconstrucción de la red eléctrica, mientras Genera PR promueve el gas como eje de la reestructuración energética.
En el libro “Por qué fracasan los países”, Daron Acemoglu y James A. Robinson argumentan que las economías fracasadas se caracterizan por gobiernos con instituciones débiles, de carácter extractivistas (rentistas) y corruptas que sirven a las élites gobernantes. Estas élites concentran el poder político y se sirven de las instituciones, más que servir a sus pueblos. Utilizan los ingresos del gobierno (impuestos y transferencias federales) para enriquecerse a expensas de las necesidades del pueblo trabajador y pobre.
En 1973, se publicó en español el libro “Lumpenburguesía: lumpendesarrollo. Dependencia, clase y política en Latinoamérica”, del economista y sociólogo alemán André Gunder Frank. En éste discutía cómo la dependencia económica de América Latina de Europa y Estados Unidos producía una clase empresarial parasitaria, lumpenburgesía, y un tipo de desarrollo dependiente que llamó lumpendesarrollo, o desarrollo miserable (lumpen en alemán quiere decir harapos). Esto es, la burguesía harapienta producía un desarrollo miserable o harapiento. Hoy confirmamos las aseveraciones de Acemoglu, Robinson y Gunder Frank: la kakistocracia puertorriqueña ha producido un lumpendesarrollo. Por eso las propuestas del PNP se reducen a pedir más fondos federales, mientras que el PPD pide más fondos federales y una reedición de la sección 936. La versión boricua de la lumpenburguesía, la kakistocracia PNPPD, también produce el lumpendesarrollo.