El lunes presenciamos otro de esos misterios del sistema que permiten que los ciudadanos puedan ser puestos en riesgo. Hablo del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, una mujer de 56 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado sobre el pavimento en la carretera frente al balneario “Los tubos de Manatí” el domingo. Y hablo de las circunstancias que rodean el caso y que permitieron que tuviera lugar.
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Horas antes de haber sido encontrada muerta, la mujer había asistido a una fiesta de cumpleaños en un negocio en la marginal de la carretera #2 en Vega Baja. En ese negocio trabajaba el hombre que ha sido señalado por la policía como su asesino y que ha sido identificado como Hermes Ávila Vázquez. Según la teoría de la Policía, el hombre -que según los vecinos ofrecía servicios de seguridad en el local que fue visitado por la mujer- habría interceptado a la Meléndez Vega y le habría degollado. Aunque la policía había catalogado la muerte como un feminicidio íntimo, sus familiares lo descartaron puesto que alegan que la mujer y el hombre no sostenían ni habían sostenido una relación sentimental.
Pero el caso del hombre detrás de este feminicidio sorprende aún más cuando se descubren los elementos que nos hacen conocer que el individuo ya había sido procesado por otro asesinato. En 2005, según pude confirmar con una historia de la amiga Elsa Elena Agosto presentada en ese año en Noticentro el mismo individuo había asesinado a Celia López García, una madre de 28 años con la que tampoco había sostenido una relación y a quien habría interceptado cuando esta acudía a comprar un bizcocho para celebrar el cumpleaños de su esposo en Caguas.
En ese mismo año el hombre había sido sentenciado a 112 años de cárcel. Pero, tras invocar las leyes 27 y 25 enmendadas en 2014, el hombre fue liberado sin extinguir su pena. Las leyes en cuestión permiten que confinados con enfermedades terminales o con problemas de movilidad puedan ser liberados antes de extinguir sus penas. Pero, ¿qué problemas de movilidad o enfermedades terminales tiene el individuo que ahora, en libertad, ha matado a otra mujer? Por lo visto, ninguna. Aunque en las fotos del registro de ofensores sexuales, Ávila Vázquez aparece en silla de ruedas y a pesar que la información oficial del Departamento de Corrección apunta a que el hombre tenía varias “condiciones” que “no le permitían desplazarse”, los vecinos del negocio donde trabajaba nos decían el lunes que siempre le han visto caminar sin dificultad. Igualmente, fue visto caminando esposado tras haber sido arrestado por las autoridades.
Entonces, ¿es tan fácil tomarle el pelo al Estado? ¿Cómo es que ese hombre fue liberado y quién certificó que cumplía con los requisitos de las leyes invocadas? Peor que todo ello es el hecho de que resulta increíble que un hombre con ese expediente criminal y sin condiciones médicas aparentes fuera liberado con tal facilidad. Además del presunto asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega y la convicción por la mujer de 28 años que asesinó en 2005, el individuo había sido señalado hace 20 años como un potencial asesinado en serie responsable de múltiples muertes en las zonas Sur y Sureste. Además, de una mirada al registro de ofensores sexuales destaca que ha sido imputado por al menos cinco delitos adicionales que incluyen secuestro agravado a una menor de 18 años, en hechos ocurridos en 2005, violación por la fuerza, tentativa de violación por la fuerza, tentativa de sodomía y restricción de libertad agravada.
La liberación de este hombre nos obliga a cuestionarnos cuántos más, como él, han sido liberados por el Estado y, como consecuencia, cuántos más, como él, podrían estar poniendo en riesgo la vida de otros ciudadanos. Alguien tendría que ofrecer respuestas, ¿no le parece? Lo peor del caso es que con toda probabilidad, nadie lo hará.